Lo propio del camaleón, como canta Chico Novarro, es cambiar de colores según la ocasión. Muchos de nuestros políticos son eso: camaleones. Y mudan de color para seguir engañando a los incautos. Jose Miguel Neira Cisternas pone al desnudo la última camada: las bostas amarillas. |
Trátase aquí, de megaterios que aspiran a sobrevivir metamorfoseándose de camaleones Escribe José Miguel Neira CisternasEn un manifiesto fechado el pasado 5 de febrero, difundido profusamente en redes cibernéticas y por enorme red de medios de comunicación del sistema, entiéndase canales de televisión, diarios y radioemisoras en propiedad de la derecha político-empresarial en que profitan sus cómplices activos o pasivos, Cristián Warnken, un hombre de letras, asume como vocero de cadáveres políticos diciendo que, sin ánimo de sumarse a ninguna campaña del terror, “es necesario decretar un estado de Alerta Amarilla democrática” antes de que se produzcan evitables “estallidos institucionales”. Antes de describir a esta agrupación de augures en torno de un vocero, cabe preguntarse ¿Qué es lo que Warnken no describe pero supone, deberíamos entender como estallidos institucionales? Una primera traducción de esta forma sibilina de escribir sería, que los estallidos institucionales de los que intenta prevenirnos, no podrían ser otros que los de un sistema en peligro de perder sus privilegios, en contundente y escalada secuela de respuestas: es decir, el estallido institucional sería la respuesta contraria al estallido social protagonizado por quienes han sido privados por estos depravados, de los derechos sociales conquistados a lo largo de casi cuatro décadas de ascenso de la lucha social, enajenándolos de su natural destinatario para traducirlos en mercancía, mediante el poder de facto que les dio el golpe militar-empresarial de 1973. La actitud previsora de este grupo, defensor de un modelo depredador, injusto y excluyente es tan falsa como su denominación. Estos falsos amarillos, son los que desde el interior de la Concertación han obstaculizado o se han opuesto a lo largo de treinta años, a las transformaciones profundas que Chile esperaba ver realizadas tras derrotar electoralmente a la dictadura. Son los que han desacreditado a la porción de democracia recuperada gracias al sacrificio y dolor de tantos detenidos desaparecidos, de tantos torturados, de tantos exonerados sin indemnización alguna tras la pérdida de sus empleos, de tantos chilenos con sus sueños truncados, humillados y condenados a sobrevivir en la patria cuando no al exilio forzoso. Estos son falsos amarillos, porque en realidad no son el extremo reformista o moderado de una izquierda “progresista o evolucionista” opuesta a posturas radicales. Para mayor claridad recordemos que en la jerga política de la izquierda se califica así a los que abandonan posturas revolucionarias históricamente identificadas con el color rojo. Éstos, a quienes aquí nos referimos, no son unos izquierdistas desteñidos, sino antiguos reaccionarios, representativos de posturas propias de la centro derecha, unos resentidos que a pesar de sus campañas millonarias, no lograron ser electos para poder defender sus intereses de clase al interior de la Convención Constitucional. Estos falsos amarillos han defendido posturas en favor del statu quo neoliberal, es decir en favor de la mantención del este modelo societario, instaurado mediante el terrorismo de Estado por la derecha, con la que siempre han tenido una gran afinidad, o a la que, por conveniencias personales, hoy se adhieren. Éstos hoy autocalificados amarillos, son los que desde su auto encapsulamiento, desde su posición privilegiada dieron como única explicación frente al estallar del descontento social, que no lo vieron venir. Este llamado a la "cordura", redactado por un hombre de letras y destinado a hacer entrar en razón a los constituyentes, contiene al menos dos efectos que Warnken no confiesa, pero que él sabe perfectamente que anidan en su manifiesto porque, digámoslo una vez más y cuántas sea necesario, en política no hay inocentes y el autor de marras conoce perfectamente los significados que pueden adquirir las palabras y los ánimos que pueden insuflar, dependiendo cómo se usen, en qué contextos y cuántas veces se repitan. Debemos agregar, aunque a