El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones
Publicado: 12.04.2017.CIPER CHILE.
Generales de Carabineros activos y en retiro, parientes de oficiales, involucrados en casos de derechos humanos, el rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México, constituyen el grupo de propietarios de un elegante condominio en Peñaflor cuyos inmuebles de 5 mil mts2 no están regularizados y no pagan contribuciones. Uno de ellos es el general director Bruno Villalobos. El condominio se creó en 1990 y uno de sus primeros ocupantes fue el general (r) Fernando Cordero Rusque, cuyos hijos son investigados por irregularidades en licitaciones de Carabineros.
Al final del callejón San Javier Larraín, que nace en el cruce a Malloco de la Autopista del Sol y que colinda con el fundo San Alfonso, es habitual observar vehículos de Carabineros haciendo rondas. “Es por el condominio de los pacos”, explica uno de los vecinos del sector en la comuna de Peñaflor.
General (r) Fernando Cordero Rusque
Son pocas las casas que se ven en ese callejón. La mayor parte de los terrenos son plantaciones agrícolas. Pero tras recorrer poco más de un kilómetro y medio desde la autopista, aparece un condominio con grandes casas y cuidados jardines: El Tranque San Javier. Aunque en el sector todos asocian su propiedad con uniformados, pocos saben que allí posee una amplia residencia el actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm.
Tampoco saben que de las 18 parcelas -de 5 mil metros2 cada una- que forman el condominio, 16 están en situación irregular y no pagan los impuestos territoriales que les corresponden. También desconocen que entre los residentes que no pagan sus contribuciones, además del general Villalobos, figura un ex director general de Carabineros, Fernando Cordero Rusque; el general (r) Ricardo Solar, quien recién dejó la institución; otros ex miembros del alto mando policial; un rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México: Mario Vásquez.
Entre ese selecto grupo de vecinos de El Tranque San Javier también estuvo el general (r) Gerardo González Theodor, quien ya vendió su propiedad. Además, tienen o han tenido parcela en ese condominio ex oficiales de Carabineros involucrados en casos de derechos humanos, como Ángel Lorca y Pedro Bobadilla; una hermana del ex jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence, quien se mantiene prófugo de la justicia; y un civil que en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército René Schneider: Julio Antonio Bouchon Sepúlveda.
El general Villalobos adquirió el terreno en 2011 por $29 millones, operación que quedó registrada ese año en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor y cuya inscripción fue revisada por CIPER. Allí construyó una casa, con piscina, quincho y jardines. Pero hasta ahora no ha regularizado su propiedad. En la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor su terreno no registra permiso de edificación ni de recepción final de la construcción. En síntesis, el máximo jefe policial cuenta con una residencia que no está legalizada. Por lo mismo, no paga los impuestos territoriales que debería cancelar.
Parcela 6 del condominio El Tranque San Javier
La propiedad fue incorporada por el general Villalobos en la Declaración de Patrimonio que por ley deben realizar las autoridades y cuya actualización está fechada el pasado viernes 31 de marzo (vea la declaración publicada por la web de Carabineros). En 2016 el periódico digital El Ciudadano pidió por Ley de Transparencia la Declaración de Patrimonio de Villalobos, pero Carabineros la entregó con la información sobre sus propiedades tarjada. Frente a un dictamen del Consejo Para la Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos, el general presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Probidad, debió hacer pública la información hace pocos días.
En su declaración recién difundida, Villalobos identificó su casa de Peñaflor con el rol de avalúo 03920-001 y le asignó una tasación fiscal de $130 millones. Pero esa información es errónea. Según los archivos del Servicio de Impuestos Internos (SII) no existen propiedades en Peñaflor asociadas al rol declarado por el general (vea el registro del SII).
El rol correcto de la propiedad de Villalobos es el 0339-00276, el que al ser consultado en el SII deja en evidencia la irregular situación en que se encuentra el bien raíz: sigue identificado como un predio de uso agrícola, y no con el destino habitacional que efectivamente tiene. Por lo mismo, debido a un beneficio tributario para estimular la producción agrícola, está exento del pago de impuestos. Incluso, en ese registro la propiedad sigue a nombre del anterior dueño (vea la ficha del SII sobre este bien raíz).
