Como decía en reflexiones anteriores, las altisonantes declaraciones de los sectores rebeldes que se plegaron a los pasos definidos en el Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución durante la instalación de la Convención Constitucional y que provocaron algunas turbulencias mediáticas, no pasaron más allá de transformarse en gritos lanzados a los cuatro vientos que no se tradujeron en acciones concretas, sobre todo en lo que dice relación con la libertad de las y los presos políticos, ya que en este caso terminaron en una simple declaración pública solicitando al poder ejecutivo y legislativo aprobar con urgencia una Ley de Indulto. De esta manera las turbulentas aguas se fueron calmando y siguieron su cauce dentro de los marcos institucionales fijados.
El poder de las clases dominantes sigue moviendo los hilos a su antojo, ya que la movilización radical que lo hizo tambalear, producto del componente de violencia política que se expresó en la rebelión iniciada el 18 de octubre del 2019, fue desapareciendo al elaborarse y ser aceptado dicho acuerdo político institucional por un porcentaje importante de quienes rechazaban en un principio dicha institucionalidad, freno de la movilización que fue ayudado además por la instalación de la pandemia junto con los confinamientos y las restricciones que esta emergencia sanitaria trajo aparejada.
El calendario electoral que se ha instalado con fuerza en la actual coyuntura ha dejado al desnudo las debilidades políticas de un sector que se definió como independiente y popular, muchos y muchas de las cuales llegaron a ser electos como Convencionales bajo el paraguas de la autodenominada Lista del Pueblo y otras listas independientes, puesto que aparecieron con ímpetu los apetitos para obtener otras pequeñas cuotas de poder dando nuevos pasos en la institucionalidad tan enérgicamente despreciada hasta hace muy poco tiempo, lo que mostró de una manera brutal y vergonzosa el empleo de métodos similares a los utilizados por la tan cuestionada clase política institucional, provocando un daño en el movimiento popular rebelde cuya magnitud es muy difícil de cuantificar, aún cuando estos sectores institucionalizados no son sus únicos representantes.
Teniendo en cuenta estos bochornosos episodios, muchas compañeras y compañeros siguen definiendo los caminos institucionales como opciones necesarias y válidas para terminar estructuralmente con el sistema económico, político, social y cultural actual, otorgándole a la Convención Constitucional características de un proceso casi “revolucionario”, promoviendo y publicitando expectativas que no posee en absoluto, apelando a las emociones y a la pasión como elementos centrales de sus discursos, olvidando o interesadamente dejando de lado los marcos institucionales en los que este proceso se desenvuelve, al mismo tiempo que se omiten los altos porcentajes de abstención en los diferentes procesos electorales realizados hasta la fecha.
Quienes están participando en este proceso institucional han invisibilizado la existencia de los otros sectores del campo popular rebelde que optaron políticamente por no aceptar ni participar de este camino propuesto en el Acuerdo por la Paz, manteniéndose en las esferas extraparlamentarias y extra institucionales para continuar adelante un proceso de organización popular sectorial y territorial, pero cuya envergadura evidentemente es muy difícil de cuantificar, ya que dentro de quienes no han participado de los procesos electorales hay una mezcla muy heterogénea en cuanto a su composición y motivaciones para no ir a votar.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los sectores rebeldes para participar en este proceso institucional es decir que hay que ocupar todos los espacios para poder hacer planteamientos y mostrar allí cuáles son sus posiciones políticas, pero falta agregar en este racionamiento que hay que ocupar todos los espacios cuando estos ayudan a la acumulación de fuerzas para el campo popular y su propio proyecto de liberación, pero no cuando, por el contrario, esta participación refuerza los espacios institucionales del modelo de dominación.
