Condenan al Fisco por represión policial que dejó un obrero forestal muerto

En el fallo –dictado por la jueza Margarita Sanhueza Núñez- se determinó la responsabilidad del Estado en los incidentes, ocurridos el 3 de mayo de 2007, en la planta Horcones de la forestal Celulosa Arauco. Jornada en la que resultó muerto el trabajador Rodrigo Cisternas Hernández y otros seis operarios quedaron con diversas lesiones.

El Primer Juzgado Civil de Concepción condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $90.000.000 por la responsabilidad de Carabineros en la represión de una manifestación de trabajadores forestales, que dejó un trabajador muerto y varios con lesiones.

En el fallo -dictado por la jueza Margarita Sanhueza Núñez- se determinó la responsabilidad del Estado en los incidentes, ocurridos el 3 de mayo de 2007, en la planta Horcones de la forestal Celulosa Arauco. Jornada en la que resultó muerto el trabajador Rodrigo Cisternas Hernández y otros seis operarios quedaron con diversas lesiones.

La resolución señala que "si el conflicto llegó al punto del enfrentamiento que se verificó, es porque Carabineros de Chile no desarrolló una adecuada estrategia para restablecer el orden público quebrantado, aún en el caso de riesgo de los propios funcionarios de Carabineros".

La resolución agrega que "resulta efectivo que se incurrió en la falta de servicio que se invoca y ésta a la luz de los hechos, causó daños, que son una consecuencia inmediata de aquélla; daños que con evidencia, además de físicos con relación a los participantes en el conflicto, son psicológicos, de fuerte impresión, de indefensión, de sentimientos encontrados, de perplejidad; no otra cosa podría causar el que un padre de familia por luchar por sus reivindicaciones salariales vuelva en un ataúd a su hogar, otros heridos de bala y otro sin uno de sus órganos vitales; por lo que el demandado es responsable civilmente del daño moral causado".

Añade que "esta juez no puede dejar de manifestar a la hora de determinar el monto del daño pretendido que dentro de un Estado de Derecho es premisa fundamental que los ciudadanos tengan el derecho de manifestarse pero que ocurrido ello deben obedecer las órdenes de las fuerzas de orden y seguridad públicas para que no se vea quebrantado el orden público, por lo que tampoco nada justifica que quienes se manifestaban para ser oídos por mejoras salariales terminaren quebrantando al orden público, máxime que se permitiera que uno de los trabajadores envistiera con una máquina forestal vehículos policiales".

La resolución determina los montos a pagar a los demandantes:

-Evelyn Sanhueza Nauca, viuda de Rodrigo Cisternas Hernández, $ 30.000.000 (divididos en $15.000.000 para la mujer y $15.000.000 para el hijo);
-Gastón Abello Ortega, trabajador lesionado, $20.000.000;
-Víctor Varela Gavilán, trabajador lesionado, $10.000.000;
-Raúl Aguayo Hernández, trabajador lesionado, $10.000.000;
-Moisés Faúndez Arriagada, trabajador lesionado, $10.000.000, y
-Raúl Sanhueza Salamaca, trabajador lesionado, $10.000.000.