muchos lectores les parezca evidente, que el Manifiesto de los Amarillos no resulta muy novedoso para quienes vivimos atentos a los avatares de la política y conocemos de la historia de nuestro país. Porque este mensaje se incorpora como un capítulo más de las recurrentes campañas del terror que, a falta de propuestas de solución real a las profundas crisis económicas, sociales, culturales y de representatividad política, nos tiene acostumbrados la derecha oligárquica a lo largo de un siglo. Es decir desde la campaña presidencial de 1920, cuando en el mundo y particularmente en Chile, se hacía evidente la crisis de un sistema liberal que en su indisimulable esterilidad para conjurar las desigualdades, comenzaba a recular, dejando tras de sí un reguero de masacres que desmienten su idea del Estado de Derecho, de esa gran civilidad e institucionalidad democrática que Warnken describe como una característica secular de nuestra vida republicana. El manifiesto que éste redacta tiene -como otros tantos llamados a la civilidad ya conocidos- sustento en una deformación intencionada de la realidad, destinada a atemorizar al conjunto del pueblo respecto de los avances democratizadores que genera la Convención Constitucional, a pesar del boicot piñerista y las campañas de desprestigio que en su contra, levanta la derecha. En el caso presente, por la vía de desfigurar los propósitos de justicia social de un proceso de construcción constitucional que aún no concluye, el proceso más democrático y transparente de soberanía popular que haya conocido la historia de la humanidad, y en pleno proceso democrático de debates. Aclaremos que el primero de los efectos deseados por Warnken y de quienes se escudan detrás de su imagen de intelectual clásico – sin militancia política -, es el de generar en la ciudadanía incertidumbre, desconfianza y temor, a fin de que, a priori, el ánimo de ésta se oriente a rechazar la nueva Constitución, sin esperar a conocerla. El segundo efecto, es una amenaza y al mismo tiempo un llamado encubierto a la sedición. Preguntémonos qué instituciones atornillan al revés sino:
*la jerarquía eclesiástica que vería en peligro sus exenciones tributarias y su lucrativo negocio educativo frente a una educación pública garantizada como un derecho y, finalmente,
(Esto último con la inoperante complicidad de todos los Ministros de Defensa desde la dictadura hasta el presente (aquí la lista es larga e incluye, entre otros de los que no supervisaron ni vieron nada irregular a Patricio Rojas, Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, Andrés Allamand, Francisco Vidal o José Antonio Gómez, que fue también Ministro de Justicia.) Entre los antecedentes que contribuirían al estallido institucional de los bien tratados debemos agregar la Caja de Previsión de la Defensa Nacional CAPREDENA, que mantuvo el antiguo sistema de reparto negado a los demás chilenos, que permite jubilaciones anticipadas y jugosas para miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Así pueden hacer de su vida post laboral un verdadero jubileo, mientras el resto de los trabajadores afronta estoicamente el desgaste que generan cincuenta o más años de trabajo, ante el terror de pasar a sobrevivir con pensiones miserables desde que por ley refundacional de la dictadura, con firma de José Piñera, las AFP prolongan el lucrativo uso de sus fondos, calculándoles una vida superior a los cien años. Entonces, señor Warnken ¿quiénes sino estas instituciones podrían expresar violentamente su malestar ante el peligro de ver disminuir sus abusivos espacios de confort? Sea claro señor Warnken y diga al país, que para evitar ese estallido institucional de los poderosos deberíamos dejar todo tal como está. El mensaje aterrorizante de Warnken y sus amarillos es claro: busca no alterar los aspectos estructurales del actual Estado Subsidiario, manteniendo el libertinaje mercantil de las AFP, los recursos naturales de tipo minero y las aguas en manos privadas, las cadenas farmacéuticas coludidas, que de manera impune fijan para los medicamentos los precios más caros del mundo, paralizando en nombre de la prudencia toda reforma profunda, a fin de no despertar la ira del monstruo inmundo. Semejante actitud, la de sembrar terror e incertidumbre frente a cambios necesarios, no