Si las decisiones políticas tácticas no guardan relación con la construcción del proyecto estratégico popular y revolucionario simplemente sirven para la acumulación de fuerza y la estabilidad de la institucionalidad del sistema de dominación y opresión vigente, aunque sea remozado con la adquisición y ampliación de nuevos derechos sociales, políticos y culturales, pero sin terminar con las bases estructurales de la explotación. La consigna que han pretendido “vender” mediáticamente de que el modelo neoliberal nació y morirá en Chile con este proceso, es otra de las falacias que se publicitan como una “idea fuerza” para justificar la participación en esta institucionalidad.
Por su parte, el sector que se ha mantenido al margen de los espacios institucionales/electorales no ha sido capaz de retomar y re impulsar la movilización y la protesta popular de manera importante para poder demostrar su verdadero potencial, lo que nos permite deducir que está muy disperso, atomizado y carece en estos momentos de la fuerza para hacerlo, aún cuando mediante declaraciones públicas se han conocido algunas iniciativas de coordinación que apuntan en esa dirección.
El debilitamiento de las organizaciones populares que se crearon al calor de la rebelión de octubre y la desmovilización posterior tienen como causa, entre otras, la división que se produjo en dicho movimiento debido a que una parte importante del mismo decidió aceptar las reglas impuestas desde la institucionalidad con el Acuerdo por la Paz, argumentando luchar allí para provocar transformaciones profundas al sistema y terminar con el modelo neoliberal, otorgándole a esta Convención características que están muy alejadas del espíritu con la que fue creada desde las élites políticas.
Esto nos lleva necesariamente a recordar la fisura y profunda división que se produjo en el movimiento popular antidictatorial frente al plebiscito del SÍ y el NO del año 88, el que también fue publicitado como un gran triunfo popular, desconociendo absolutamente que era la salida política que se necesitaba para la mantención del sistema de dominación, además ignorando u ocultando que este evento plebiscitario estaba planteado en las disposiciones transitorias de la constitución del 80 como parte del itinerario institucional fijado por la propia dictadura cívico militar para la consolidación del modelo instaurado.
El análisis de la coyuntura política está centrado casi exclusivamente en lo que está sucediendo dentro de la institucionalidad, particularmente en la Convención y las elecciones de noviembre próximo, donde las candidaturas presidenciales están copando cada día con más fuerza la agenda mediática.
Una demostración de lo anteriormente expuesto es el ignorado hecho político en estos análisis de lo que significó la decisión de 28 representantes del pueblo mapuche en resistencia de la zona de Malleco, que lucha por el control territorial, la autonomía y la liberación como pueblo nación, de desplazarse y marchar desde su propio territorio hasta el edificio en donde funciona la Convención Constitucional en Santiago para parlamentar el martes 07 de septiembre y dar a conocer su posición frente a este proceso. Desde la Convención, argumentando protocolos sanitarios, dijeron que solo permitirían reunirse con cuatro de ellos, proposición que fue rechazada por las autoridades y representantes mapuche, quienes procedieron a realizar una actividad en las afueras del edificio donde se está realizando la Convención.
