Por: Joaquín Castro Mauro | Publicado: 24.11.2022
Abogado Mauricio Daza |El experto penalista cuestiona que La Moneda se haya inclinado por José Morales para fiscal nacional. «Me desconcierta que una persona como Gabriel Boric, que llegó con un discurso muy crítico respecto a estas prácticas, hiciera este movimiento», dice en entrevista con El Desconcierto. Además, critica que «se hipoteque» a la derecha la persecución penal de los próximos ocho años.
La elección de José Morales como la carta presidencial para el puesto de fiscal nacional ha generado muchas críticas por sus lazos con el mundo político y su rendimiento en investigaciones que ha comandado.
Una de las personas que ha conocido el trabajo de Morales de cerca es el abogado Mauricio Daza (50), quien fue querellante en el bullado Caso Cascadas, donde el fiscal lideraba el equipo investigador del Ministerio Público.
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En conversación con El Desconcierto, el exconvencional y experto penalista es tajante en su valoración del aspirante a fiscal nacional. “Se cayó más bajo que con Abbott. Acá se está tratando de buscar a alguien que entregue tranquilidad al poder y a los intereses que están detrás de su candidatura”, sostiene.
Daza considera que La Moneda apostó por Morales basado en un cálculo político, y así evitar un conflicto en el Congreso, en lugar de seguir con su idea inicial de cambiar el curso de las investigaciones del Ministerio Público. “Esto da cuenta de la debilidad que tiene el gobierno”, dispara.
– ¿Cómo definiría la elección del fiscal Morales?
Es una decisión sorprendente porque finalmente José Morales era el candidato apoyado por sectores del piñerismo y también de la antigua Concertación, vinculados a Guido Girardi, los que ya habían operado en la elección anterior de Jorge Abbott.
Hay que recordar que el candidato que estaba impulsando el Senado en esa ocasión era el mismo José Morales, básicamente porque daba garantías en los casos de financiamiento ilegal de la política que involucraba a varios senadores. Con Morales podían ser desarticuladas y quedar en nada.
En ese contexto, me desconcierta que una persona como Gabriel Boric, que llegó con un discurso muy crítico respecto a estas prácticas, hiciera este movimiento. En ese sentido nos encontramos frente una designación que habría sido probablemente la misma que habría adoptado José Antonio Kast, si es que hubiese sido elegido.
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– ¿A qué cree que se debe esta decisión entonces?
Esto da cuenta de la debilidad que tiene el Gobierno. Porque se prefirió evitar un conflicto político que jugársela por un nombre de su gusto. Eso podría deberse a un cálculo a futuro, porque proyectan que las iniciativas del Ejecutivo no tienen los votos para los efectos de poder avanzar y creo que se ha privilegiado no tener un conflicto puntual.
Además, el gobierno lo hace hipotecando a la derecha la persecución penal de los próximos ocho años. En ese sentido, creo que también se ha actuado con un poco de desidia por parte del Presidente, tomando una decisión trascendente que va a tener un impacto gigantesco y que va mucho más allá del período de su mandato.
– ¿Qué hubiera dicho Boric, si siguiera siendo diputado, por este nombramiento?
Probablemente daría un punto de prensa para cuestionar la designación de José Morales. Además, hay que señalar que esto se da en un contexto donde el Ministerio Público está investigando la existencia eventual de delitos de lesa humanidad donde aparecen imputados Sebastián Piñera, Andrés Chadwich y Gonzalo Blumel.
En ese sentido, colocaron a una persona como fiscal nacional que ha sido objeto de duras críticas por parte de los familiares de las víctimas de el Caso Kayser, que han reclamado que no existe un ánimo de investigación real por parte del fiscal a cargo de la causa, que es José Morales.
– ¿Cree que no se tomaron en cuenta estos antecedentes?
No creo. Además, es derechamente insólito que se denomine a un puesto de esa importancia a una persona que estuvo a cargo de una investigación a partir de la cual se generó un reproche por parte de la OCDE por no cumplir con los estándares vinculados a la persecución penal de hechos de corrupción.