es nueva en nuestra historia republicana; se inauguró, decíamos, hace cien años. Aquella vez, para enfrentar la promesa electoral de Arturo Alessandri Palma, el demagogo populista que en 1920 asumía la obligación de dirigirse a la masa popular llamándola su 'querida chusma', en circunstancias de que en realidad venía a salvar de un estallido revolucionario a la oligarquía en su conjunto. El problema era que para ello, necesitaba introducir reformas sociales y una nueva Constitución Política que diera representación proporcional a una clase media progresista y a una clase obrera cada vez más numerosa, organizada y exigente. Sin embargo los más derechistas de su sector, con quienes había sido cogobernante en calidad de ministro y senador, le acusaban de disolvente, de bolchevique y a sus simpatizantes de antipatriotas “vendidos al oro peruano”*1. El “italiano más falso que he conocido” decía de él Enrique Mac Iver, lo cual no inmutaba al caudillo de sangre caliente y mente fría, que perseveraba en el uso de una oratoria discordante de aquella que había hecho desconfiable a toda la casta política. Así, en vez del acostumbrado discurso conciliador, el León decía “Mi lema será otro: quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria… quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente”. Palabras que hoy quisiéramos escuchar de labios de un candidato de izquierda y que en su época, como hoy, asustarían a una derecha que continúa ciega, sorda y sin comprender los cambios que el país requiere y que en el mundo civilizado son derechos garantizados. Los reaccionarios en esencia, cincuenta años después, y en franca contradicción con su discurso en favor de la promoción popular, la sindicalización campesina, la reforma agraria, de la prolongación de la educación básica a ocho años, de la chilenización del cobre, que hizo al Estado dueño del 51% de las acciones de la gran minería, acciones todas que concretaron necesarias realizaciones, contraviniendo todo lo anterior, instalaron en 1969, un Tribunal Constitucional que repuesto en la Constitución de 1980, actúa hasta nuestros días como tercera cámara legislativa. Este engendro del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a un año de tener que dejar su mandato, tenía por objetivo obstaculizar las reformas más profundas que debería intentar -de resultar electo- el gobierno de la Unidad Popular. El recurso de un muro, ante una inminente derrota de su candidato manifestada en la constante pérdida de apoyo ciudadano a la democracia cristiana, ese partido que autorizado por el Pentágono para hablar de revolución en libertad había pretendido gobernar por treinta años, dado que este gobierno de partido único, era el designado para implementar el programa de la Alianza para el Progreso diseñado por el imperio para impedir, a nivel continental, el avance creciente de las fuerzas de izquierda, ante el influjo novedoso de Revolución Cubana a comienzos de los años sesenta, en plena guerra fría. Hoy, el ala derecha de la democracia cristiana, sin influencia suficiente en su interior -(Jaime Ravinet y Adolfo Zaldívar fueron los primeros en renunciar a su militancia para apoyar el primer gobierno de Piñera; Guttemberg Martínez, Soledad Alvear y Mariana Aylwin abandonaron el partido durante la segunda administración de Bachelet, pero sin darle un apoyo explícito a su ex camarada Piñera, mientras que durante el pasado año, Genaro Arriagada renuncia a su militancia y a la actividad política -por el momento-, mientras Ignacio Walker, Jorge Burgos y René Cortázar fracasan en su intento de redireccionar el partido hacia una alianza con la derecha)-, ese sector, repetimos, da origen al grupo mayoritario de falsos amarillos, apoyados por amarillos legítimos provenientes del PPD como Eugenio Tuma (otro perdedor), del Partido Socialista como Fulvio Rossi, Hernán Vodánovic Schnake, Alejandro Witker Velásquez, Fredy Cancino Berríos, junto a otros que, aunque tarde, hoy se quitan la careta de progresistas y de demócratas que alguna vez ostentaron. Podemos agregar a este especial elenco de cadáveres políticos, de manera momentánea, dado que esperan se les sumen más rostros, a Carolina Goic, Alejandro Foxley -que alguna vez intentó definir un nuevo socialismo desde el interior de la Democracia Cristiana-, a Enrique Krauss ex Ministro del Interior de Aylwin e integrante de los amigos de Colonia Dignidad, a Felipe Sandoval Precht, a Sol Serrano e Iris Boeninger, hija del ingeniero político que negoció - a finales de los años 80 - las condiciones excluyentes de la transición con los representantes de la dictadura: Andrés Allamand y Jorge Larroulet, líder del Instituto Libertad y Desarrollo y Jefe de Asesores de Piñera. Representando a estos camaleones, identificados oportunistamente con el amarillo de los progres, Warnken previene a los ciudadanos honestos de no provocar un estallido institucional de parte de la jerarquía militar, al que debieran sumarse las quejas del Senado corrupto, donde se cocinan los nombramientos de los comandantes, de los jueces supremos, del Tribunal Constitucional y del Fiscal Nacional, y la Cámara Alta que demora la producción legislativa y que, en buena hora, se encuentra a punto de desaparecer. Dice lo que no debería hacerse pero no propone. Así resulta que un socialdemócrata como Carlos Peña, Rector Universitario y amarillo genuino, le advierte que “el llamado a la moderación y la escucha que ha efectuado… el grupo que se define como amarillos… empalidecerá hasta parecerse a la estupefacción si no está acompañado de ideas…”(El Mercurio, domingo 20 de febrero, sección Reportajes D 9). En el manifiesto, Warnken compara a nuestra Convención Constiucional con un tsunami, cargado de “intolerancia, fanatismo y totalitarismo”, en circunstancias de que gran parte de las orientaciones que allí se discuten guardan estricto apego con derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con los derechos de segunda y tercera generación, emanados de ese referente internacional, del que nuestro país fue fundador. Orientaciones que, insistamos, garantizan derechos esenciales a los habitantes de países más civilizados y democráticos que el nuestro, como los de la OCDE, organización de la que somos parte hace más de veinte años. Señala también, en nombre de los amarillos, que los intelectuales y periodistas “nunca deben caer en la autocomplacencia bajando sus varas de exigencia”, como si una buena parte de los chilenos no supiera que la propiedad de los medios de información se concentra en consorcios empresariales de la derecha. Como ejemplo de la manipulación informativa a que estamos expuestos por estos grupos de interés, señalemos que de acuerdo con información difundida por el Directorio Nacional del Colegio de Periodistas, en 2017 la empresa El Mercurio era dueña también de Las Últimas Noticias, de La Segunda y otros 23 diarios regionales. A su vez el grupo COPESA, es dueño de La Tercera, La Cuarta y La Hora, sumando en conjunto el 95% de la prensa escrita que circula en el país. En esos medios, los periodistas corren peligro de que se caduquen sus contratos, de no seguir la línea editorial (léase ideológica) del medio en que laboran. A lo anterior cabe agregar que en la televisión abierta -que ahora es de propiedad privada, aunque en su origen estaba a cargo de las Universidades Públicas- como en la de pago (cable), el índice de concentración llegaba al 91%, mientras en las radioemisoras, el 84% de la facturación por mensajes publicitarios corresponde a cuatro avisadores que de esa manera tienen a ese medio masivo entre sus clientes cautivos. Los escasos medios de información independientes como El Desconcierto, El Ciudadano, Telesur, CIPER Chile, El Correo de los Trabajadores o Interferencia.cl, sobreviven gracias a la suma de pequeños aportes de sus suscriptores. La urgencia contenida en el llamado de estos camaleones nos resulta lo más parecido a la gestación de un golpe blanco y Warnken lo fundamenta cuando, con una paciencia que agotó sus límites dice: "Pasó la hora de empatizar con el aluvión de demandas, anhelos y sueños que este proceso ha despertado, todos muy legítimos pero que, si no son procesados y ordenados pueden transformarse en un temporal de expectativas”, agregando que pasó la hora de "comportarse como niños o adolescentes con pataleta” … "pasó la hora de la catarsis de la primera etapa de la Convención”. ¿Quién podría poner en duda que esta primera etapa ya pasó, cuando constatamos que a pesar del boicot inicial y de esa etapa de reconocerse y organizarse, la Convención logra avanzar