En dicha actividad distintos representantes mapuche hicieron uso de la palabra para plantear que los escaños reservados ocupados por mapuche al interior de la constituyente no los representan ya que “ son mapuche que participan de la institucionalidad del Estado en una Convención Constitucional chilena y que no es la constitución política de los mapuche (…) hay lamentablemente mapuche, que también provienen algunos de procesos difíciles que nos ha tocado vivir, pero no porque hayan sufrido y no porque se hayan dado la voltereta política tenemos que quedarnos en el silencio y asumir de que ellos están actuando de manera correcta. La actitud, las acciones políticas llevadas por ellos, participar de una Convención política del Estado de Chile, hoy día yo diría que los hace cómplices del negacionismo, los hace cómplices del despojo y los hace cómplices de la represión política en el territorio mapuche”, agregando además que dicha actitud solo significa “profundizar los mecanismos de la domesticación, creando subordinación política e institucional con el Estado de Chile.” Por último manifestaron, haciendo un emplazamiento a quienes participan en la Convención que “los mapuche no podemos perder el único camino que nos puede conseguir dignidad y la devolución de nuestro territorio: acumular fuerza política, conseguir el control de los territorios y establecer autonomía y libre determinación política en esos territorios lo que nos lleva a un camino de independencia (…) los mapuche en el sur, gran parte de comunidades mapuche u organizaciones más autonomistas no han perdido esta esperanza, pero los que están aquí se hicieron cargo de participar con el enemigo en una Constitución Política que no es la nuestra, eso es lo que está en juego, por eso nos hemos dado el esfuerzo, el sacrificio de venir hasta aquí para poder decirles que ellos pueden hacer un gesto político, y aquí está el emplazamiento, que si hay conciencia política de parte de ellos debieran renunciar a su participación en la Convención que están participando. Ese hecho político de renunciar al menos los dejaría con dignidad frente a la historia y frente a las futuras generaciones mapuche (…) no me puedo hacer cómplice de mi enemigo tratando de elaborar una Constitución Política que la han enarbolado y la han planteado como plurinacional. Hemos visto los proceso plurinacionales en otros países y a qué los ha llevado, a una domesticación colonialista hecha por otros medios, pero con el mismo propósito final, hacer que los pueblos a los que se les quitó la tierra nunca vuelvan a tener soberanía, ni independencia, ni autonomía (…)
Nos vamos al sur, pero nos vamos con la cabeza en alto. Vamos a regresar a nuestras comunidades, pero con la conciencia tranquila, con la convicción de que hemos venido hoy día decirle una vez más al Estado de Chile y a quienes se han coludido con él, que la lucha por la autonomía y la libre determinación política en las comunidades va a continuar y que los hijos que mañana nazcan en ese territorio van a poder decir hubieron hombres y mujeres mapuche que caminaron hasta ese lugar para defender ese derecho político que nos asiste desde que los mapuche defendieron el territorio mapuche a sangre y lucha de independencia, como lo hizo Kilapán, como lo hizo Lautaro …”
Las autoridades y representantes mapuche fueron recibidas y acogidas solidaria y fraternalmente al llegar a Santiago en el Comedor Popular Luisa Toledo de Villa Francia. Una de las integrantes de esta organización también hizo uso de la palabra en esta actividad para expresar lo siguiente:
“Como Comedor Popular Luisa Toledo, en el territorio en resistencia de Villa Francia, en un lugar recuperado como es el comedor, le dimos la bienvenida a nuestros hermanos y estamos casi en las mismas condiciones porque esta Convención no nos representa, nunca nos ha representado. Este Estado chileno siempre nos ha despojado. Somos pobres porque este Estado chileno así lo quiere. La riqueza se va para algunos y nosotras terminamos en la pobreza, enfermos y un sinfín de cosas más Dentro de nuestro territorio, que es Estación Central, donde está inserta Villa Francia, el territorio es usurpado por las grandes inmobiliarias y el resto de los pobres queda despojado y se tiene que ir a los límites de la ciudad.
Hablamos de autodefensa alimentaria con un Comedor Popular, muchos romantizan la Olla Común, eso no es así, la pobreza existe, no se vio después de esta pandemia ni se vio después del 18 de octubre, esta Convención vino a pisotear nuestros muertos, los de antes y los de después, tenemos muchos cabros dentro de prisiones, tanto en Santiago 1 como en otros territorios y también tenemos muertes. Esta Convención, los que dicen representarnos, los que se acercaron a la “mesa de la paz” sin preguntarle al pueblo chileno si es que lo quería o no, se están vendiendo hoy en día. Por lo tanto Villa Francia, como territorio, Comedor Popular Luisa Toledo también está en resistencia, también está en lucha, por eso recibimos también a nuestros hermanos, validamos su lucha, validamos la autodefensa, creemos en ella y somos partícipes de la violencia, porque la violencia es el camino hoy en día para luchar contra el Estado y contra esa Convención que solamente viene a vendernos.”
