En esos tiempos de “cambios”, de “asambleas constituyentes” y construcción de un “Chile nuevo”, el pasado se queda más cercano de lo que le gustaría admitir a muchos: la extradición de Raúl Escobar Poblete, alias “Emilio”, nos hace regresar a las venas abiertas de este país.
La Coordinadora Por La Libertad De Emilio – Chile denunció a la comunidad nacional e internacional ante la confirmación de la extradición de Raúl Escobar Poblete “Emilio”:
- Rechazamos categóricamente la forma que se adoptó para traer a Chile a Emilio, sin previa comunicación a sus abogados o familia.
- Denunciamos el intervencionismo descarado del gobierno, que con sus declaraciones ante la prensa y haciendo uso de sus vastos conocimientos en la materia, ha secuestrado y hecho desaparecer cualquier atisbo de imparcialidad, condenado anticipadamente a Emilio.
- Reivindicamos el carácter de Preso Político de nuestro compañero, quien fuera activo combatiente de la resistencia a la dictadura cívico militar y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuestión que lo hizo presa de una feroz cacería internacional por parte de la derecha y el estado chileno, al igual que a muchos otros compatriotas que hoy se encuentran en prisión o impedidos de retornar al país por existir juicios pendientes en su contra.
- Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales a exigir el respeto de las normas del debido proceso, ante la ofensiva revanchista del gobierno, quienes actúan por venganza y alejados de toda legalidad.
- Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a exigir la inmediata libertad de Emilio, quien como miembro de la resistencia, entregó su juventud y su libertad por la liberación de nuestro pueblo.
Extraditado desde México, donde fue condenado a 60 años de cárcel por secuestro, Raúl Escobar (“Emilio”) acaba de ser extraditado a Chile para enfrentar a la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Emilio no es el primero a ser extraditado a Chile para pagar por ese delito. Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como el Comandante Ramiro, antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está condenado actualmente a 30 años de cárcel en Chile, después de haber pasado ya 16 años encarcelado en Brasil. Su defensa pide rebaja de la pena y denuncia las violaciones de sus derechos humanos, sin embargo, el Estado chileno sigue ignorando las demandas, y lo considera “un delincuente común”.
Mauricio Hernández Norambuena está condenado actualmente en Chile a 15 años de cárcel en calidad de autor inductor del atentado en contra del Senador Jaime Guzmán Errázuriz y a 15 años en calidad de jefe y autor del delito de secuestro de Cristian Edwards del Río.
Los dos hechos ocurrieron durante el año 1991.
En 1994, Mauricio Hernández Norambuena había sido condenado por estos hechos. Él, junto a otros reclusos, se fugó de la prisión el 30 de diciembre de 1996.
Sucesivamente, el comandante Ramiro fue detenido en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y condenado, en 2002, por su responsabilidad en el secuestro de Washington Olivetto, publicista y millonario.
Ley Antiterrorista: un show democrático
Estas personas se encuentran actualmente encarcelados en Chile por penas que hacen referencias directas a la Ley Antiterrorista.
La Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, más conocida como Ley antiterrorista, es una ley chilena que tiene por objeto tipificar conductas o delitos terroristas y establecer penas más graves que los delitos comunes.
Fue aprobada por la Junta Militar de Gobierno y promulgada por el dictador Augusto Pinochet, el 16 de mayo de 1984. Ha sido objeto de reformas parciales en 1991, 2002, 2003, 2005, 2010, y 2011.
Desde 2010, establece que constituyen delitos terroristas los de homicidio, lesiones, secuestro, sustracción de menores, los de envío de cartas o encomiendas explosivas, los de incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento, siempre y cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.
Una actualización en término de derechos humanos sigue pendiente desde hace demasiado tiempo.
El hecho que esta ley no esté acorde con los derechos humanos, ha permitido que su utilización sea declarada repetitivamente como ilegal. Incluso, ha sido denunciada varias veces ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
La Nueva Constitución debería ser el punto de partida para la transformación del Chile actual. El equipo que trabaja a la Mesa de la Convención cuenta con etnias diferentes, colores y banderas que representan un Chile vario y solidario. En este equipo, un grupo designado por el gobierno, capaz de bloquear muchas, sino todas, entre las propuestas, para obstaculizar cualquiera de los cambios deseados por el pueblo que el 18 de octubre de 2019 dijo “no” a un Chile elitista, heredero de los Chicago Boys, lo cual quiere un Chile nuevo, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Y luego, sentada en esta misma Mesa, Marcela Cubillos y otros “convencionales”, lo cuales creen que es justo afirmar que decir que en Chile hay presos políticos sea un insulto: “en su mente, los desaparecidos, por ejemplo, hicieron parte de un viaje aéreo de placer por los alrededores de Santiago, y que en nuestra historia – aseguran – ninguna persona, incluidos los comunistas, jamás han estado en un calabozo y, además, que ningún partido político ha sido proscrito por pensar distinto a la ideología del capitalismo salvaje, aún reinante en nuestro país” (citando “El Viejo” Rafael Luis Gumucio Rivas).
¿Qué podrá lograr Chile en este show democrático?
Elena Rusca, Ginebra, 26.09.2021
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