Nueva ley pone en aprietos al senador Tuma y a otros parlamentarios que tienen contratos con el Estado
por EL MOSTRADOR 13 marzo, 2017
La nueva Ley 20.880 de Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés obligará a los parlamentarios, Presidentes, ministros, subsecretarios y jefes de servicio a enajenar o renunciar a su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado.
Si bien la prohibición ya se encontraba en la Constitución, a través del artículo 60, hasta la fecha ha sido letra muerta. Tal como consigna La Tercera, no hay registro de que alguna vez se haya aplicado dicha disposición.
¿Por qué no se ha usado? porque se requiere que al menos 10 parlamentarios presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra uno de sus pares.
Entre los casos investigados por el matutino, figura el senador PPD Eugenio Tuma, quien junto a su hermano, el diputado PPD Joaquín Tuma, son dueños de la empresa familiar Flamingo S.A. Firma que arrienda un inmueble -desde 2008- a la Seremi de Transportes de Temuco.
Cada año año, el contrato -por un monto de 960 UF al año ($ 25.440.000)- se renueva a través de documentos firmados por el subsecretario de Transportes y por María Soledad Tuma Fagres, representante legal de Flamingo S.A. e hija del diputado Joaquín Tuma.
Según su última declaración de patrimonio de 2016, figura también como principal propietario de Inmobiliaria e Inversiones Nuevas Raíces S.A., de la cual tiene un 92,5% de los derechos.
A través de esta sociedad controla Radio Las Colinas, emisora que registra contratos con la Municipalidad de Carahue, para emitir programas de información comunal, por $ 11.400.000 al año. Asimismo, la emisora vende espacios de difusión a otros organismos del Estado, como a la Subsecretaría de Salud Pública y al Gobierno Regional de la Araucanía (por un total de $ 7.463.742, entre 2014 y 2015).
De igual modo, figura como propietario de la sociedad de Nuevas Raíces es Forestal Monte Raíces que tiene contratos para venta de madera y leña con la Dirección de Vialidad de la IX Región por ($17.516.326), con la Municipalidad de Freire ($5.434.400) y con la Subsecretaría de Salud ($1.870.000).
El senador PPD explicó que desde el 2016 no participa en Nuevas Raíces, Forestal Monte Raíces y Flamingo S.A. precisamente para cumplir con la nueva ley de probidad: “No podemos participar en sociedades que tienen contratos con el Estado. Yo no tengo ninguna participación en ninguna sociedad que tenga contratos con el Estado. Ninguna. Es más, no tengo ninguna participación en ninguna sociedad”.
En ese sentido, aseguró que actualizará su declaración de patrimonio para mostrar que se desprendió de esas empresas. No obstante, en el archivo del Diario Oficial no se registra que haya vendido su participación en esas sociedades, salvo un movimiento del 6 de enero de 2017, cuando Nuevas Raíces S.A. transfirió sus acciones en Radio Las Colinas a Samia Zeidan, esposa del senador.
El reportaje de El Mostrador "Los lobbistas que torcieron el proyecto de ley de estacionamientos en favor de las empresas" consigna que fue determinante la participación del senador Tuma.
"En el Senado hay bancadas: está la bancada del retail, la de los sindicatos, la de los bancos y, por ejemplo, los ambientalistas. Y Tuma es reconocido como integrante de la bancada del retail, por los importantes intereses inmobiliarios que maneja en su zona, que incluyen arriendo a algunos centros comerciales y oficinas estatales”, dice un antiguo lobbista.
Otros casos de parlamentarios que tienen contratos con el Estado: El diputado PPD Enrique Jaramillo, quien tiene participación en la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada (Colun) que tiene innumerables contratos con organismos estatales.
El parlamentario también mantiene participación minoritaria en la cooperativa Cooprel, que entre 2011 y 2016 registra contratos por $ 31 millones con las municipalidades de Río Bueno y La Unión, por instalaciones eléctricas.
Otro parlamentario que tiene contratos con el Estado es el diputado de Amplitud Pedro Pablo Browne, quien tras asumir en el Congreso el 2010 y utilizando como vehículo terceras sociedades, mantuvo su participación en la constructora Brotec S.A., cuyo directorio preside su padre, Pedro Browne Covarrubias.
Se desprendió del 3,15% de la propiedad de Brotec que mantenía mediante Asesoría e Inversiones Cerro La Cruz, sin embargo aún es dueño del 16,6% de Inversiones y Asesorías B.U. Ltda., sociedad que comparte con sus cinco hermanos. Esta, compró en diciembre de 2014 el 68,18% de los derechos de Inmobiliaria e Inversiones Los Peumos Ltda. por $ 11.750 millones. Los Peumos, a su vez, es dueña del 15% de Brotec.
En Mercado Público, Brotec Constructora, uno de los brazos de Brotec S.A., registra estos últimos años contratos con el Estado por $ 43 mil millones, señala La Tercera.
Obras de envergadura, por ejemplo, la construcción del nuevo edificio institucional del Ministerio Público, proyecto que adjudicó el MOP el 2013 por $ 13.840 millones o el parque fluvial Renato Poblete, adjudicado el 2012 por $ 14.269 millones, agrega.
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