Otro hecho de características similares, que también se inserta dentro de la actual coyuntura política y ha quedado fuera de los análisis políticos que se están haciendo, fue protagonizado por otro importante grupo de organizaciones mapuche autónomas, ligadas en este caso a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quienes realizaron un encuentro el 11 de septiembre en la comuna de Lanco.
En un Comunicado publicado en la página web de Radiokürruf , entre otros puntos plantean que “Habiendo convocado a varios lof en conflicto asociados a la Coordinadora Arauco Malleco y territorios y personas adherentes a la política y ética de autonomía y liberación(…)como pueblo nación mapuche no creemos que un nueva constitución permita dar un término a la colonización de nuestro territorio para volver a ser una nación libre y autónoma. Consideramos como contradicción el enaltecer a Elisa Loncon como constituyente, y la continuidad represiva en nuestros lof en conflicto, siendo el asesinato de nuestro peñi Pablo Marchant como la máxima expresión de esta incoherencia. Mientras sigan los encarcelamientos, las mutilaciones, la militarización y los asesinatos en Wallmapu, no habrá cabida para sentarse con el poder chileno o argentino. Hoy solo sirve para desviar la atención de la lucha, dando de creer que ocupados y ocupadores pueden ser amigos y entenderse.”
Estos dos hechos políticos son relevantes a la hora de analizar la Convención Constitucional, puesto que los representantes de pueblos originarios presentes allí en los cupos de escaños reservados aparecen ante la opinión pública como los únicos y legítimos representantes de ellos y en este caso específico del pueblo mapuche, pero como se puede constatar esto no es así.
Como decía al inicio de esta reflexión, lo mismo sucede respecto de los sectores populares rebeldes, puesto que la autodenominada Lista del Pueblo junto a otros grupos de independientes presentes en la Convención también se muestran ante la opinión pública como los únicos representantes del pueblo que expresó su rabia enérgicamente en las calles a partir del 18 de octubre del 2021.
Las correlaciones de fuerza y las posiciones de clase al interior de la Convención siguen siendo todavía una nebulosa, aunque ya se pueden observar algunos ordenamientos y posicionamientos políticos que entregan señales sobre las características con las que se irá redactando su articulado, puesto que a medida que la Convención se ordena y avanza en su funcionamiento se puede deducir que la nueva Constitución que allí se redactará será el producto de una política de “amplios acuerdos”.
Al interior de la Convención Constitucional los integrantes que tienen una posición extremadamente conservadora y cuyo objetivo es mantener inalterada la actual Constitución son un sector minoritario, como también los es aquel sector que proviene del mudo popular, con posturas más radicales y que en sus planteamientos está el realizar cambios estructurales de fondo. La inmensa mayoría de los convencionales constituyentes que integran la Convención tienen posiciones graduales, moderadas o reformistas y todos ellos representan además posiciones políticas institucionales puesto que participan en este sistema de dominación desde hace años en las diferentes esferas del poder, incluyendo el poder legislativo y ejecutivo.
Los sectores mayoritarios que se están conformando y coordinando al interior de la Convención están representados principalmente por integrantes afines a la ex Concertación y al Frente Amplio, más los “independientes” que también se ven representados con dichas posiciones políticas, constituyendo así un ambiguo y gelatinoso “sector progresista”, concepto que al igual que el de la “clase media chilena” se presta para todo tipo de interpretaciones. De esta manera la nueva Constitución y la “nueva democracia” que se desprenda del texto acordado tendrá estas mismas características “progresistas”, lo que se traducirá en un régimen político diferente, de nueva cara, pero siempre funcional al sistema de dominación capitalista. El concepto de “progresista” carece de una posición de clase definida y en ningún momento pone en discusión la propiedad de los medios de producción desde una posición clasista.
