OPINIÓN

Crisis en Carabineros y el Ejército en dos palabras: “Nos mintieron”

por Germán Silva Cuadra 28 noviembre, 2018

La verdad es que en el último tiempo ambas importantes instituciones del país han seguido hermanadas, aunque de tumbo en tumbo o, más bien dicho, en caída libre. La estrategia de reposicionamiento de la dañada imagen de Carabineros ha terminado convirtiéndose en un búmeran. Recordemos el bochornoso plan “conversemos un café”, el que terminó como uno de los sucesos del año a nivel de memes. Luego nos enteramos de grupos que operaban en asociación con bandas de delincuentes, y el episodio del famoso Comando Jungla fue la gota que rebasó el vaso. Y en el Ejército, la cosa siguió el mismo patrón con la torpeza del comandante en Jefe de repetir una frase en la que reconoció que una organización criminal operaba al interior de la institución, algo así como reconocer la existencia de "narcomilicos". Y qué decir del caso conocido como “agencia de viajes” castrense, en el que se pacta un precio, es facturado a un organismo del Estado, para después pedir el dinero en efectivo, aludiendo que prefería bajar de categoría de hotel o de cabina de un avión. Eso es un delito en cualquier parte del mundo.

Qué duda cabe, acercándonos ya a la hora de los balances de este agitado 2018, las crisis de Carabineros y el Ejército estarán entre los hechos más relevantes del año. Paradójicamante, esto viene a ocurrir 28 años después de la recuperación de la democracia y ni más ni menos que en un Gobierno de derecha. Y la historia es más o menos conocida: Pinochet no habría de abandonar el pedestal –que un sector de la elite de derecha lo tuvo por décadas– por un caso de DDHH, pero sí, en cambio, por las oscuras platas del Riggs.

Lo cierto es que ambas instituciones debieron invertir mucha energía en el intento de recuperar la confianza perdida por la ciudadanía durante la dictadura. Carabineros lo había logrado con éxito, reflejándose en el hecho de ocupar el primer lugar en credibilidad hasta hace poco más de un año. Hoy, la policía uniformada se encuentra ubicada de la medianía de la tabla hacia abajo en todos los rankings y encuestas públicas, disputando no quedar en zona de descenso con una Iglesia abrumada por los casos de abusos, obispos retirados y curas expulsados y, por supuesto, con el Congreso Nacional que sigue en el último lugar desde hace ya un tiempo, principalmente desde que se transparentaron los aportes ilegales, “raspados de olla” y los escándalos asociados a los casos SQM, Caval y Penta. Está claro, 2018 ha sido el año de la crisis de las instituciones en Chile.

Ambos casos sorprenden por el nivel de coincidencias, especialmente en lo relativo a viejas prácticas que significaban para un número importante de oficiales gozar de privilegios que les permitían aumentar sus ingresos de manera totalmente irregular. Las cosas por su nombre: cuando alguien se pone de acuerdo con una agencia de viajes, pacta un precio, se lo factura a un organismo del Estado, para luego pedir el dinero en efectivo, aludiendo que prefería bajar de categoría de hotel o de cabina de un avión, es un delito en cualquier parte del mundo.

¿Cuál es la diferencia penal y ética de esa conducta y la de un grupo de altos oficiales de Carabineros que el año pasado protagonizaron el llamado “Pacogate”? Una muy importante: el alto mando de la institución policial aseguró no haber conocido del caso hasta el momento en que explotó mediáticamente, de hecho, el ex general Villalobos incluso dijo que se había “enterado por la prensa”. Además de la torpeza de repetir una frase que tiene una connotación conocida por todos, de fondo, reconoció que una organización criminal operaba al interior de la institución. En el caso de la “agencia de viajes” castrense, desde el más alto nivel –le costó el puesto al segundo de a bordo– se insinuó que esto era una forma de compensar los bajos ingresos de sus oficiales. O sea, lo conocían y justificaban.

Una tercera situación en que se asemejan el Ejército y Carabineros en estos días, es que ambos han presentado un peligroso cuadro de falta de respeto al mando. Al general Hermes Soto le mintieron dos altos oficiales y, por supuesto, todos quienes intervinieron en el caso Catrillanca. Y para colmo se pusieron de acuerdo y mantuvieron su versión por un par de días. Eso hizo que la Dirección de Comunicaciones de la institución diera múltiples versiones de los hechos. Que eran del Comando Jungla; luego, que no. Que Camilo Catrillanca había participado en el robo de la escuela. Que no había grabaciones, después que sí y al final nos quedamos con que fueron destruidas por el autor de los disparos para proteger imágenes de su vida personal. En el caso del Ejército, el electrizante discurso de su comandante en Jefe, Ricardo Martínez, ante 800 oficiales en la Escuela Militar, fue filtrado casi íntegramente, ni más ni menos que al semanario The Clinic. ¿Y la disciplina en esta rama de las Fuerzas Armadas? O sea, ¿de aquí en adelante Martínez –y todo el alto mando– deberán requisar los teléfonos antes de una reunión? ¿O poner detector de metales, como me señaló un alto ex oficial de esa institución?

