Por: Carolina Ceballos, con información de comunicado de prensa | Publicado: 21.11.2022
En una declaración conjunta, ANFUCULTURA, AFUCAP y los Sindicatos de honorarios de Valparaíso y Santiago, repudiaron el voto de la oposición en la Cámara que amenaza no sólo funcionamiento de entidades como Londres 38 y el INDH, sino además pone en riesgo a sus trabajadores.
Considerando la postura que asumieron la oposición y la ultraderecha la semana pasada, en el contexto de la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados en el Presupuesto 2023, organizaciones de trabajadores de la Subsecretaría de las Culturas acusaron un “veto ideológico” del sector.
«Si bien fueron aprobadas íntegramente a las 21 partidas», aseguran quienes suscriben la declaración, se redujeron y eliminaron «programas de Segegob y Cultura vinculados a memoria y de derechos humanos», además de desestimarse «el financiamiento anual del INDH».
«ANFUCULTURA, AFUCAP y los Sindicatos de honorarios de Valparaíso y Santiago, repudian el actuar negacionista con que la extrema derecha, hoy con representación en el Congreso, pretende darse un gusto’, borrando la memoria y la cultura basados en la más absoluta ignorancia», plantea el documento.
Y adicionalmente, aseguran que «resulta preocupante ver cómo autoridades elegidas con votos de la ciudadanía celebran por las redes como si se tratara de un deporte, su censura a programas que se sustentan en nociones básicas de la vida democrática como la memoria y su vinculación con el patrimonio», dicen luego de que en Twitter, parlamentarios de ultraderecha se refirieran a la votación del 17 de noviembre, festinando con su postura al respecto.
«Pero lo que resulta alarmante, es el rechazo íntegro del presupuesto que el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural entrega a espacios de reflexión, investigación y memoria como la Villa Grimaldi, Londres 38, la Casa de la Memoria, la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, Fundación Salvador Allende y el Museo de la Memoria, entre otros, que además de afectar el acceso de la ciudadanía a archivos, contenidos, investigaciones y actividades destinadas a conservar y mantener la memoria, afectará a cientos de trabajadores y trabajadoras que pagarán el costo de esta nueva razzia de la derecha contra la dignidad y la justicia», agregan.
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Y a renglón seguido, hacen una convocatoria para revertir esta tendencia, atendiendo además al paso del proyecto por otras instancias legislativas. «Nuestras organizaciones llaman a las autoridades parlamentarias, en donde el proyecto volverá con indicaciones del Ministro de Hacienda tendientes a reponer los ítems eliminados, a estar a la altura de lo que un país puede esperar en términos del resguardo de su memoria y su cultura».
«Son las autoridades parlamentarias y sus asesores las que tienen el deber y los recursos para autoeducarse respecto a temas globales en los que aún no distinguen su transversalidad, más allá del lado de la historia del que eligen estar», releva el escrito luego.
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Por último, aluden al impacto que tiene esta radical actitud de la oposición en los funcionarios involucrados en los programas cuestionados por este sector. «Este rechazo afecta también a las y los trabajadores fiscales de patrimonio, quienes se encuentran movilizados y en paro por mejores condiciones laborales, con quienes solidarizamos. Por lo tanto, no es posible tolerar que quienes han estado del lado de la represión y las violaciones a los derechos humanos ayer y hoy, sigan impulsando desde el Parlamento, políticas negacionistas que destruyen la memoria de los años más oscuros de la dictadura militar”, concluyen.
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