Más allá de nuestros deseos y la emocionalidad con la que se discutan distintos asuntos, proyectando la realidad de las fuerzas que se están expresando al interior de la Convención, el texto constitucional que finalmente se logre escribir será sin duda producto del consenso y de carácter reformista. Un texto que modificará la actual Constitución Pinochet/Lagos, realizando cambios que se traducirán en mayores derechos económicos, políticos, sociales y culturales, respeto al medio ambiente, paridad de género y reconocimiento de los pueblos originarios, pero que seguirán enmarcados dentro de la institucionalidad capitalista, patriarcal y colonial chilena.
Es indudable que la extrema derecha, los poderes fácticos y el gobierno, a medida que las aguas de la rebeldía se fueron aquietando debido a la irrupción de la pandemia, la instalación de la Convención y los procesos electorales en curso, nuevamente empezaron fortalecerse y recuperar el mango del sartén, y actualmente están impulsando acciones en todos los planos para intentar mantener el actual sistema de dominación de la manera más intacta posible, actuando incluso en contra de las propias reglas establecidas en el proceso constitucional en curso para evitar que los límites acordados inicialmente puedan ser ampliados o sobrepasados.
Este accionar que ha sido definido como un boicot o sabotaje a la Convención Constitucional y que ha escandalizado a muchos y muchas de las convencionales constituyentes, no es para nada sorprendente, puesto que dentro de la actual coyuntura política se están formando y expresando las distintas posiciones políticas en disputa y dicho accionar es parte de esto.
La legitimación de este proceso institucional es una tarea permanente y de primer orden para los diferentes sectores que integran la Convención, exceptuando a los de la derecha dura. Uno de los mecanismos que están utilizando los convencionales para cumplir dicho objetivo es el efectuar encuentros, asambleas o cabildos en distintas localidades, hasta donde acuden con la idea de escuchar y recoger los planteamientos de las y los habitantes de dicho lugar, o de las organizaciones territoriales presentes en dicho sector, dando a entender que todo lo que allí se recoja será “vinculante”, es decir será incluido en la nueva Constitución. Esto que se muestra como un extraordinario ejercicio democrático y participativo tiene simplemente por objeto hacer creer que el proceso constituyente tiene carácter soberano y comprometer a dichos sectores en el respaldo irrestricto de la Convención Constitucional, puesto que las demandas sectoriales, sociales, culturales, de derechos humanos y de toda índole serán definidas y plasmadas en la Constitución por los 155 integrantes de la Convención Constitucional de acuerdo a las correlaciones de fuerzas que se vayan estableciendo al interior de la Convención. Pero lo fundamental es que con este tipo de ejercicio participativo se está comprometiendo el apoyo popular a la Constitución que salga de los acuerdos transversales que se alcancen.
Con la participación de una cantidad considerable de agrupaciones y organizaciones de derechos humanos dando a conocer sus planteamientos y demandas en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención se busca ese mismo efecto, el mostrarse como un ente abierto, participativo, democrático, como si no existiera claridad respecto a las brutales violaciones a los derechos humanos y a la impunidad reinante en nuestro país derivada de la “justicia en la medida de lo posible”. Lo mismo irá ocurriendo con nuevas y sucesivas audiencias para un sinnúmero de otras organizaciones sociales que acudan allí.
Evidentemente que todos estos mecanismos son ejercicios comunicacionales muy potentes, en donde el componente emotivo está presente y refuerza lo que se quiere entregar mediáticamente a la opinión pública.
Como decía anteriormente, el texto constitucional emanado será resultado de los acuerdos alcanzados y dependerá de las correlaciones de fuerzas que se den al interior de la Convención, pero ya se puede vislumbrar que el sector mayoritario que se está conformando al interior de la misma apunta a una Constitución “en la medida de lo posible”, “una casa de todos y todas” como algunos y algunas han definido.
