En una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE) representaron su “preocupación y desazón” por el nombramiento del ex senador, exministro de Defensa, Alberto Espina (RN) como consejero del organismo.

En la misiva enviada al mandatario, la Asociación Nacional de Abogados del CDE y la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE, manifestó que la designación de Espina se hace “desconociendo la carrera funcionaria pero, sobre todo, desatendiendo criterios técnicos en la provisión del cargo”.

El cargo es inamovible y dura hasta los 75 años y con una remuneración cercana a los siete millones de pesos mensuales.

“Durante los últimos años, hemos visto cómo se ha cuestionado públicamente la designación de funcionarios de alto rango de este Servicio, que tienen a su cargo la importante misión de defender de los intereses del Estado/Fisco -principalmente ante los tribunales de justicia- por sobre los intereses de la administración que los escoja”, agrega la carta..

Enseguida los funcionarios del CDE manifiestan que “esta nueva designación deja en entredicho la consideración de razones técnicas para la elección de los miembros del Consejo y da pie a acrecentar las críticas respecto de la conformación de este organismo. Es por ello, que tenemos el deber de manifestar nuestra opinión. Sin desconocer la actual facultad legal del Presidente de la República para nombrar a los abogados consejeros, estimamos que aquella debe ser ejercida respetando aspectos esenciales, los que hemos reivindicado reiteradamente”.

En otro párrafo de la carta enviada a Piñera, los funcionarios y abogados del organismo estatal puntualizan que “el Consejo de Defensa del Estado es un servicio netamente técnico. En esta línea los abogados consejeros, atendida sus tareas y perfil de cargo, deben estar capacitados para asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el Estado y Fisco de Chile. La Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, exige que los Abogados Consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos”.

Añaden que “dicha experiencia profesional no puede ser otra que la de abogado/a litigante o destacado académico/a, siendo estas competencias indispensables para ostentar el cargo, a fin de asumir ya sea las funciones de litigio o de asesoría técnica de manera seria, competente y desprovista de consideraciones ajenas a lo jurídico, en las modalidades establecidas en la propia Ley Orgánica del CDE. El Consejo de Defensa del Estado está actualmente conformado por un grupo de abogados y abogadas con una vasta experiencia profesional, litigantes reconocidos en el foro y una vida entregada al Servicio, que cumplen cabalmente los requisitos legales y competencias probadas para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de abogado consejero”.

Seguidamente, en otra parte del documento manifiestan que “aun así, si bien es dable que, el ejercicio de la facultad entregada al Presidente de la República, importe la selección de un profesional que responda a ese perfil y que no sea miembro actual de la institución, nos parece a lo menos cuestionable que tal nombramiento recaiga en quien fuera recientemente miembro de su equipo político; ello fomenta las aprensiones y reparos de la ciudadanía en orden a que las designaciones se orientan hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos, que es la que esta Institución exige y merece. Lo anterior denota que este nuevo nombramiento se muestra inequívocamente como un gesto destinado a sepultar la “promesa meritocrática” de la que tanto se habla y con la que -como es habitual- en tiempos de campaña se busca conquistar la ilusión y esperanza de los electores”.

Luego expresan que "resulta una gran paradoja que haya sido el propio Presidente en ejercicio quien, en mayo del presente año, haya ingresado al Honorable Congreso Nacional un proyecto de Ley (Mensaje Nº 062-368) destinado a “modernizar” el CDE, al haberse detectado deficiencias precisamente en el mecanismo de designación de los consejeros, señalando que era indispensable “asegurar la experticia técnica y el rigor profesional del abogado consejero, lo que salvaguarda la defensa judicial de los intereses del Estado”.

Finalmente, el personal del CDE precisa que “el propio mensaje del proyecto añade que: ‘Para la elección del abogado consejero, se debe valorar la experiencia y especialización profesional en el litigio nacional e internacional, la asesoría en asuntos extrajudiciales y en la academia, el prestigio entre sus pares y su compromiso con la profesión; de manera que los mejores talentos puedan contribuir al desarrollo de la institución’. Nada de ello se visualiza en la reciente designación. En suma, los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado vemos con preocupación la politización de la nuestra institución, el desconocimiento del mérito de los profesionales que la conforman y el desdoro del Servicio en el ejercicio de sus funciones y de cara a la ciudadanía”.