Ante la ola delincuencial que infiltró al movimiento social de protestas que sacude al país, el fracaso profesional de Carabineros durante las últimas semanas ha puesto a Chile como un Estado fallido en materia de seguridad ciudadana. Junto con las movilizaciones, las imágenes más persistentes que quedan de lo ocurrido –y aún en curso– son los saqueos e incendios de infraestructura y comercios a lo largo del país, como también la impotencia u omisión de Carabineros para, primero, anticipar tales hechos y, luego, para desplegar una respuesta que satisfaga los estándares de una policía moderna, capaz de repeler y controlar disturbios y motines, como al mismo tiempo respetar los Derechos Humanos y civiles de los legítimos manifestantes.
En nada ayuda para entender la situación y menos para mejorar las pautas de desempeño policial, un Gobierno que –de tumbo en tumbo en materia de decisiones de seguridad– se empeña en enmascarar ese fracaso con un velo meritorio, alabando y felicitando a las policías por “su heroico esfuerzo” ante los hechos.
La verdad es que el fracaso es rotundo y es del Estado en su conjunto y, por lo tanto, no solo del actual Gobierno. Pero sí subraya la incompetencia del actual Ejecutivo, el hecho que para la derecha política la seguridad ciudadana y el orden hayan sido desde siempre un supraobjetivo programático con el cual ha golpeado a sus adversarios por 30 años.
Es evidente que el origen del fracaso policial reside en la autonomía de una fuerza que, prácticamente, se ha autogobernado desde 1990. Sus reformas carecieron de la voluntad, visión estratégica y capacidad política de los responsables civiles encargados de impulsarla. Y desde esa fecha las autoridades civiles, llámense Presidencias de la República, Ministerios del Interior o de Defensa, según el caso (hoy se llama Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior), nunca se preocuparon realmente de refundar organizativa y doctrinariamente a Carabineros. Más aún, la última década, época de plena decadencia institucional, quedó en evidencia la extrema promiscuidad del mando de Carabineros con el mando político, la falta de control y la corrupción, esta última casi como crimen organizado.
Es evidente que se requiere un recambio generacional completo del mando ahora. Nadie puede sostener que hoy la policía no pueda ser dirigida por gente de 45 años o menos. El alto mando de Carabineros actual –compuesto por 40 generales, incluido el general director– ha fracasado. Nada de lo que ocurre hace pensar que las decisiones y percepciones aplicadas en las formas de operación y despliegue utilizadas son adecuadas. El caso “Pacogate”, que implicó el pase a retiro de casi la mitad del generalato, no cambió nada o casi nada, porque el poder civil no avanzó más allá, y la desmotivación aumentó, pues los que llegaron se sentaron en los mismos puestos y con las mismas rutinas.
Hoy Carabineros está fracturado internamente, sin mando efectivo y desmotivado profesionalmente. La tercera semana de octubre entró al proceso de movilizaciones, prácticamente en huelga de brazos caídos, como quedó en evidencia en la V Región y en algunas partes de Santiago, para días después tratar de tomar el control mediante tácticas de saturación de gases, control físico a distancia de los manifestantes con agresivos dispositivos y cero discriminación de escenarios, lo que permitió que pequeños grupos violentistas instrumentalizaran el movimiento social.
Lo anterior, alejado de sus Reglas de Uso de la Fuerza (RUF, protocolos que tiene Carabineros para hacer uso legítimo de esta que le entrega el Estado), disparando cuando no tiene que disparar y sin disparar cuando tiene que hacerlo, entre otros defectos operativos. Con ello, hace un uso ilegítimo de la fuerza.
Por lo mismo, seguir haciendo más de lo mismo es el camino al precipicio.
Sacar Carabineros a la calle a matar o reprimir de manera indiscriminada sin respetar sus RUF y, por lo mismo, sin consideración a los Derechos Humanos y civiles de los ciudadanos, como pretenden algunos, sería la muerte de la República y de nuestro Estado de Derecho.
¿Qué hacer entonces? Al menos tres cuestiones básicas. La primera, dar un vuelco de mando institucional que motive moralmente a la tropa y a la institución. Lo segundo es articular condiciones sociales de operación policial eficiente a partir de los instrumentos legales que se tienen y, lo tercero, habilitar el aparente consenso político actual sobre la agenda social, para recuperar la confianza y percepción de la ciudadanía de que la política ha escuchado a la gente.
