OPINIÓN
Violencia contra las mujeres y el costo de no prevenir
por Claudia Sanhueza 25 noviembre, 2022
La violencia contra las mujeres es un problema estructural que afecta su autonomía y limita sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad. Día a día, las mujeres enfrentan diversas formas de violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica, que tienen consecuencias no solo para ellas, sus familias y comunidades, sino también para el Estado.
Abordar la violencia requiere gasto público en dos dimensiones. Primero, un gasto directo para atender las consecuencias, principalmente mediante servicios de atención en salud (por el daño ocasionado), programas de protección para niñas y niños vulnerados en sus derechos, justicia (tiempo para cursar denuncias, desembolso en materia de fiscalía y juicio), el sistema penitenciario (costos de prisión de agresores); y para medidas de prevención a través del sistema educativo, campañas comunicacionales, programas de formación profesional, programas de financiamiento para emprendedoras, entre otros. Y, segundo, un gasto indirecto, debido a que los efectos de la violencia, que incluyen ausentismo laboral, la pérdida de productividad en el trabajo y la pérdida de empleos, redundan en la diminución de impuestos vía ingresos y la baja en la productividad de las empresas.
La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, un serio problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo. En ese sentido, calcular el impacto económico de este problema ayuda a visibilizar las múltiples dimensiones de la vida de las mujeres y las comunidades que se ven afectadas, y a enfatizar la necesidad de una respuesta integral en el menor tiempo posible. ONU Mujeres estimó en 2016 que los efectos de la violencia contra las mujeres pueden costar el 2% del PIB global. Existen además costos que aún no son medibles, derivados del daño emocional que afecta a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, por varias generaciones.
Para enfrentar con fuerza este problema, el proyecto de Presupuestos 2023 incluye $20.231 millones para los programas de atención, protección y reparación integral de violencia contra las mujeres del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estos recursos permitirán financiar 113 Centros de la Mujer, 44 casas de acogida, cinco Centros de Atención y Reparación en Violencia Sexual, una Casa Acogida para Mujeres por la Trata de Personas, siete Centros de Atención y Reparación Integral y un Centro de la Mujer Sorda, entre otros.
Destaca también la inclusión de la prestación en las Garantías Explícitas en Salud (GES) para la atención integral a víctimas de violencia sexual y recursos para la implementación de la ley de monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar (VIF), tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, se amplían las plazas en el servicio Mejor Niñez para la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos (133.673 nuevas plazas).
Para prevenir la violencia de género y erradicarla en todas sus formas, es clave fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Para eso, se deben robustecer los esfuerzos ya en marcha, asegurar la eficiencia de la inversión en programas de generación de empleo, formación, apoyo a trabajadoras que son madres, fomento al emprendimiento y apoyo económico a cuidadoras. La violencia contra las mujeres es un problema que vivimos nosotras pero que afecta a toda la sociedad. Si lo asumimos como un problema colectivo, nos hacemos parte de su solución.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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