al terreno de las discusiones sustantivas del texto constitucional que ofrecerá a la aprobación ciudadana? Estos reaccionarios de siempre, camouflados bajo un color postizo, parecen no recordar que, al revés de este proceso democrático, los redactores de la Constitución del 80, pequeñísimo grupo de golpistas nombrados por la Junta Militar, sin la presión estresante de un plazo perentorio como el que se ha impuesto para poner de acuerdo a 154 integrantes paritarios electos por la ciudadanía, y sin tener que escuchar opiniones diversas, con la absoluta tranquilidad de estar bien protegidos, demoraron casi siete años en la demolición de nuestros derechos fundamentales para refundar el Chile desigual que hoy vivimos, proceso que en su momento, Joaquín Lavín llamó “la revolución silenciosa”. Allí, convocados con la anuencia de Pinochet, inicialmente contribuyeron con su experiencia ex Presidentes como Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, sicarios del imperio, del empresariado y paladines de la traición a la confianza ciudadana que alguna vez recibieran. El último de ellos, el de la revolución en libertad, trabajó por la unidad con la derecha (la Confederación Democrática CODE, que enfrentó unida las elecciones parlamentarias de 1973 en contra la unidad Popular, que subió del 36% de 1970 al 44,5% de apoyo ciudadano, impidiéndoles el quórum para destituir constitucionalmente al Presidente Allende), alianza que hizo posible el sabotaje a las medidas del gobierno popular, impidiendo acuerdos de gobernabilidad que pudieran haber evitado el golpe de Estado de 1973 que desvergonzadamente intentó justificar ante el mundo. Se recuerda al respecto a la docena de connotados dirigentes de la Democracia Cristiana que, contrariando las acciones sediciosas del liderazgo freísta-aylwinista, condenaron el golpe de Estado. Ellos, a diferencia de estos neoliberales incrustados en la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, hoy amarillos, hicieron suya la advertencia de un político digno y transparente como Radomiro Tomic, quien clarividentemente advirtió a su partido que “cuando se va con la derecha, es la derecha la que gana”. A esta herencia política repleta de inmoralidad, dobleces e inconsecuencias Warnken, vocero de Amarillos por Chile, califica pomposamente como nuestra tradición institucional en peligro, recomendándonos la necesidad de “reformas graduales y bien hechas, en el respeto genuino a la diversidad de pensar…evitando caer en un maximalista”. Solo le faltó agregar “en la medida de lo posible” o sea, con el cuidado de no sobrepasar los límites impuestos por la derecha y sus aliados del centro político, o sea el actual Estado de Derecho. Dice en entrevista publicada en El Mercurio, cuerpo D Reportajes, del pasado domingo 20 de febrero, que la idea “surgió cuando mucha gente de centro; centroizquierda e izquierda democrática nos dimos cuenta que los valores e ideas del amarillismo, es decir creer en transformaciones y reformas profundas pero bien hechas, debían ser expresados con convicción, orgullo y sin complejos…” Desliza una vez más el exitoso concepto divisor y descalificador que, echado a circular a comienzos de los años ochenta en plena dictadura, buscaba aislar del movimiento social a la izquierda que luchó al interior del país como desde el exterior por debilitar al régimen asesino, haciendo la diferencia entre una izquierda democrática - útil y complementaria al modelo económico imperante - de la otra izquierda que sería ¿la antidemocrática? Le recuerdo al señor Warnken que con mala intención vuelve a usar calificativos deformantes, producidos y difundidos en su tiempo por los ingenieros políticos de la derecha demócrata cristiana y cómplices del golpe militar, que la izquierda que él cree no democrática, no ha protagonizado en Chile ningún golpe militar; que esa izquierda alfabetizó y convirtió en ciudadanos y en sindicalizados a los explotados trabajadores del salitre, del cobre, del carbón como a los asalariados de las ciudades, cuando imperaba una oligarquía que el parece olvidar o incorpora armónicamente, como parte de una historia de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Debemos recordarle al señor Warnken y a su coro de amnésicos, que las leyes sociales que lograron avanzar en la