El brutal triple homicidio de tres militantes comunistas por miembros de Carabineros es relatado con prolijidad de detalles e información que hasta ahora no se conocía por gran parte de la opinión pública.
El
denominado "Caso degollados" consistió en el secuestro, asesinato y
degollamiento de los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende,
pintor y partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile
(AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la
AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la
Vicaría de la Solidaridad, en marzo de 1985 por agentes de la Dirección
de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).De hecho, cuando el programa "Imágenes prohibidas" de Chilevisión dio a conocer el caso con entrevista de los hijos de las víctimas fue uno de los temas más comentados en las redes sociales.
Ahora, los conocidosd abogados por su defensa de los derechos humanos, Nelson Caucoto y Héctor Salazar, plasmaron en el libro titulado "La noche de los corvos", toda la investigación sobre el caso y las interrogantes que han existido sobre la muerte de los tres profesionales, todos militantes del Partido Comunista.
En conversación con Cambio21, Héctor Salazar relató en primera instancia el porqué eligieron este caso en particular y no otro de los que llevan en la justicia.
Ante ello, el profesional asegura que "este caso muestra de una manera muy clara lo que fue el comportamiento brutal de Carabineros en un crimen de mucho impacto en la opinión publica, y como la institución todavía mantiene absoluto silencio sobre lo que pasó. El caso no debiera cerrarse mientras no asuman (Carabineros) su responsabilidad institucional. Así como la Corte Suprema asumió su responsabilidad en derechos humanos".
Ustedes revelen un hecho casi desconocido para la opinión pública, como que la esposa del juez Juan Manuel Muñoz era oficial de Carabineros ¿qué consecuencias trajo eso?
No se que consecuencias contrajo al interior de la institución policial, pero si es revelante y por su puesto que trajo consecuencias en la ciudadanía el que no asumieran lo que se hizo.
¿A qué atribuye la actitud de autoridades de la época quienes negaron todo? Entre ellos Rodolfo Stange y Fernando Matthei
Todavía hay muchos que no hablan y no asumen lo que pasó, otros lo hicieron cuando llegó la democracia. Se habla de los cómplices pasivos, pero hay muchos que son los cómplices activos y no los nombran.
Demolieron el baño y el local donde estuvieron los degollados, eso más la escalera que convirtieron en terraplén, además pintaron el auto que usaron en el crimen. ¿Qué opinión le merecen esos actos?
Todo lo que hicieron fue para impedir resolver el caso y que la justicia no pudiera hacer nada. Así no se podía identificar a las victimas. Esto fue una actitud criminal, que no tuvo límite de ninguna especie para alcanzar su objetivo.
Ustedes plantean que cómo es posible que un civil como Miguel Estay Reino, el Fanta, llega a mandar a un grupo de Carabineros, ¿Cómo se explica eso?
Bajo el nivel histórico, policial y de profesionalismo, viene una persona de afuera con un grado mínimo de preparación en inteligencia. Venia a cubrir los crímenes que se cometían.
El actual presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica jugó un papel importante en el caso ¿Cómo evalúa su desempeño hoy en día?
Precisamente el haber llevado este caso como ministro investigador, y haber sacado un fallo condenatorio fue lo que le impidió a Milton Juica asumir el cargo la primera vez que se lo iban a dar. No se olvide que en esa oportunidad la derecha no le dio los votos necesarios para su designación.
El 'caso degollados'
Nattino fue abordado el 28 de marzo de 1985, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados al día siguiente desde las puertas del Colegio Latinoamericano, en la avenida Los Leones.
El 30 de marzo, camino a Quilicura, frente al fundo El Retiro, y cerca del aeropuerto Pudahuel, los cuerpos de los profesionales fueron encontrados degollados y con signos de tortura.
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.
Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.
En su informe especial de 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que con esto esperaba que «el caso ahora en curso conduzca a la identificación y el castigo de las personas responsables de la ejecución de un acto tan culpable.
Finalmente, seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato
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