Me refiero al Caso LAN, donde sus directivos habrían pagado coimas al entonces ministro de Transporte argentino. El directorio de la empresa era presidido por Sebastián Piñera.
– ¿Qué rol cumplió el fiscal Morales en ese caso?
Estos antecedentes llegaron a Chile y fueron recibidos por el fiscal Morales, quien no realizó absolutamente ningún tipo de actuación sustancial para investigar esta imputación. Es más, archivó la causa después de algunas semanas.
Sin embargo, tiempo después LAN fue sancionado en Estados Unidos por 20 millones de dólares para los efectos de llegar a un acuerdo reconociendo responsabilidad precisamente en el pago de este de coimas a funcionarios públicos argentinos.
Entonces, la gran pregunta que quedó en el aire, y que nunca se pudo dilucidar, es por qué José Morales cerró y archivó esta investigación sin hacer nada.
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«No se sabe qué es lo que se negoció»
– ¿El gobierno no tuvo la capacidad de impulsar a sus candidatos en la Corte Suprema?
Claramente no, porque al final los candidatos del gobierno ni siquiera llegaron a la quina final. No obstante, esto muestra que el proceso de asignación de Fiscal Nacional es inadecuado debido a que las nominaciones tienen muchos espacios de oscuridad donde no se sabe muy bien cuáles son los criterios objetivos a partir de los cuales se va a elegir un puesto tan importante.
El gran problema con todo esto es que no sabemos cómo realmente se designa la quina de la Corte Suprema. La que en esta oportunidad incluyó nombres y cada uno correspondía a determinados intereses que no eran visibles.
En esta oportunidad llegamos una quina que era muy mala y que además se hizo con un sentido político. Porque era bien sabido que, de los 17 postulantes originales, había muchos que eran de gusto del gobierno, principalmente Patricia Muñoz, y se dejaron afuera personas que yo diría que tenían un mejor perfil en términos de antecedentes académicos y experiencia litigando que aquellos que finalmente fueron incluidos.
– ¿La quina respondió a intereses políticos?
Efectivamente, y no hubo transparencia respecto de la manera en que se designó. Ahora la nominación del nombre por parte del Presidente también aparece como algo bastante oscuro porque se dejó la designación para el último día.
En un primer momento se dijo que se iba a nombrar antes del viaje del Presidente a Tailandia, sin embargo, se extendió el plazo para consultar al Senado. Pero no se sabe qué es lo que se negoció, nadie sabe absolutamente nada y aparece el último día nombrando José Morales, que es el candidato levantado por el piñerismo y que aparece apoyado públicamente por personas como Darío Calderón, un operador de los grandes grupos económicos en nuestro país.
Teniendo sobre la mesa todo esto, aparece mágicamente su nombre como si nada, y el Presidente se va a México sin dar ninguna explicación. Probablemente esto se va a ratificar muy rápido en el Senado y ahí está el fiscal nacional por los próximos ocho años. Esto no es algo aceptable en una democracia.
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– ¿Cuáles son los efectos políticos de esta designación?
Yo creo que esta decisión a mediano plazo no le va a costar ni un voto en las urnas al gobierno, porque se va a tratar de diluir. Además, es una decisión transversal, porque Morales garantiza la idea de impunidad para las altas autoridades y los grandes empresarios involucrados en delitos de corrupción.
Se apuesta por él porque es un fiscal que, aunque no ha tenido resultados relevantes y no es un gran investigador, es de terreno, toma audiencias todos los días y eso podría ayudar de alguna manera a mejorar la persecución criminal de delitos de mayor incidencia social. En específico las nuevas formas de criminalidad que están apareciendo con fuerza en nuestro país.
Entonces, la verdad es que yo creo que acá se está tratando de capear el temporal. Estamos frente a un gobierno débil, ninguna de las reformas estructurales que se comprometió en el programa son viables porque no tiene la mayoría en el Congreso y requieren más del 50% de los votos.
– ¿Este nombramiento se hizo para sobrevivir?
Puede ser, porque el primer objetivo del gobierno, en la práctica, es sobrevivir de aquí a los próximos tres años que le quedan. En ese contexto tratar de mejorar las posibilidades electorales de su coalición.
El problema es hasta qué punto se pueden sacrificar ámbitos que son relevantes.
– ¿Hubo una traición del Gobierno respecto a su idea original y lo que terminó saliendo?
El fiscal nacional lo designó la derecha con ciertos sectores de la antigua Concertación. Se impuso esa realidad frente a un gobierno que es muy débil y que no tiene mucho espacio para poder actuar.
Marta Herrera podría haber sido un nombre mejor, aunque tampoco era bueno, porque ella estaba a cargo de la Unidad Anticorrupción durante todo el período en que Abbott fue fiscal nacional y protagonizó muchas de las medidas que se terminaron diluyendo y desarticulando las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política.
Sin embargo, a pesar de lo malo, era un mejor nombre que José Morales.
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«Pedimos que se removiera al fiscal Morales»
– ¿Qué garantías entrega Morales como máxima autoridad del Ministerio Público?
Gran parte de la carrera de José Morales se explica por la falta de normas al interior de la institución que permitan asignar funciones y cargos en su interior a partir de criterios objetivos de mérito. Básicamente, esto se establece a partir de criterios de cercanía con el fiscal regional de turno o del fiscal nacional, según sea el nivel de la designación.
José Morales es alguien que partió con la reforma procesal penal y es uno de los fiscales más antiguos. Sin embargo, mucho de su ascenso se explica precisamente por este tipo de cercanía con las personas que están siendo nombrados como fiscales regionales.
– ¿Y su perfil como investigador?
Este quedó retratado con el Caso Cascadas, donde se estaba investigando probablemente el fraude más importante del mercado de valores, cuyo protagonista era Julio Ponce Lerou.
Nosotros habíamos solicitado como querellantes muchas diligencias. Pero lo que recibimos fue una demora injustificada en la tramitación de estas, sumado a la desidia manifiesta en poder llevar adelante una investigación seria y contundente.
Pedimos que se removiera el fiscal Morales, entonces ocurrió algo que es bastante inusual. El entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, tomó en consideración lo que habíamos señalado y viendo que la carpeta investigativa no había avanzado y estaba desordenada, cambia a José Morales y designa Andrés Montes, que era el fiscal regional metropolitano centro norte, y que la llevó delante de una manera correcta y adecuada.
Otro de los casos es La Polar, donde llegó a un acuerdo con los imputados que no pagaron con cárcel un fraude bastante grande. Lo mismo con el Pacogate, Morales tuvo los antecedentes de Unidad de Análisis Financiero dos años antes de que explotara, pero derivó los antecedentes a la Dipolcar liderada por Bruno Villalobos en ese momento. Esa es su manera de trabajar.
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– ¿Ha tenido algún triunfo concreto Morales?
Uno de los triunfos, si así se le puede considerar, es el caso de Rafael Garay donde insólitamente el tribunal condenó al imputado a una pena superior a la que estaba solicitando Morales. Eso es muy extraño.
Habitualmente, lo que hace la Fiscalía es pedir una pena máxima legal en términos razonables, a partir de la aplicación de las normas que definen precisamente las penas. En este caso, condenaron a Garay, pero el tribunal dijo que Morales estaba pidiendo poca pena.
– ¿Con Morales se continúa la línea de Abbott?
Se cayó más bajo. Acá se está tratando de buscar a alguien que entregue tranquilidad al poder y a los intereses que están detrás de su candidatura.
En su favor, quizás se permita mejorar la investigación de los delitos de mayor incidencia social, obviamente donde no están involucrados grandes empresarios ni altas autoridades como el narcotráfico o los delitos los robos con violencia entre otras.
A pesar de esto, José Morales no tiene investigaciones que sean efectivas o que permitan una adecuada persecución penal de esos delitos.
– ¿Se debería reducir la duración del cargo?
Totalmente. Ocho años para fiscal nacional es demasiado y también es necesario establecer mayor exigencia para postular al cargo.
Actualmente, se establece que tiene que tener 10 años de abogado y ser ciudadano para ser candidato. Eso es poco razonable, hay que mejorar el estándar legal y también generar un proceso donde exista mucho más debate público de cara a la ciudadanía.
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