Este texto constitucional que resulte producto de los acuerdos alcanzados por los 155 convencionales no podrá ser de esta manera cuestionado puesto que las organizaciones populares participaron, fueron escuchadas y sus opiniones recogidas.
Los cambios y derechos estipulados en la Constitución deberán posteriormente ser llevados a la práctica y para eso se requiere tener la fuerza y los instrumentos necesarios para hacerlo. ¿O acaso piensan, por ejemplo, que solo bastará con decir que hay que refundar Carabineros y las Fuerzas Armadas para que esto se lleve a la práctica?
Por muy profundas que sean las reformas propuestas en la nueva Constitución, seguirán siendo solo letra muerta o palabras de buenas intenciones si no se tiene la fuerza necesaria para llevar adelante dichas transformaciones, las que seguirán dependiendo de las instituciones propias del sistema capitalista, protegidas y salvaguardadas además por el monopolio de las armas sustentado en las instituciones armadas al servicio del sistema de dominación.
Pero no se puede descartar que las tranquilas aguas convencionales y electorales vuelvan a transformarse en un tsunami de rebeldía, ya que las causas que provocaron la irrupción violenta del 18 de octubre siguen presentes.
El estancamiento o adormecimiento en que se encuentran actualmente los sectores populares se debe, más allá de las limitaciones provocadas por la pandemia, precisamente al accionar mediático de las fuerzas políticas que decidieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y de los sectores que rechazando originalmente este acuerdo aceptaron participar en él, quienes han levantado cantos de sirenas para hacer creer que esta Convención tiene características “revolucionarias”, como decía anteriormente, que permitirá realizar cambios estructurales al sistema de dominación, dando entender que dicho proceso posee mayores atribuciones de las que tiene, buscando establecer como idea central de que este proceso institucional -precisamente creado para salvaguardar el sistema de dominación- de una vez por todas terminarán con los abusos, las desigualdades y la opresión en nuestro país.
El apacible oleaje en el cual se seguirá meciendo el sistema económico, político y social actual, solo puede verse alterado si aquellos sectores rebeldes que continúan organizándose y acumulando fuerza popular son capaces de crear los instrumentos necesarios para transformar ese mar de fondo, silencioso e invisibilizado, en un tsunami de rebeldía popular.
El repunte de las movilizaciones sociales que se ha observado en Valparaíso en el mes de septiembre no tiene absolutamente nada que ver con la idea planteada por algunos sectores de “rodear la convención” estimulando la participación y la movilización popular, sino que responden a los abusos que se arrastran por décadas y que son producto del modelo impuesto. Estas movilizaciones son expresiones de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores, de los pobladores y las pobladoras por la exigencia del cumplimento de sus demandas, de la lucha por la defensa y la conquista de sus derechos. Lo mismo ocurre con las movilizaciones territoriales de defensa del medio ambiente, la lucha por el agua, la lucha contra del extractivismo, , etcétera. Es decir son situaciones de injusticia que están y seguirán estando presentes independientemente del texto final que se escriba en la nueva Constitución.
Por lo tanto, a mi entender, la Convención Constitucional no es la madre de todas las batallas como se ha pretendido mediáticamente establecer, sino solo una batalla más que se libra dentro del campo institucional y tampoco se debe ignorar que también existen sectores del pueblo rebelde que no están participando en este proceso.
Los sectores populares, independientemente de que participen o no participen en la institucionalidad, deben continuar organizándose para acumular fuerzas y crear un instrumento de coordinación eficaz que levante un programa popular democrático y revolucionario tras el cual se produzca la unidad en la acción necesaria para -más allá del texto que salga de esta Convención Constitucional- luchar decididamente por romper los márgenes de la dominación capitalista vigente y transitar por el camino de la construcción de una sociedad de nuevo tipo, en donde el poder popular sea su motor fundamental. El qué hacer y cómo hacerlo solo puede ser definido y materializado por el propio movimiento popular.
Guillermo Correa Camiroaga, 29 septiembre 2021
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