dignificación del trabajo, costaron miles de trabajadores perseguidos y asesinados no sólo por los gobiernos típicamente oligárquicos como los de Germán Riesco, Pedro Montt o Juan Luis Sanfuentes, en los fatídicos años que median entre 1903 y 1920, sino también por los gobiernos reformistas que cubrieron las restantes décadas del pasado siglo XX hasta 1970. Recordémosle que el esperanzador León de Tarapacá inauguró su primer gobierno (1920-1925) con una masacre en la Oficina San Gregorio, a dos meses y medio de asumir(febrero de 1921) y cerró con otra, poco antes de renunciar a la presidencia del país, en la oficina salitrera La Coruña (junio de 1925), donde se reprimió con fusilería y artillería a trabajadores despedidos que exigían algo tan descabellado como el pago de su indemnización, lo cual otorga un tremendo mentís a aquello de su “querida chusma”. También cabe recordar que el mismo Alessandri, esta vez durante su segundo gobierno, hizo asesinar a través del “chueco Arriagada”, “el Mamo Contreras” de entonces, a un número indeterminado de campesinos pobres, calculado en dos centenares por abogados y dirigentes políticos de la época; colonos desalojados de Ranquil en el Alto Bío Bío, 1934 y cuatro años después, a 60 jóvenes nazistas -como él-, luego de fracasar un intento de golpe que, propiciado por el ibañismo, los abandonó a su suerte el 5 de septiembre de 1938, los que, una vez rendidos y reunidos en el edificio del Seguro Obrero, fueron acribillados por orden suya al interior de un recinto ubicado a diez metros del Palacio de la Moneda. Recordémosle a los desmemoriados que la Plaza Bulnes fue rebautizada por mucho tiempo como la plaza roja, en recuerdo de la represión a una manifestación convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile CTCH, que dio un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos al atardecer del 30 de enero de 1946, cuando ejercía como Vicepresidente de la República Alfredo Duhalde, tras la muerte del Presidente Juan Antonio Ríos. Allí, entre las víctimas cayó Ramona Parra, joven obrera de Laboratorios Recalcine a quien los jóvenes comunistas homenajearon creando una brigada de propaganda que perpetuó su nombre. También, que el General Carlos Ibáñez del Campo, gran colaborador primero y rival del León después, en su segundo gobierno, fue responsable de otra masacre de la cual la ciudadanía de hoy guarda escaso recuerdo. Esta tragedia se sintetiza señalando que, fracasado el intento de aprovechar un Estado de excepción favorable a un golpe de la derecha, fueron liberados presos peligrosos para causar desmanes que incentivaran las iras destructivas del populacho; la policía y el ejército salieron a las calles para contener el estallido social y balearon, dando muerte una veintena de personas, muchas ajenas al movimiento, y dejando un número impreciso de heridos entre el lumpen y la mayoría ciudadana que protestaba en las calles de Santiago, contra el alza de los pasajes de la locomoción colectiva, ajenos a la trama macabra que los convirtió en víctimas propicias para restablecer el Estado de Derecho, un 2 de abril de 1957. Otra represión sangrienta hacia los sectores populares, acaecida en el decurso de nuestra historia democrática, es la que se desencadenó ante un llamado a paro nacional de la Central Única de Trabajadores CUT, un 19 de diciembre de 1963. Tuvo como epicentro a la Población José María Caro, donde unas tres mil personas se encontraban ocupando las vías férreas cuando, de improviso, se dio orden de iniciar los disparos a tropas de la aviación que, instaladas allí, departían amigablemente con la población minutos antes, resultando más de cuarenta heridos y ocho muertos, entre ellos una mujer embarazada. Esta vez era el gobierno de los gerentes, encabezado por Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del León y último gobierno electo de la derecha antes de Piñera. La población en masa inició su avance hacia el centro de la capital para cobrar venganza, lo que habría tenido consecuencias aún más graves de no ser por la mediación personal del Senador Salvador Allende, que logró persuadir a los pobladores de no continuar, mientras el Presidente Alessandri jamás dio explicaciones públicas a la nación. Se recuerda a propósito de esta nueva tragedia, la canción de Violeta Parra que tituló La Carta, escrita en París tras conocer los sucesos, y que en una de sus estrofas dice: “La carta que me mandaron, El gobierno democristiano de la Revolución en Libertad y de la promoción popular no se quedó atrás y agregó más víctimas al prontuario republicano. Seis trabajadores mineros y dos mujeres del mineral de cobre El Salvador, murieron acribillados en su sede sindical, rodeada por fuerzas militares a cargo del general Manuel Pinochet Sepúlveda que, desde que se inició la huelga, sitiaban el yacimiento en marzo de 1965. Otros treinta y siete quedaron gravemente heridos y muchos quedaron baldados para siempre por rotura de clavículas, caderas, rodillas o fémur. Dos años después, siete serían los trabajadores asesinados en distintos sectores de Santiago, durante un paro nacional convocado en octubre de 1967 por la CUT, para oponerse a un experimento de capitalismo popular apodado de los chiribonos, intentado por el joven ministro de Hacienda Andrés Zaldívar, el mismo que inventó la UF. Pasados dos años, otros cuatro pobladores y un niño de meses, integrantes de las noventa y una familias establecidas cinco días antes en un campamento de Pampa Irigoin (en los alrededores de Puerto Montt), y cuyo dueño había autorizado la urbanización para su instalación definitiva, fueron muertos como resultado de un desalojo violento e inesperado, la madrugada del domingo 9 de marzo de 1969*2. Para ellos Víctor Jara compuso la canción Puerto Montt que en una de sus estrofas dice: “¡Ay! qué ser más infeliz, el que mandó disparar, El ministro del Interior, otro duro como Juan de Dios Carmona, era esta vez Edmundo Pérez Zujovic, antiguo camarada del primer mandatario, quien, asumiendo toda la responsabilidad por decisiones y acciones contradictorias de otros, renunció casi al instante, lo que no lo liberó del odio, materializado en el asesinato político de su persona por quienes, en 1972, durante el gobierno del Presidente Allende, quisieron cobrar venganza por viudas y huérfanos absolutamente inocentes y ajenos a aquella acción. El magnicidio tuvo repercusiones políticas inevitables, haciendo irreconciliables a los demócrata cristianos respecto del gobierno popular que, aunque en rápida investigación logró dar con el grupo asesino, capturando a siete de sus miembros y con resultado de muerte de los hermanos Rivera Calderón, uno de los cuales, de nombre Ronald, dejó a su madre confesión de ser el autor material de la muerte del ex Ministro. El hecho, protagonizado por la Vanguardia Organizada del Pueblo VOP, un grupúsculo autónomo ajeno a las estructuras partidarias de la izquierda, no pudo impedir el viraje definitivo de la democracia cristiana a una alianza opositora con el Partido Nacional, que aglutinaba a toda la derecha. Hubo, además, represiones callejeras recurrentes ante las movilizaciones resultantes de una polarización política propia de la guerra fría, en que las víctimas mortales del grupo móvil, antecesor de las Fuerzas Especiales de Carabineros, y de infiltrados, fueron mayoritariamente estudiantes adolescentes. Para uno de ellos, llamado Miguel Ángel Aguilera, joven comunista de la Población Herminda de la Victoria, asesinado por un hombre de civil quien, luego de intentar disparar contra la tribuna en un acto conmemorativo del 1° de Mayo en Plaza Tropezón, comuna de Quinta Normal, fue rescatado por carabineros. Víctor Jara compuso una canción en su homenaje, obra que sin imaginarlo, muchos interpretan hasta hoy como su propio réquiem, anticipado en tres años: El alma llena de banderas. He recordado muy sucintamente estos hechos, sobre los que podrían escribirse y citarse centenares de páginas, con el único propósito de poder contrastar, en relación con la historia edulcorada que de nuestro trayecto republicano quiere hacernos creer Warnken, el hecho indesmentible de que los izquierdistas que él no menciona, pero que quedan fuera de la categoría de democráticos, no censuraron la prensa, no persiguieron, no torturaron, no hicieron desaparecer a sus opositores durante el gobierno de la Unidad Popular, ni siquiera lo hicieron durante la lucha antidictatorial como cuando, a finales de los 80, secuestraron a un alto oficial de ejército, solo para demostrar lo deficiente del aparato de seguridad del régimen