noviembre 2022
El Ministerio Público pidió una pena de ocho años de cárcel el excarabinero Sebastián Zamora, imputado por presuntamente haber empujado al adolescente, de iniciales A.J.A.A. y de entonces 16 años, que cayó desde el Puente Pío Nono el 2 de octubre del 2020, un hecho que quedó registrado en un video y que ocurrió durante un viernes de manifestaciones e incidentes en Plaza Italia.
La fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien en el inicio del caso recibió amenazas, presentó la acusación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de homicidio frustrado, de acuerdo con El Mercurio.
En el escrito describe que ese día, alrededor de las 19:30 horas, "el imputado, encontrándose de servicio, recibe junto a un número mayor de funcionarios de distintas agrupaciones la instrucción de realizar una maniobra táctica denominada arremetida, consistente en el avance de un carro lanza agua y de persona de infantería".
En ese marco, según establece el Manual de Operaciones de Carabineros, la respuesta policial debe ser por etapas: dialogar, contener, disuadir, despejar, dispersar y detener.
En ese orden, la arremetida "se ordena en circunstancias en que se desarrollaba en el lugar una manifestación no autorizada, la que mantenía en parte interrumpida la circulación de vehículos, además de observarse algunas personas lanzando objetos contundentes al personal de Carabineros".
La acusación relata que, encontrándose la víctima sobre la vereda poniente del puente, de espaldas y corriendo hacia el norte, contiguo a la baranda y de manera paralela a ésta -que tiene una altura de 1,1 metros-, el imputado, quien también corría, "se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7,4 metros, desplomándose la víctima contra el lecho del río".
"El funcionario no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída", puntualiza, subrayando que, incluso, tras "observar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río, junto al resto de los funcionarios de Carabineros se retira del lugar".
El menor solo fue rescatado por civiles y resultó con lesiones de carácter grave: "Psicológicamente no me siento bien (...) esto me cambió totalmente", expresó cuatro meses después en una entrevista.
El abogado defensor de Zamora, Alejandro Peña, en tanto, aseguró que expertos trabajan en peritajes forense para "desvirtuar en forma tajante la imputación de la fiscalía, en cuanto a que hubiere realizado cualquier conducta destinada a dar muerte o lesionar a la víctima".
"Nunca, jamás quise empujarlo para que se cayera. Esto fue un accidente, algo absolutamente involuntario", había dicho, por su parte, el excarabinero, también en una entrevista que concedió sólo un par de días después de ocurrido el hecho.
Todas las partes querellantes secundaron la petición de la Fiscalía, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que previamente había presentado una acusación particular, que agrega el delito de apremios ilegítimos y solicita 12 años de cárcel.
La audiencia de preparación del juicio oral fue citada para el próximo 7 de diciembre. En el proceso, la Fiscalía espera incorporar 69 testigos -civiles y policías-, seis peritos, prueba docuemtnal y evidencia material, según consigna radio Cooperativa.
La fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien en el inicio del caso recibió amenazas, presentó la acusación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de homicidio frustrado, de acuerdo con El Mercurio.
En el escrito describe que ese día, alrededor de las 19:30 horas, "el imputado, encontrándose de servicio, recibe junto a un número mayor de funcionarios de distintas agrupaciones la instrucción de realizar una maniobra táctica denominada arremetida, consistente en el avance de un carro lanza agua y de persona de infantería".
En ese marco, según establece el Manual de Operaciones de Carabineros, la respuesta policial debe ser por etapas: dialogar, contener, disuadir, despejar, dispersar y detener.
En ese orden, la arremetida "se ordena en circunstancias en que se desarrollaba en el lugar una manifestación no autorizada, la que mantenía en parte interrumpida la circulación de vehículos, además de observarse algunas personas lanzando objetos contundentes al personal de Carabineros".
La acusación relata que, encontrándose la víctima sobre la vereda poniente del puente, de espaldas y corriendo hacia el norte, contiguo a la baranda y de manera paralela a ésta -que tiene una altura de 1,1 metros-, el imputado, quien también corría, "se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7,4 metros, desplomándose la víctima contra el lecho del río".
"El funcionario no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída", puntualiza, subrayando que, incluso, tras "observar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río, junto al resto de los funcionarios de Carabineros se retira del lugar".
El menor solo fue rescatado por civiles y resultó con lesiones de carácter grave: "Psicológicamente no me siento bien (...) esto me cambió totalmente", expresó cuatro meses después en una entrevista.
El abogado defensor de Zamora, Alejandro Peña, en tanto, aseguró que expertos trabajan en peritajes forense para "desvirtuar en forma tajante la imputación de la fiscalía, en cuanto a que hubiere realizado cualquier conducta destinada a dar muerte o lesionar a la víctima".
"Nunca, jamás quise empujarlo para que se cayera. Esto fue un accidente, algo absolutamente involuntario", había dicho, por su parte, el excarabinero, también en una entrevista que concedió sólo un par de días después de ocurrido el hecho.
Todas las partes querellantes secundaron la petición de la Fiscalía, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que previamente había presentado una acusación particular, que agrega el delito de apremios ilegítimos y solicita 12 años de cárcel.
La audiencia de preparación del juicio oral fue citada para el próximo 7 de diciembre. En el proceso, la Fiscalía espera incorporar 69 testigos -civiles y policías-, seis peritos, prueba docuemtnal y evidencia material, según consigna radio Cooperativa.
24 noviembre 2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario