Neltume, no hay punto final para la memoria

 OPAZO

Aludiendo al informe Rettig, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), junto con otros militantes de esa organización, han cuestionado la declaratoria de monumento histórico a distintas dependencias del ex Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap). Específicamente, al antiguo retén de Carabineros y el campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Para la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi esta ofensiva de la UDI en contra de estos sitios de memoria es una nueva expresión de negacionismo y falta de respeto al derecho a la reparación simbólica que asiste a las víctimas del terrorismo de Estado, como lo recomienda el documento mencionado por Van Rysselberghe.

El informe elaborado por la Comisión Rettig consigna, por ejemplo, que José Gregorio Liendo, líder máximo del Complejo y más de una decena de dirigentes apresados tras un intento de asalto al retén, el 12 de septiembre de 1973, fueron fusilados luego de Consejos de Guerra irregulares, de los cuales la Comisión no pudo tener acceso a ningún documento escrito, concluyendo que fueron víctimas de violación de derechos humanos por agentes del Estado.

También asiste el derecho a la reparación simbólica a los integrantes del destacamento guerrillero del MIR, por cuyas muertes y asesinatos se abrió un proceso judicial que se tradujo en el desafuero, enjuiciamiento y cárcel para el ex diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, jefe del operativo de cacería a los insurgentes.

Corresponde también hacer ver, a aquellos que cuestionan esta declaratoria, y la instalan como un homenaje al MIR, que en su definición de Monumento Histórico, el Consejo de Monumentos Nacionales, entidad estatal responsable de esta labor, se indica que “son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, construcciones y objetos -entre otros- de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”.

Asimismo, aquellos que cuestionan, se olvidan de mencionar que entre los atributos determinados para la declaración se establece que el Cofomap “fue la mayor empresa estatal del forestal en la historia del país, con una superficie aproximada de 350 mil hectáreas de bosque nativo, cerca de 2.800 trabajadores forestales y una población residente de 10.000 personas”.

A las comunidades, como la de Panguipulli, a los familiares y camaradas de los fusilados, de los campesinos desaparecidos, de los guerrilleros ejecutados, asiste el derecho a la memoria, el derecho a visibilizar una historia heroica, pero también trágica y dolorosa. Será la sociedad chilena la que juzgue y extraiga las lecciones de estas experiencias. Pretender revertir la declaratoria de monumento histórico, es negar ese derecho a todo un país.

Así lo refrenda la publicación del decreto en el diario oficial, con fecha 6 de julio pasado, donde señala a propósito del Retén de Carabineros de Neltume, que su “preservación en el tiempo es una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y a la generación de garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la Cultura y el Patrimonio”.

Algo muy similar plantea en relación al Destacamento Toqui Lautaro y los hechos allí ocurridos, donde se señala que su reconocimiento permitirá “generar una lectura crítica de los mismos, en la búsqueda permanente del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que aseguren la resolución pacífica de los conflictos políticos”.

Por eso y más, sería lamentable que la UDI lograra revertir la declaratoria de monumento histórico para los restos del campamento guerrillero y demás hitos del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Pero tenemos la certeza que no será el punto final para la memoria. No se puede suprimir la historia, borrando sus innegables evidencias.

Álvaro Ahumada San Martín
Presidente
Directorio Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi