por El Mostrador 14 noviembre, 2022
El impacto del plebiscito de salida sobre la nueva Constitución a principios de septiembre ha sido enorme para el ejercicio de la normalidad política del país. Se advierte en el cambio de talante de los sectores políticos que resultaron vencedores, tanto para presionar las obligaciones del Gobierno como para percibir su propio rol en el escenario posplebiscito. Su tránsito, desde posturas defensivas extremas, a un cuestionamiento abierto de la legitimidad política de la coalición gobernante, parece excesivo. Como lo es también concluir que la derrota del Apruebo implica un reajuste político global de la sociedad chilena y que ellos, ahora, son los titulares absolutos del poder redistribuido.
Tal error conceptual y de apreciación se ha ido atemperando con el paso de los días. Pero esa mirada se mantiene e influye en la manera de ver ciertos hechos relevantes del buen funcionamiento de la democracia en el país. En esa óptica han puesto la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, y las obligaciones y responsabilidades que implica. Entre otras, la entrega de la información que estas autoridades les pidan, en el ejercicio de sus funciones y competencias de que están investidas por ley.
No existe ni nunca existió razón administrativa de fondo alguna para que la solicitud del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein Silber, de que se le enviaran los programas de estudio de las instituciones castrenses, la nómina de profesores y la bibliografía vigentes, generara una ola de prevenciones de seguridad –campaña de prensa por medio–, calificando el hecho como indebido e infiltración comunista de nuestras (sic) FF.AA. Solo por la razón de ser, el subsecretario, militante del Partido Comunista.
En una democracia formal, con sus instituciones funcionando a plena cabalidad, la obediencia militar al poder civil no tiene peros, menos de carácter ideológico. Más aún, la ley contempla cuáles son los procedimientos para observar una orden del superior, tanto entre militares como de estos respecto a los civiles responsables políticos de la Defensa Nacional. Sea del Presidente de la República, del ministro de la cartera o del subsecretario responsable de la administración operativa civil correspondiente. Cualquier hecho que se salga de esta línea de acción, se pone en curso de insubordinación y, eventualmente, de la comisión de un delito.
Por ello llama la atención que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un acto impropio tanto por la legalidad de la materia como por el destinatario de la citación, convocara al subsecretario Eidelstein (y no a la ministra Maya Fernández) para que explicara el alcance de su solicitud. Algunos han llegado a hablar de una “probable intención política de intervenir en la formación del personal militar”.
Lo extremo provino de las declaraciones del exministro de Defensa Baldo Prokurica, quien sostuvo que “la solicitud del subsecretario Galo Eidelstein está dentro de sus atribuciones”. Sin embargo, añadió, causa preocupación el uso que pueda hacer con esa información “nunca antes solicitada por una autoridad de Defensa”. Ello, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas determina que “la formación y perfeccionamiento de las FF.AA., debe ser impartida por las respectivas instituciones, de acuerdo con sus propios planes y programas de estudio”.
Es un hecho irregular que ninguna de las autoridades de ese ministerio, desde que se recuperó la democracia, se haya preocupado de requerir la información pertinente sobre qué y con qué eficiencia se gastan los recursos de las Fuerzas Armadas. Así, pese a lo que dice la Ley Orgánica, poco o nada se sabe del espesor y calidad de las clases de ética que los alumnos de la Escuela Militar reciben de la Universidad del Desarrollo, estrechamente vinculada a la UDI, con la cual tiene convenio el Ejército de Chile.
Lo solicitado por el subsecretario no es material clasificado ni secreto y debiera estar disponible para todos los ciudadanos en el sitio web de cada institución. En el caso de la Escuela Militar, en el mismo sitio web que fue hackeado hace no muchas semanas.
Aunque no es un problema solo de este Gobierno sino de todos los que lo han precedido desde 1990 hasta hoy, nunca ha existido una administración civil profesional de la Defensa, y, salvo escasas excepciones, los equipos de asesores que pasan por sus oficinas son directamente tributarios de las aspiraciones políticas de quienes llegan a ocupar los cargos políticos del ministerio. Este ha sido un ministerio para ajustes de gabinetes, y no una prioridad política y con voluntad de profesionalización.
Ello explica, en parte, tanto los bochornos de ciberseguridad en el país como los hechos de corrupción en los altos mandos de las FF.AA. También la frase del exministro Prokurica sobre una información nunca pedida antes. Pero no sirve para explicar la falta de cuidado cívico a la hora de sentarse a ocupar un cargo político en el Ministerio de Defensa. El mundo militar es una organización cerrada, apegada a tradiciones y símbolos, que no cambian tan fácilmente como los ministros o subsecretarios, y que por su formación reacciona desde la desconfianza y el riesgo.
Sin perjuicio de lo señalado, para entender el valor permanente de las Fuerzas Armadas en el país, no basta solo conocer y exigir su acatamiento irrestricto al orden constitucional, con sus derivados de obediencia, honor, lealtad y verdad. También las formas y la prudencia importan, a propósito del subsecretario Galo Eidelstein y la conformación de su equipo de cercanos –centrado injustificadamente en el Partido Comunista–, y sus modos para trabajar con los militares.
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