La verdad es que en el último tiempo ambas importantes instituciones del país –estoy convencido de eso– han seguido hermanadas, aunque lamentablemente, de tumbo en tumbo o, más bien dicho, en caída libre. Sin ir más lejos, la estrategia de reposicionamiento de su dañada imagen por parte de Carabineros ha terminado convirtiéndose más bien en un búmeran. Recordemos el bochornoso plan “conversemos un café”, el que terminó como uno de los sucesos del año a nivel de memes. Luego nos enteramos de grupos que operaban en asociación con bandas de delincuentes y una serie de situaciones que dañan su reputación.

Sin embargo, el episodio del famoso Comando Jungla –hoy nadie reconoce quién lo bautizó así– fue la gota que rebasó el vaso. Una cadena de errores desafortunados, que incluso hacen pensar en una suerte de autoboicot, porque no se explica cómo es posible tanta improvisación, falta de preparación para enfrentar situaciones de crisis, precisamente en una de las organizaciones que ha vivido más de un año pegada en esa categoría. Las contradictorias versiones de la cámara que portaba solo uno de los policías, junto a la frase “nos mintieron” –que dejó bastante mal parado al Gobierno–, quedarán como estudio de caso de gestión de crisis en el capítulo “Lo que usted nunca debe hacer”. La afirmación, que provino desde el propio general director, pasa a tomar la delantera de las frases más desafortunadas del 2018, incluso amenazando con ganarle al “bingo” del ex ministro Varela.

Una tercera situación en que se asemejan el Ejército y Carabineros en estos días, es que ambos han presentado un peligroso cuadro de falta de respeto al mando. Al general Hermes Soto le mintieron dos altos oficiales y, por supuesto, todos quienes intervinieron en el caso Catrillanca. Y para colmo se pusieron de acuerdo y mantuvieron su versión por un par de días. Eso hizo que la Dirección de Comunicaciones de la institución diera múltiples versiones de los hechos. Que eran del Comando Jungla; luego, que no. Que Camilo Catrillanca había participado en el robo de la escuela. Que no había grabaciones, después que sí y al final nos quedamos con que fueron destruidas por el autor de los disparos para proteger imágenes de su vida personal. En el caso del Ejército, el electrizante discurso de su comandante en Jefe, Ricardo Martínez, ante 800 oficiales en la Escuela Militar, fue filtrado casi íntegramente, ni más ni menos que al semanario The Clinic. ¿Y la disciplina en esta rama de las Fuerzas Armadas? O sea, ¿de aquí en adelante Martínez –y todo el alto mando– deberán requisar los teléfonos antes de una reunión? ¿O poner detector de metales, como me señaló un alto ex oficial de esa institución?

Ahora, si la policía ha estado pasando por una fuerte tensión y crisis de credibilidad, el problema de los militares es claramente más grave. Este último mes ha sido fatal. A la “agencia de viajes”, denuncias por malversaciones en la misión de Haití, y llamado a retiro a 21 generales, se suman los nuevos temas que Martínez dejó instalados en la opinión pública y que, por supuesto, despertaron el interés de fiscales y tribunales de justica. El general informó de un lucrativo emprendimiento de algunos –ojo, es importante resaltar el "algunos"– oficiales: proveer de armamento a narcotraficantes. Además, se ganó la molestia de la Fuerza Aérea y la Armada al afirmar que las prácticas irregulares no solo eran privativas del Ejército. De seguro, la ministra en visita Romy Rutherford y la Contraloría ya tomaron nota.

Pero, sin duda, la alusión al sistema de jubilación de los uniformados dejó una gran interrogante respecto a si esta filtración fue tan inocente. La frase “uno debe ser estratega, el bien a cautelar son las pensiones, son algo que hay que hay que cuidar con dientes y muelas”, pareciera ser una suerte de advertencia, tanto al Ejecutivo como al mundo político. Hasta ahora, las FF.AA., frente al anuncio de que la carrera militar podría aumentar en 5 años, habían guardado silencio. Y esto es lo que corresponde en una democracia. Esta “licencia” –de opinar de un proyecto de ley en desarrollo– que se dio el general Martínez es un hecho delicado. Si hasta La Moneda lo entendió así.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.