Diversas organizaciones de pobladores, pobladoras, familiares y descendientes de trabajadores y trabajadoras desplazados forzosamente desde el territorio del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli por la dictadura cívico militar, realizaron un acción de denuncia y protesta hoy miércoles en Valdivia, demandando al Estado chileno justicia y reparación por este atentado a los derechos humanos, como lo es el desplazamiento forzado de poblaciones, que es considerado internacionalmente como un crimen de lesa humanidad.
El Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli representó una de las experiencias más avanzadas de Poder Popular que se desarrolló en nuestro país durante el gobierno de Salvador Allende. En el libro “Guerrilla en Neltume”, se expresa que con el surgimiento del Complejo: “llegó la mejoría en las condiciones de vida en general, y laborales en particular, de los trabajadores y habitantes de la zona. En el momento de máxima actividad, el Complejo llegó a tener 3.600 trabajadores laborando en 360.000 hectáreas de montañas, aserraderos y fábricas, desparramados por casi toda la cordillera de la provincia de Valdivia. Durante casi tres años, los trabajadores y habitantes de cuatro comunas se sienten dueños de su destino. Todos opinan, crean, construyen, deciden, estudian, reforestan, aprenden, crecen. De pronto el tener una ida mejor era algo que estaba al alcance de la mano, de sus propias manos, y todos se dieron con alegría y esperanzas a la tarea de construir sus propios futuros. Fue una transformación profunda, radical, hermosa, de las vidas de las gentes de las montañas¸ todos querían seguir mejorando sus condiciones laborales y de vida con esfuerzo y amor por esta nueva realidad, apenas soñada antes, pero que ahora nadie quería perder. Todos se dignifican y viven un gran sueño. Este sueño se ve cercano por la influencia que los revolucionarios empiezan a tener entre las gentes de las montañas. Hay participación en los destinos productivos del Complejo. Un Consejo de Administración con delegados obreros de todos los fundos y faenas, asambleas en donde los trabajadores deciden los caminos a seguir. El poder en manos de los trabajadores era una cosa mucho más sencilla y grandiosa que nadie quería perder. El mundo está a la vuelta de la loma”
Precisamente esto fue lo que motivó el brutal y sangriento accionar de las fuerzas militares luego del golpe del estado de 1973, descargando toda su furia contra los trabajadores y sus familias, los dirigentes sindicales, los militantes y los dirigentes políticos, que se tradujo en represión masiva e indiscriminada, encarcelamientos, torturas y decenas de asesinatos y desapariciones.
Pero la represión no solo se limitó a lo anteriormente señalado, sino que además expulsó a cientos de familias que habitaban el territorio, provocando un inhumano desplazamiento forzoso de la población.
En torno a este aspecto las y los familiares, así como los descendientes de dichas familias que sufrieron este desplazamiento forzoso, se han venido organizando para denunciar esta situación y exigir justicia y reparación por sus derechos arrebatados.
Hoy miércoles 16 de junio, en la Plaza de Armas de la ciudad de Valdivia realizaron una manifestación para denunciar estos hechos ante la opinión pública, leyendo la siguiente DECLARACIÓN:
Respecto a los crímenes de lesa humanidad en que incurrió el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar, anunciamos que comenzaremos un proceso de demandas contra el Estado por el crimen de desplazamiento forzado ocurrido en la precordillera de la región de Los Ríos, específicamente en la ex empresa estatal COFOMAP, y así como en otros territorios del país. Por ello las organizaciones firmantes indicamos a la opinión pública lo siguiente:
El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores/ras madereros/ras de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época.
Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadeno asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial. Cuestiones que están documentadas en diferentes documentos e informes.
En paralelo e invisibilizado por el Estado, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas y “tiradas” a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia transicional hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación.
Captura de pantalla
A casi 30 años de todas estas situaciones que aún repercuten en las diferentes generaciones que experimentamos el terror, nos organizamos y alzamos la voz porque creemos que estos crímenes de lesa humanidad no se pueden repetir en nuestro país. Exigimos se reconozca el daño que se nos causó y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto por nosotros/tras y otras víctimas de estas prácticas, como por las futuras generaciones.
Llamamos a difundir y replicar este documento en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales, para que se sepa en el mundo que el terrorismo de Estado en Chile sigue siendo un capítulo abierto en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Firman esta Declaración Pública las siguientes organizaciones: Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco; Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono;
Corporación Raíces Ancestrales de Enco; Corporación Raíces de Toledo y la Corporación Pirihueico.
Guillermo Correa Camiroaga, 16 junio 2021
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