Respecto del primer punto, es evidente que se requiere un recambio generacional completo del mando ahora. Nadie puede sostener que hoy la policía no pueda ser dirigida por gente de 45 años o menos. El alto mando de Carabineros actual –compuesto por 40 generales, incluido el general director– ha fracasado. Nada de lo que ocurre hace pensar que las decisiones y percepciones aplicadas en las formas de operación y despliegue utilizadas son adecuadas. El caso “Pacogate”, que implicó el pase a retiro de casi la mitad del generalato, no cambió nada o casi nada, porque el poder civil no avanzó más allá, y la desmotivación aumentó, pues los que llegaron se sentaron en los mismos puestos y con las mismas rutinas.
Entonces parece plausible que “la experiencia” no es un elemento de gran significación hoy y que la designación de un teniente coronel como cabeza de la institución –y de ahí para abajo un alto mando donde entren hasta mayores y capitanes– no va a ser peor que lo que hoy existe.
Por el contrario, si se designa al lado o en paralelo un Consejo Ejecutivo Externo de cinco o siete miembros, que actúe como gabinete de crisis, apoyando a ese mando, con capacidad resolutiva y de veto en ciertas materias, podría revertir la tendencia e iniciar una recomposición institucional.
En materia de Inteligencia, la ANI tiene facultades de coordinación y puede ayudar a esta debilidad de Carabineros, justo ahora que cambió de director y todo indica que es un mejor nombre que el anterior. Solo requiere de la orden presidencial.
Hay que tomar decisiones colectivas, enmendar y sostener lo que se decida, como una forma de intervenir en el proceso de Carabineros y empezar a proyectar el total giro institucional. Nada puede ir peor que como está yendo, y tomar una decisión dramática como la indicada y cesar todo el Alto Mando puede ser un elemento motivador en las nuevas generaciones, un punto de “involución”, empezando por rediseñar los operativos vigentes... ¡con lo que existe!
Lo segundo, es tomar plena conciencia de que existen los instrumentos legales necesarios, que no se han utilizado o no se saben utilizar. Los que queman y saquean son delincuentes en cualquier lugar del mundo, régimen político o sistema social. Y por más que se hayan acumulado problemas y que la población se movilice de manera combativa en torno a ello, el núcleo delincuencial es pequeño y opera casi exclusivamente en ausencia de fuerza policial.
No se puede endosar a la población la responsabilidad de controlarlo o reprimirlo, pues ello corresponde a la fuerza pública. Por lo mismo, los dispositivos deben orientarse en primer lugar a trazar la división entre el derecho a manifestarse de los ciudadanos del actuar delincuencial de grupos antisistémicos.
Colocarse en uno u otro lado de esa línea (dentro de la ley o fuera de la ley) es un acto de voluntad individual y tiene que tener consecuencias.
Ahora bien, la violación de Derechos Humanos es un delito y las policías no pueden ponerse en la vereda de los delincuentes y antisistémicos, pretendiendo que no pueden cumplir sus cometidos profesionales por el respeto de tales derechos y que estos serían una barrera a la eficiencia policial, lo que evidentemente no es así. Pese a ser una institución y, en determinadas circunstancias, actuar como un cuerpo, por ejemplo en el control de disturbios, la formación policial es individual y trabajan con la Constitución en una mano y la cachiporra en la otra, no solo con la fuerza física sin control.
Enfrentan a ciudadanos infringiendo la ley, no a enemigos, detienen a infractores y no a prisioneros de una potencia enemiga.
En este punto, el uso de los instrumentos legales implica una buena distribución y uso efectivo y legal de la fuerza legítima acumulada por el Estado para el resguardo de la seguridad.
Hacia el futuro, el país debe considerar una redistribución de inversiones y funciones en materia de seguridad nacional que permita reducir el volumen de las actuales Fuerzas Armadas (unos 80 mil hombres en total) a un número menor pero altamente profesional, para ahorrar y redistribuir fuerza legítima, invirtiendo esos ahorros en el reforzamiento y modernización de las policías.
Todo lo anterior exige política, voluntad y acuerdos. Pero ello no se logra enviando proyectos de ley sueltos e incoherentes al Congreso Nacional. Se requieren acciones que entreguen ganancias a los manifestantes para recuperar un poco de fe y confianza, como acciones que lesionen o al menos contengan la impunidad delictual, que vuelvan a generar condiciones de seguridad en el país. Lamentablemente es en este ámbito, especialmente el Ejecutivo, donde tenemos las mayores dificultades.
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