pinochetista, produciéndoles un impacto desmoralizante, para luego, devolver sano y salvo al oficial que no denunció ninguna forma de apremio ilegítimo. Opiniones diversas coexisten al interior de las fuerzas de izquierda respecto de regímenes políticos autodefinidos como socialistas, populares, anticapitalistas o bolivarianos y esto siempre fue así, lo que no le permite a Warnken, a sus socios de la derecha y a los verdaderos amarillos, atribuir conductas antidemocráticas a quienes a lo largo de un siglo o más, han hecho posible la democratización de nuestra sociedad, organizando y educando al pueblo, que es lo contrario del actuar de muchos que calificándose como cristianos, demócratas y socialistas, continúan negando a los trabajadores chilenos el derecho a la negociación colectiva, demoran la recuperación de la jornada laboral de ocho horas y han convertido la educación, la salud y el acceso a la vivienda en un rentable negocio de privados, sin dejar de mencionar la entrega antipatriótica de los recursos naturales a los grupos económicos nacionales o consorcios internacionales. Santiago de Chile, febrero de 2022. Notas 1.- En nuestras Constituciones Políticas heredadas del siglo XIX, como la vigente desde 1833 hasta 1925, los ciudadanos no votaban directamente por el Presidente de la República. La condición de elector de Presidente recaía en un grupo reducido y casi vitalicio de mayores contribuyentes, elegidos por los ciudadanos de cada departamento, acreditados por su pecunio cada cinco años, en número triple al de los diputados correspondientes a cada departamento según cantidad de habitantes. Este sistema censitario e indirecto de elección presidencial, dejaba a las clases medias y con mayor razón a los pobres, fuera de la posibilidad de elegir a la autoridad máxima del país, y en 1920 sumaba 354 electores que inclinaron la balanza en favor del candidato de la Alianza Liberal, que venció por 179 votos contra 175 de Luís Barros Borgoño, representante de la Coalición Conservadora. El entonces Ministro de Guerra Ladislao Errázuriz y toda la Coalición, alentaron la falsa noticia de que los aliancistas estaban financiados por dinero peruano, en momentos en que un golpe militar en Bolivia hacía suponer la renovación de una alianza más agresiva contra Chile, estando pendientes la propiedad y soberanía definitivas de Tacna y Arica, mientras el nuevo gobierno boliviano denunciaba el incumplimiento de la promesa chilena de dar una salida compensatoria al mar perdido en la Guerra del Salitre. Los falsos rumores o “guerra de don Ladislao”, como cortina de humo para no reconocer el triunfo de Alessandri, trajo la movilización de voluntarios y reservistas, el ataque de las “Ligas patrióticas” a los descendientes de peruanos, bolivianos y dirigentes de la FOCH tanto en el norte como en Punta Arenas, así como el ataque alentado desde la Moneda al local de la FECH, dejando un reguero de muertos, heridos y encarcelados por el solo delito de simpatizar (ya que no estaban habilitados para votar) con un candidato que amenazaba los intereses de la canalla dorada, como llamó Alessandri a sus opositores, con los que posteriormente se reconcilió al punto de ser reelecto con el apoyo de toda la derecha en 1932, cuando lo entendieron como su salvador. 2.- Las familias se instalaron, sin experimentar violencia alguna, el 4 de marzo de 1969 y, como evidencia de que los dueños no manifestaron obstáculos a esa instalación, el sábado 8 de marzo el Comisario de Carabineros Rolando Rodríguez Malbrán fue a buscar al Diputado socialista Luis Espinoza Villalobos para visitar el campamento y en su presencia levantar una encuesta pidiendo nombres de los jefes de familia y número de personas, para luego señalarles que estuvieran tranquilos y trazaran bien las calles porque nadie les molestaría. Sin embargo el diputado recién electo fue detenido a la 1,40´de la madrugada por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es decir se trataba de sacarlo del escenario del crimen ante una contra orden que alteraba todo lo convenido. Fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Este diputado reelecto, fue hecho prisionero tras el golpe de Estado y asesinado bajo la recurrente figura de “ley de fuga”. |
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