Autor: Catalina Batarce
JUE 29 NOV 2018 | 07:33 PM
En cuestión de días, o incluso horas, el capitán Rafael Harvey Valdés sabrá su futuro en el Ejército, la institución a la que pertenece desde que tenía 16 años, y la misma de la que formaron o forman parte su hermano, padre, abuelo, bisabuelos e incluso tatarabuelos. Un hombre cuyo apellido tiene tradición en la denominada “familia militar”, pero que, sin embargo, está en una posición incómoda por enfrentarse al mismo cuerpo del que forma parte.
Un recurso de protección presentado por él ante la Corte de Apelaciones -es decir, la justicia civil y no la militar- reclamando por lo que él describe como una denegación arbitraria de su ascenso al interior del Ejército le provocó el más reciente dolor de cabeza a la institución: fue a raíz de esa causa que la entidad castrense tuvo que reconocer que había infringido sus propios protocolos a la hora de decidir los ascensos, promoviendo a efectivos que tenían causas abiertas por fraude al fisco.
La última semana no ha sido fácil para Harvey. Y no sólo por la causa judicial. El pasado jueves, The Clinic publicó el audio de una reunión “privada” en que el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, reveló ante cerca de 900 oficiales graves irregularidades que vinculan a subordinados. Sus dichos desataron una ola de cuestionamientos –incluyendo órdenes de La Moneda para que entregara los antecedentes a la Justicia- y reinstalaron los cuestionamientos hacia la institución castrense, que ya está siendo investigada por la ministra en visita, Romy Rutherford, por gastos fuera de norma en pasajes.
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Y aunque se ha mantenido la reserva de la fuente de información, cuentas anónimas en redes sociales comenzaron a apuntar Harvey como el supuesto filtrador. Esto, en medio del anuncio de Martínez de que iniciará una acuciosa investigación –que incluye acciones legales-, por el “peligro” que podría significar el tema para la institución.
El capitán Harvey mide sus palabras. Dice a La Tercera que pretende hablar más en extenso cuando el ministro Alberto Espina defina qué va a ocurrir con su carrera en el Ejército, lo que podría ocurrir este mismo viernes. Sin embargo, sí deja en claro que no hay ninguna prueba de las denuncias anónimas.
-El mismo medio desmintió la información, pero en la era de la post verdad quedó casi instalado en algunas redes que habría sido yo. No hay prueba de eso- asegura Harvey, para luego agregar un punto que revela su tensa espera:
-Prefiero no referirme a las acciones del comandante en jefe. Podría hablar más cuando esté la decisión concreta respecto a mi retiro.
Denuncias y presentaciones
Rodeado siempre de militares, a Rafael Harvey jamás se le pasó por su cabeza que se le atribuiría la filtración de información que hoy tiene al Ejército, y a su principal hombre, sumidos en una crisis.
El hoy capitán, de 38 años, ingresó a la Escuela Militar en 1997, egresó en 2000 como oficial instructor intérprete y, además, juró como abogado en abril de 2016. Es padre de dos niñas de 1 y 3 años, ha señalado que no se identifica con ningún partido político y entre las unidades que integró se encuentra la denominada División de Doctrina.
Ahí, dicen sus cercanos, trabajó en las Tablas de Organización y Equipo de las Unidades Ejército (TOE), donde se manejan algunos de los documentos más sensibles que se guardan en el Ejército.
Fue a partir de 2015 -como se desprende de sus recursos en tribunales- que sus acciones comenzaron a llamar la atención del Alto Mando, pues ese año, cuando se desempeñaba en el Regimiento Tacna, denunció un acto “reñido con lo correcto, con la ley y con la ética” que involucraba a efectivos en ejercicio.
Denunciar situaciones supuestamente irregulares de parte de sus superiores, según Harvey, es lo que lo tendría al borde de pasar a retiro.
Acusado de sedición
Fue en 2016 cuando ocurrió uno de los hitos de la pugna de Harvey con el Ejército. Ese año, el capitán logró que, por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema autorizara -aplicando la presunción de inocencia- su juramento como abogado, pese a que se encontraba procesado por el delito más grave que contempla el Código de Justicia Militar: sedición.
Ese año, el máximo tribunal también declaró como ilegal la acción de la Junta de Apelaciones del Ejército en que oficializaba el pase del capitán al escalafón de complemento de la institución. Y en 2017, fue el Ministerio de Defensa quien denegó la firma de su retiro.
Pero lo cierto es que sus declaraciones han ido más allá que su caso personal.
En sus acciones, Harvey define sus denuncias como actos “heroicos”, considerando que serían pocos los que se atreven y asegurando que en la institución que integra hay una verdadera “red de protección a la corrupción”.
“No asumen el riesgo de denunciar por conducto regular, actitud del todo entendible al ver las consecuencias que tienen los militares que denuncien algún hecho de corrupción”, manifestó en un informe dirigido a la Junta de Apelaciones de Oficiales Jefes y Superiores.
La disputa está siendo analizada por la Corte de Apelaciones, luego de que Harvey presentara un recurso de protección en contra de la junta que definió pasarlo a retiro. Y su caso también llegó al Congreso. A fines de octubre, el diputado Jorge Brito (RD) presentó la denominada “Ley Capitán Rafael Harvey”, que, según señaló el parlamentario, busca proteger a aquellos uniformados que denuncien casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas.
Desde el Ejército niegan tajantemente cualquier irregularidad en el caso, insistiendo, en reiteradas ocasiones, que todas las resoluciones que se han dictado en relación al mencionado capitán, sus anotaciones, paso al escalafón de complemento y llamado a retiro, se ajustan a la normativa y responden a hechos que estarían contenidos en su hoja de vida.
En todo caso, ha trascendido que a Harvey se le habría confirmado su salida, por lo que mañana entregaría el cargo que ocupa en la sección “Estándares de Preparación” de la División Doctrina, y su uniforme.
Aun con la dura postura que tiene respecto de la entidad, sus cercanos comentan que él sigue creyendo que el Ejército de Chile es una institución “noble” y que, en caso de “salir” quienes buscan perpetrar la cultura del secretismo y la impunidad, podría reestructurarse. Algo que explica que ya esté evaluando los pasos que seguirá en caso de que se confirme su paso a retiro de la institución.
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