La información oficial del SII asigna a la propiedad de Villalobos una tasación fiscal de $4,7 millones, muy por debajo de los $130 millones que declaró el general. Aunque normalmente la tasación fiscal es inferior al precio comercial, en este caso el monto asignado por Impuestos Internos está completamente alejado de la realidad. CIPER consultó a corredores de propiedades especializados en la compraventa de inmuebles en esa zona, los que indicaron que una casa con las características de la que tiene el jefe policial se comercializa entre $200 y $300 millones.
Los antecedentes sobre esta propiedad del general Villalobos surgieron en una investigación realizada por CIPER sobre el patrimonio de los oficiales que componen el alto mando de Carabineros. Esto, en medio de la crisis que sacude al cuerpo policial debido al robo de más de $16 mil millones del presupuesto asignado al pago de remuneraciones, asignaciones y desahucios del personal de Carabineros. Un ilícito cometido por un grupo de oficiales cuyo superior era el general Flavio Echeverría, director de Finanzas de la institución, quien está en prisión preventiva (vea el reportaje de CIPER “Así operaba la asociación criminal de oficiales de Carabineros”).
Vista del condominio en Google Earth
Casi todos los propietarios del condominio se encuentran en la misma situación irregular del general Villalobos. De las 18 parcelas que lo conforman, solo dos efectivamente mantienen plantaciones agrícolas, por lo que se encuentran al día en materia tributaria. En 14 parcelas se cuentan diversas edificaciones –como casas, piscinas, canchas, quinchos y estacionamientos–, pero apenas cuatro han iniciado trámites en la municipalidad para regularizar sus construcciones, aunque ninguna ha completado el proceso. Del total, solo dos pagan impuestos territoriales o contribuciones –una por $140 mil y otra por $137 mil trimestrales– debido a que figuran en el SII como “sitio eriazo” y no como terreno agrícola. Las 12 restantes que presentan construcciones, no pagan impuestos.
LA CASA DEL GENERAL VILLALOBOS
Cuando el 18 de abril de 2011 Bruno Villalobos llegó a la Notaría de Elena Torres Seguel (ubicada en el Paseo Bulnes, a pasos del edificio institucional de Carabineros) para concretar la compra del lote 7, pagó al contado $29 millones con un cheque del Banco Estado, según registra la escritura de la transacción (vea aquí una transcripción de ese documento). En el terreno actualmente hay una amplia casona de un piso, de color blanco, con tejas asfálticas, pizarra etrusca en uno de sus muros y un porche que puede servir de estacionamiento.
Casa del general Bruno Villalobos
La construcción está rodeada de árboles frutales, un prado y una piscina. Gracias a las imágenes satelitales que proporciona Google Earth, se puede ver una segunda construcción al lado de la alberca. En la Municipalidad de Peñaflor no hay información sobre estas construcciones. El director de Obras del municipio, Hernán Espina, confirmó a CIPER que no se ha ingresado ninguna solicitud de permiso de edificación que corresponda al terreno que pertenece al general director. No hay planos de las edificaciones, porque estas no han sido regularizadas.
El general Bruno Villalobos recibió a CIPER y admitió que la casa edificada en su terreno en Peñaflor no se encuentra inscrita. Esa parcela –explicó- la compró en 2011 en $29 millones e inició la construcción del inmueble al año siguiente, con la empresa de Omar Urrutia. La constructora, señaló, debía encargarse de todos los trámites de regularización. Pero, según su relato, Omar Urrutia falleció en 2013 y quedó pendiente la tarea. Dijo haber intentado comunicarse con la empresa para obtener los planos de la residencia y darle curso al trámite, pero no ha sido posible.
El general director de Carabineros también explicó que fue un error de su parte haber puesto en su declaración de patrimonio una tasación fiscal de $130 millones. Lo hizo, dijo, porque encontró que la tasación que le adjudicaba el SII a su propiedad ($4,7 millones) era demasiado baja para el valor comercial que tiene actualmente. También afirmó que antes de haber hecho pública su declaración a fines de marzo, concurrió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor para informarse de los documentos que se requieren para regularizar su propiedad.
