By Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo) Diciembre 07, 2019
La derecha política chilena, dominada por pinochetistas de la UDI, hace todo lo posible para evitar la muerte de la Constitución de 1980, sin importar el uso trampas, (como la idea de votar el conjunto de la nueva Constitución con el quorum de 2/3, y otros resquicios, como los de Andrés Allamand, de RN, que la defiende con vehemencia), pero afortunadamente se impuso, en el nuevo Acuerdo, la “hoja en blanco”, impidiendo el regreso de la Constitución dictatorial.
Ayer, 6 de noviembre, luego de 15 días entre idas y venidas, entregaron el texto de reforma a la Constitución actual, que contiene 13 artículos. El itinerario comenzaría el 26 de abril de 2020, en que el elector deberá depositar dos papeletas distintas: la primera, si aprueba o rechaza la mantención de la actual Constitución y, la segunda, deberá pronunciarse por la Convención Constituyente mixta, (congresistas y electos por el pueblo), o la Convención Constituyente compuesta solamente por personas elegidas por voto popular para tal fin.
En el Acuerdo alcanzado se determinó:
Podrán ser candidatos todas las personas mayores de 18 años, y el Estado proveerá una franja televisiva de 30 minutos los últimos 30 días previos a la votación.
El sistema electoral será el mismo que se emplea para la elección de diputados, 155 convencionales, todos elegidos por voto popular.
La Convención mixta la integrarán 80 parlamentarios en ejercicio, nominados por el Congreso Pleno.
Existirá una secretaría técnica que asesorará a los convencionales.
Un quorum de 2/3 elegirá un presidente y un vicepresidente de la Convención.
Los convencionales recibirán un sueldo mensual de 50 UTM, (equivalentes al valor de hoy, de $2.480.000).
La Convención Constituyente tendrá como única misión la redacción de una nueva Constitución, y carecerá de soberanía para intervenir en cualquiera de los otros poderes del Estado.
El período de funciones de dicha convención será de nueve meses, prorrogable por tres meses más si fuere el caso.
Solamente será obligatorio el voto en el caso del plebiscito de salida, siendo sancionados los abstencionistas con una multa de 0,5 a 3 UTM, (actualmente, entre $24.000 y $148.000). Las justificaciones para no votar serán: encontrarse fuera del país; a 200 kilómetros del domicilio electoral si está en el país; en caso de enfermedad, que deberá ser justificado por el médico.
La Comisión técnica dejó sin resolver puntos importantes:
La participación de los ciudadanos independientes que, de conformar una lista fuera de pacto, él o los candidatos tendrían que superar al conjunto de todos los partidos, lo cual es casi imposible.
La participación paritaria de género, que debiera superar la idea de que la mitad de las mujeres integren las listas de partidos. La propuesta de la oposición es que la Convención asegure un número paritario de cupos entre hombres y mujeres.
La participación de las etnias originarias que, según los partidos de oposición, debería asegurar, el menos, un 10% de cupos.
La Alianza de partidos de gobierno acordaron en su sesión de ayer su no participación en la discusión sobre estos temas que, por lógica, son fundamentales para la amplitud y diversidad de la Constitución a redactar, pero no convenientes a sus intereses personales o de partido.
A mi manera de ver, la más grave trampa del gobierno es el candado de los 2/3 necesarios para aprobar el articulado de la nueva Constitución, y no cabe duda de que esta proposición no es más que la confirmación de los candados y trampas que denunciara el abogado constitucionalista Fernando Atria. La solución para salvar este impase, según este mismo constitucionalista, sería incluir en el plebiscito de salida los puntos de discrepancia, o bien, los artículos que no logren el quorum requerido, a fin de que sean resueltos por la soberanía popular.
La derecha, que sólo ha cedido por miedo y no por convicción, se guarecerá en miles subterfugios para tratar de salvar lo que podría restar de la Constitución dictatorial de 1980. En estos días uno de los ejes del debate político se dará, por una parte, entre los intentos de la derecha para limitar el poder de una posible Asamblea Constituyente y, por otra, el esfuerzo que debe hacer la oposición unida por un trabajo de mayor amplitud y participación posible en la redacción de una nueva Constitución.
En los debates de la Comisión técnica ya se vio que los constitucionalistas de la derecha trataron de colocar la mayor cantidad de cortapisas, candados, condones y demás protectores, a fin de dificultar el desarrollo de una Convención Constituyente.
Ya es hora de que abandonemos la hipocresía y entendamos la Asamblea Constituyente como una instancia fundacional de la República que murió, a mi modo de ver, el 11 de septiembre de 1973.
Chile despertó de su prolongado letargo y el pueblo está dispuesto a dejar de lado la “transacción” infinita enviando al basurero de la historia la Constitución ilegítima y tramposa que tanto daño le ha hecho a este país. A lo mejor esta vez, a diferencia de 1925, el pueblo tiene la oportunidad de ser actor de su historia por primera vez que, sabemos, no será conseguida por la clase política transaccional, acostumbrada a la “cocina”, sino con el pueblo en la calle.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
07/12/2019
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