Cuesta hacer entender que el 18 de septiembre de 1810 tiene muy poco que ver con la independencia de Chile: esta fecha sólo fue el resultado de la prisión de los reyes de España de manos de Napoleón Bonaparte, y el deseo de un sector de la oligarquía española de proteger el territorio de las colonias latinoamericanas para devolverlas al rey Fernando VII – el “Bien Amado” – quien, con el tiempo, se convirtió en un degenerado reaccionario.
Si alguien merecía ser llamado como gestor de la Junta de Gobierno fue el mendocino y penquista Juan Martínez de Rosa, quien se dedicó a mal aconsejar a los gobernadores, nombrados por el virrey del Perú. El 18 de septiembre no es más que el comienzo de una guerra civil entre bandos entre españoles, que se disputaban los cargos gubernamentales; por esta razón es muy ridículo y falta de conocimiento histórico el decir que se celebra el Centenario o el Bicentenario de la República de Chile, (así como las demás fechas establecidas para la conmemoración de la independencia de las demás repúblicas latinoamericanas, cuyas fechas son arbitrarias).
La democracia representativa, nacida en el siglo XVIII, producto de la pluma de escritores ilustrados y heredera, además, de las revoluciones norteamericanas y francesas, está pasando por una seria crisis de representación, lo cual exige visualizar una nueva forma de democracia en que predominen los elementos fundamentales de la democracia directa
La derecha, en la mayoría de los países de nuestro continente, cree que la democracia consiste en que los reaccionarios deben ganar siempre en las elecciones, sea por clientelismo, o bien, por la elección de un monarca-presidente, que introduce en el poder a una corte de sus adeptos. Con razón, la actual Convención Constituyente en Chile se negó a declarar a este país como una república, pues para que esto ocurra, debería aprobarse una nueva Constitución donde se eliminara el título de “rey-presidente”, es decir, el exacerbado presidencialismo, que sería reemplazado por un sistema político que garantice la división de poderes y que elimine, además, el inútil Senado, que sólo duplica las funciones legislativas y permite la mantención en el poder, por ocho años reelegibles, de la oligarquía reinante.
La democracia representativa, nacida en el siglo XVIII, producto de la pluma de escritores ilustrados y heredera, además, de las revoluciones norteamericanas y francesas, está pasando por una seria crisis de representación, lo cual exige visualizar una nueva forma de democracia en que predominen los elementos fundamentales de la democracia directa: la de los plebiscitos revocatorios de cargos de elección popular, la obligación de los elegidos de cumplir, (lo sostenía J.J. Rousseau), el mandato de los ciudadanos, y no lo dispuesto por las cúpulas oligárquicas y plutócratas. El poder ha sido entendido, por lo regular en la derecha, como la consagración a partir de las elecciones, del poder plutocrático del monarca-presidente.
Basta conocer un poco nuestra historia constitucional para comprobar que casi siempre – salvo en un corto período – que las reformas al sistema electoral durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende Gossens ampliaron el universo de votantes, permitiendo el sufragio de los analfabetos y de todos los ciudadanos mayores de 18 años.
El “padre de la patria”, en el caso chileno, don Bernardo O´Higgins, no era más que un militar autoritario, quien se vio obligado a dejar el poder debido a la presión de la aristocracia chilena, compuesta fundamentalmente por la familia de los 800 Larraín. Nuestra clase rectora, además de oligárquica y plutocrática, no puede soportar que los llamados “rotos” por ellos, le arrebaten el poder por la vía electoral, razón por la cual, ahora están indignados por haber perdido el tercio del voto de Convencionales, que les permitía controlar el articulado de la nueva Constitución. Como niños caprichosos y Convencionales en minoría, acostumbrados a hacer lo que quieren, ahora se han dedicado a burlarse de la Convención Constituyente, alegando, a veces por los errores cometidos por algunos pocos miembros de los representantes populares, (el caso de las mentiras de su supuesta enfermedad de cáncer por parte del Convencional Rojas Vade) y, en otros casos, la mala suerte del contagio del Covid-19, en algunos de ellos).
La única Constitución que incluyó en su articulado su propia reforma fue la de 1928, redactada por el genial gaditano, José Joaquín de Mora, uno de los hombres más inteligentes e irónicos del liberalismo del siglo XIX, (remito a los lectores al famoso poema “El uno y el Otro” en que se burla del Presidente José Tomás Ovalle y don Diego Portales: …“el uno cubiletea y el otro firma no más, el uno se llama Diego y el otro José Tomás…”), quien planteaba que la Convención de los pueblos y provincias debía ser reformada en año 1836. Los oligarcas, esta vez dirigidos por el jefe de los estanqueros, Diego Portales, no pudieron soportar una Constitución liberal, tuvieron el aporte monetario del comerciante Portales quien aspiraba sólo a la tranquilidad para hacer sus propios negocios, después de haber fracasado en el estanco del tabaco y juegos de azar. (Baste leer las cartas de Diego Portales dirigidas a su socio Cea, en que se burla de las leyes de la Constitución vigente, retratándola como a ´una niña que ha sido muchas veces violada´ y, en este sentido, aprovechando una elección de vicepresidente, cuestionada la elección por los conservadores, financió una guerra civil que, en la batalla de Lircay, por el triunfo de José Joaquín Prieto contra Ramón Freire y los liberales, instauró en Chile un régimen que duraba 5 años y con reelección inmediata, por consiguiente, el Presidente-rey se convertía en “el gran elector”, es decir, Prieto, Bulnes, Montt y Pérez, dominaban a sus sucesores, como también a los miembros del parlamento.
El llamar “república al período de los decenios” es, a todas luces, una falacia, cuyas ideas inspiradoras se centraron en los principios de la restauración monárquica post la derrota del imperio napoleónico, por consiguiente, la Constitución de 1833, redactada por el jurista Mariano Egaña, intenta volver al orden autoritario, incluso con el empleo del Estado de Sitio, renovado permanentemente. Esta Constitución, (al igual que la de 1980, impuesta por Pinochet), tenía un carácter pétreo, es decir, que para ser reformada requeriría la aprobación de 2/3 de los miembros del Congreso, y en dos legislaturas consecutivas.
El orden impuesto por los gobernantes de “los decenios” fue resistido por los liberales, primero, por la Sociedad de la Igualdad, liderada por Bilbao y Arcos y, luego por los Matta y los Gallo, en la “provincia independiente” de Atacama. El Periódico que pertenecía a los Matte y los Gallo se llamaba “El Constituyente”, y la moneda empleada en la provincia en esa provincia tenía impresos motivos que resaltaban su opción por la “república constituyente”.
Los liberales llegaron al poder y reformaron la Constitución de 1833, limitando el período presidencial a cinco años, sin reelección; los Presidentes liberales de la época, Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda, siguieron utilizando la idea del Presidente como la del “gran elector”, (famosa fue la idea de intervención de don Federico Errázuriz Zañartu en favor de Anibal Pinto, como su candidato, dejando fuera del apoyo presidencial al historiador Benjamín Vicuña Mackenna, quien inauguró las campañas mediante el recorrido del país, en el recién inaugurado ferrocarril.
En el período parlamentario, los Presidentes perdieron el poder, entregándolo al parlamento, representante de la oligarquía. La aristocracia, llamada “la tribu de Judá” por Vicuña Fuentes, esta vez se hizo dueña del poder, nominando los candidatos a “reyes holgazanes” que, ufanos, lucían la Banda presidencial.
El año 1925, el Presidente Arturo Alessandri, junto a los militares, impuso una Constitución fraudulenta, en que el Presidente recuperó su calidad de monarca.
Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
25/09/2021
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