COMPRAVENTAS DE UN GENERAL DIRECTOR
Uno de los vecinos de Villalobos es el ex general director y ex senador designado, Fernando Cordero Rusque, quien adquirió cuatro lotes (15, 16, 17 y 18) en $1,6 millón cada uno. La adquisición la hizo en 1990, cuando el condominio recién se había loteado. Actualmente solo conserva dos, por lo que tiene una parcela de 10 mil metros cuadrados (lotes 16 y 17).
Fernando Cordero ascendió a general en 1989 y un año después compró los terrenos en Peñaflor. A esas alturas había ejercido como director de Educación y director del Departamento de Informática y Telecomunicaciones (TIC). Años después, sus hijos se convirtieron en proveedores del TIC y fueron mencionados en una investigación de CIPER sobre compras irregulares en ese departamento de Carabineros. Una empresa de los hijos de Cordero, Sectrade, representó a una firma italiana que se benefició con millonarios contratos vía trato directo con la institución. En 2013 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra quienes resulten responsables de eventuales irregularidades en esas transacciones.
Los registros municipales y tributarios analizados por CIPER indican que Cordero tampoco paga impuestos por su parcela, a pesar de que ella también es arrendada para eventos familiares o de empresas. La parcela de Cordero tiene dos amplias construcciones: una principal (dos pisos, tejas de arcilla, chimenea y balcones) y otra secundaria. El terreno cuenta con piscina (con sectores para adultos y niños), una cancha de tenis y otra de futbolito. La construcción secundaria es la que se utiliza para eventos. En Facebook aparecen fiestas infantiles el 8 y 18 de diciembre de 2016 y otra el 14 de enero de este año; así como un evento de la empresa Manager realizado el 18 de noviembre pasado.
Parcela 4 del condominio El Tranque San Javier
Los terrenos de Cordero figuran en el SII como propiedades agrícolas, cada uno con tasaciones fiscales de $4,7 millones. En la Municipalidad de Peñaflor informaron a CIPER que el ex general director no ha regularizado sus construcciones, aunque sí ha hecho trámites en esa dirección. Entre 2007 y 2008 canceló poco más de $1,5 millón para obtener el certificado de informaciones previas (necesario para iniciar construcciones) y un permiso para iniciar la edificación que pagó en tres cuotas.
Recién el 29 de marzo Cordero hizo una nueva gestión ante la municipalidad: solicitó un certificado de número (el que asigna la dirección exacta de una propiedad), pero el proceso de regularización aun no finaliza. Pocos días antes de que realizara ese trámite, CIPER había consultado en la municipalidad por los terrenos del condominio. En el transcurso de esta investigación nos percatamos que dos periodistas del municipio fueron socias de Cordero en la Sociedad de Comunicaciones y Publicidad. Una de ellas señaló que se retiraron de la misma en 2008 y que no mantienen vínculos con el general retirado. También afirmó no haber informado a Cordero de la investigación de CIPER.
En 1992, Cordero le vendió el lote 18 a Ingreed Vásquez Carvajal por $4,5 millones. Ella y su padre, Mario Vásquez Núñez, se lo han vendido y recomprado entre ellos. En el terreno se construyó una enorme casona que ocupa casi un cuarto del terreno de 5 mil metros2.
Mario Vásquez Núñez fue detenido en 2009 por tráfico ilegal de efedrina, un precursor para la producción de drogas, que envió a México. Él es socio de la empresa de correos Postrack, la que aparecía como remitente de ese envío ilegal, simulando ser una especie similar al azúcar, según consignó La Tercera en esa fecha. La Policía de Investigaciones lo encontró infraganti ingresando ocho tarros de efedrina a la empresa Biotonic. El 13 de octubre de 2009 fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y al pago de 30 UTM, además de otras 20 UTM por tenencia ilegal de armas.
Cordero vendió el lote 15 en 2010 a la Sociedad de Ingeniería Limitada en $25 millones. Ahora la propiedad figura a nombre de Agrícola Los Carozos (nacida luego de una división de Servicios de Ingeniería).
CIPER intentó contactar a Fernando Cordero y le dejó un mensaje con uno de sus hijos, pero no hubo respuesta.
