Por: Daniel Núñez Arancibia | Publicado: 16.11.2020
Programa Reparación Ocular | Foto: Agencia UnoIngresé una indicación en la discusión del Presupuesto para el año 2021 que reduce a 1 peso los 1.810 millones de pesos que dispone el Presidente Sebastián Piñera para uso de Gastos Reservados. La idea es financiar con esos recursos una pensión de subsistencia equivalente a un ingreso mínimo mensual a toda persona que haya sido acreditada como víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Desde la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera ha violado los derechos humanos para intentar detener el descontento social de la ciudadanía. Los y las jóvenes de la primera línea han sido el principal blanco de las fuerzas represoras para intentar sofocar la rebeldía contra el sistema neoliberal, la fuente de todos los males.
El accionar de Fuerzas Especiales de Carabineros y del Ejército ha provocado la muerte de más de 30 personas y han lesionado gravemente a casi mil manifestantes. La violencia de parte de los agentes del Estado se ha traducido en traumas oculares, heridos a bala, apremios ilegítimos y torturados. Así lo han consignado diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Fabiola Campillay y Gustavo Gatica quedaron ciegos por el disparo directo de lacrimógenas y balines, respectivamente. Ambos casos representan el completo descontrol y brutalidad policial de Carabineros.
En la región de Coquimbo, distrito que represento, conocí directamente la desproporcionalidad en el uso de la fuerza de parte de una patrulla militar que el 20 de octubre de 2019 disparó a diestra y siniestra en contra de manifestantes y no manifestantes en las afueras del Mall Plaza de La Serena. La lluvia de balas provocó la muerte del joven Romario Veloz y dejó heridos de gravedad al trabajador Rolando Robledo y a César Veliz. En la comuna de Coquimbo también asesinaron a Kevin Gómez.
Tras las heridas a bala que recibió Rolando Robledo -estuvo un mes y medio hospitalizado en coma- quedó con parálisis parcial, lo que limita severamente su capacidad para desplazarse. Por lo tanto, está incapacitado para trabajar. Ya no puede mantenerse a sí mismo ni a su familia. Solo recibe ayuda de sus parientes. Cero del Estado.
Creo que el caso de Rolando simboliza la dura realidad que enfrentan todas aquellas personas que han sido heridas por los agentes del Estado. Ya no pueden desenvolverse de manera normal y por lo mismo no produce ingresos económicos.
Para intentar contribuir a la solución de este grave menoscabo laboral, ingresé una indicación en la discusión del Presupuesto para el año 2021 que reduce a 1 peso los 1.810 millones de pesos que dispone el Presidente Sebastián Piñera para uso de Gastos Reservados. La idea es financiar con esos recursos una pensión de subsistencia equivalente a un ingreso mínimo mensual a toda persona que haya sido acreditada como víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Según cifras del Gobierno, existirían 460 personas con daño ocular y 43 con lesiones graves. Estoy convencido que estos números se quedan cortos y que son muchos más los casos que hay que resolver con una pensión.
El Gobierno criminal de Piñera no sólo debe responder ante la justicia por los delitos cometidos, sino que también debe otorgar una pensión de subsistencia a las víctimas y familiares por la represión ejercida.
Daniel Núñez es diputado por el Distrito Nº 8.
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