A 41 años del golpe cívico militar y en memoria de las
víctimas de la dictadura, la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD), en conjunto con todas sus sedes regionales, plantearon
este lunes una propuesta de Derechos Humanos, tendiente al término de la
impunidad, y a que en definitiva se establezca la verdad y se aplique justicia
a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Chile.
Acompañada por parlamentarios, alcaldes, dirigentes de derecos humanos y sociales,
trabajadores, artistas, entre otros, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro
Sierra, dio cuenta del inicio de la campaña denominada “ Verdad y Justicia:
Ahora!”, tendiente a dar sustento a la iniciativa que considera el trabajo
conjunto con actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial.
“Nuestro sustento se basa en que a más de 40 años del
golpe de Estado de 1973, los resultados de nuestras demandas han sido parciales
por múltiples razones. Creemos que no se puede dilatar en el tiempo medidas que
sean efectivas para el ‘Nunca Más’, avanzar en la adecuación de la legislación
acorde con el Derecho Humanitario Internacional, en educación, en la
eliminación de privilegios a los criminales, en políticas públicas de memoria,
son entre otras, posibles de llevar a cabo en momentos históricos como el que
vivimos, con una ciudadanía demandante y empoderada capaz de obtener los
cambios y avances que solicitamos”, declaró la presidenta de la AFDD, Lorena
Pizarro.
La dirigente explicó en la sede de la AFDD hoy el país
vive una realidad distinta, por lo que “existiendo voluntad política de
sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado la
herida abierta. El tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se
impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de
lesa humanidad por muerte de los perpetradores”.
Por ello detalló que la propuesta es un avance
sustantivo y podrá ser realidad de contar con la voluntad y responsabilidad
histórica de las autoridades. Explicó que se requiere reactivar proyectos de
ley o bien reformular propuestas legales que consideren:
1.- Declarar la nulidad de Derecho Público del Decreto
Ley Nº 2191 (Ley de Amnistía) de 1978;
2.- Aprobar el proyecto de ley que interpreta los
Artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios
carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas de
violaciones de derechos humanos;
3.- Enviar un proyecto de ley que tipifique la
“Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad;
4.- Apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley
interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos;
5.- Que Chile ratifique la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el
año 1968 en Naciones Unidas;
6.- Que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ponga
fin a su accionar contrario al derecho que le asiste a las víctimas y sus
familiares a ser reparados por el Estado;
7.- Uno de los mandatos del Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior (Artículo 6° de la Ley 19.123), es el de
coadyuvar a la ubicación de los detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de
los hechos de las víctimas de ejecución política, a ello debe agregarse la
facultad de querellarse en los casos de víctimas de tortura, para tales efectos
es necesario el envío de un proyecto de ley que los faculte para lo cual es
necesario ampliar su personal e infraestructura;
8.- Ampliar las facultades del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de
violaciones a los Derechos Humanos;
9.- Que los procesos radicados en los tribunales de
justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas;
10.- Envío de un proyecto de ley que elimine el
secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los
torturadores que se mencionan en el Informe emanada de la Comisión de Prisión
Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el
ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar.
11.- Que definitivamente la justicia militar restrinja
su competencia a materias propias de sus instituciones y que dejen de tener
cualquier facultad relacionada con procesos por violaciones a los derechos
humanos.
12.- Reapertura y se mantenga de manera permanente la
recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos
humanos;
13.- El reforzamiento de las políticas de recuperación
de la memoria histórica, en sus diversas formas y ámbitos. Especial
preocupación reviste la situación de impunidad y ocultamiento de información
que aún mantiene la ex Colonia Dignidad, se deben tomar medidas que terminen
con el manto de protección a este enclave;
14.- Que en el plano educacional, la asignatura de
derechos humanos sea incorporada a la malla curricular, en los distintos
niveles de educación formal;
15.- Proscribir los beneficios para todos los
funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que sean acusados y condenados
como violadores de los Derechos Humanos;
16.- Terminar con las cárceles especiales para los
violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta
Peuco.
17.- Reestructuración de la Brigada de Derechos
Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), reincorporando al mando de ella
a funcionarios de probada trayectoria e idoneidad para instruir indagatorias de
este tipo;
18.- Elaborar un proyecto de ley para la Subsecretaría
de Derechos Humanos, con la participación activa, propositiva y resolutiva de
las organizaciones sociales involucradas.
La dirigente de la AFDD sostuvo que la propuesta se
gesta ante la perspectiva de que las violaciones a los derechos humanos
cometidas bajo la dictadura militar “son un tema que aún atraviesa a toda la
sociedad chilena”.
“Nuestro país conoció las políticas de terrorismo de
Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos poblacionales masivos,
ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más
brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a
nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a
los derechos de una persona”.
Pizarro hizo presente que estas iniciativas sólo
apuntan a trabajar por el reencuentro de todos los chilenos, y más allá de ser
un tema recurrente para fechas emblemáticas, y busca que hechos criminales como
los acontecidos durante 17 años no vuelvan a ocurrir, pero para eso “debe haber
justicia, debe establecerse la verdad y castigar a los criminales; el Estado
chileno debe dar una solución, pues desde el retorno a la democracia sólo ha
existido o primado una política de buena voluntad, sin que realmente se subsane
el que a 41 años de los crímenes aún no podamos saber el paradero de nuestros
seres queridos; es un drama, pero es una realidad que persiste en el
país y de allí que sigamos demandando encontrar a los detenidos
desaparecidos”.
Recordó que en esta propuesta está suscrita además por
la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos
de Iquique y Pisagua; Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos
Desaparecidos de Antofagasta; Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparacidos y Ejecutados Políticos de Paine; Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de La Serena; Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca; Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Linares; Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral; Agrupación de Familiares De
Detenidos Desaparecidos de Chillan; Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Los Ángeles; Agrupación De Familiares
De Detenidos Desaparecidos de Concepción; Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia; Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía; y la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
Osorno.
Acompañaron la Conferencia de Prensa :
Alicia Lira Presidenta
AFEP
Juan Rene Maureira Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine
Maria José Perez Coordinadora Londres 38
Diputado Hugo Gutierrez,
Diputado Tucapel Jimenez,
Diputado Roberto
Poblete
Diputado Sergio Ojeda.
Claudina Nuñez Alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda
Juan Carrasco Alcalde de Quilicura.
Raúl de la Puente Presidente ANEF
Andrea Gutierrez Presidenta SIDARTE
Roberto Marquez Illapu
Daniel Cantillana Inti Illimani
Marcelo Coulon Inti Illimani
Manuel García Cantante
CONSULTAS PARA ENTREVISTAS CONTACTARSE CON :
Lorena Pizarro Sierra, 56977645850
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