EL RESTO DEL VECINDARIO
En el condominio también figuró como propietario el general (r) Gerardo González Theodor, quien dejó la institución en 2012 cuando se investigaban irregularidades en las compras del TIC, que estaba bajo su línea de mando. En mayo de ese mismo año adquirió el lote 10 de El Tranque San Javier.El 28 de diciembre de 2015, González Theodor vendió su parcela en $63 millones.
General (r) Gerardo González Theodor
Otro oficial que tuvo propiedad en el condominio es Ángel Lorca Fuenzalida, un ex coronel de Carabineros que en 2015 fue procesado por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward (1973). El año pasado también fue procesado por el secuestro de una menor de 14 años, Viviana Victoria Fernández, episodio que tuvo lugar en 1974. Entre 1991 y 1995, Lorca Fuenzalida fue socio de un hijo del general Cordero en Agrícola El Edén, sociedad en la que también participó otro vecino del condominio, Gumercindo Bisbal Olivos, quien entonces era dueño del lote 9.
Lorca Fuenzalida vendió su parcela en 2002 a la Sociedad Agrícola Chicureo, controlada por Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, quien en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Bouchon compró el terreno en octubre de 2002 en $20 millones y seis años después lo vendió.
Otra vecina del condominio es María Cecilia Lawrence Mires, hermana del ex agente de la DINA y coronel (r) de Carabineros, Ricardo Lawrence, alias “Cachete Grande”. El ex jefe operativo de la DINA se encuentra prófugo, tras ser condenado en diversos casos de derechos humanos, como las desapariciones y crímenes de Alfonso Chanfreau, Ana María Puga, Alejandro de la Barra, José Ascencio, Mario Quezada, Santiago Ferruz y Octavio Boettiger. También fue condenado por los horrores cometidos en el centro de detención y torturas Villa Grimaldi.
María Cecilia Lawrence es una de las pocas vecinas que compraron en la venta original de 1990 y que sigue siendo propietaria. Tiene una casa ubicada justo al centro del lote 2, rodeada por árboles y con una piscina circular. En el SII su parcela aparece como “agrícola” y está exenta de pago. Su marido es Carlos Pereira Albornoz, ex rector de la Universidad Unicit y actual rector de la Universidad Sek.
El dueño original de la parcela que hoy posee el general Bruno Villalobos (lote 7) fue el ex oficial Pedro Bobadilla Jara, quien en 2016 fue procesado por el ministro Mario Carroza como encubridor del homicidio de Luis Armando Rubio Garrido, un joven de 20 años que el 30 de octubre de 1984 recibió una bala durante una jornada de protesta contra el régimen militar.
El lote 5 fue comprado en 1990 por la coronel (r) Silvia Martínez Regollo, quien ha dirigido hogares de menores dependientes de Carabineros. En junio de 2000 vendió la propiedad en $20 millones al teniente coronel (r) Eugenio Palacios Salas. En 1986, Palacios fue subsecretario de Carabineros subrogante.
Palacios solo tuvo la parcela por un año. En junio de 2001 la vendió en $20,5 millones a Raquel del Valle Jeldres, quien construyó allí una casona central, dos viviendas más pequeñas y una piscina. Entre 2005 y 2008 Raquel del Valle realizó trámites en la municipalidad para regularizar su propiedad. El 13 de julio de 2005 canceló $241 mil por un permiso de edificación. Aún así, en el SII su parcela sigue apareciendo como terreno agrícola, exenta de pago.
General (r) Ricardo Solar Roberts
El primer propietario de los lotes 13 y 14 fue el ex funcionario de Carabineros Luis Hernán Espejo del Valle, quien solo conserva el primero. El lote 14 lo vendió a la escritora Ángela Pleguezuelos, esposa del general (r) Ricardo Solar Roberts. Este último era jefe de la Zona Metropolitana cuando a fines del año pasado se acogió a retiro. Antes fue jefe de la III Zona de Atacama y de Santiago Oeste; y en 2015 el encargado de Seguridad Privada y Control de Armas. La parcela, con una casa de un piso, no paga impuestos, porque sigue registrada de manera irregular con destino “agrícola”, con una tasación fiscal de $4,7 millones.
Otro de los propietarios originales de El Tranque San Javier es el general en retiro Juan Alejandro Valenzuela Barra, quien adquirió en 1990 el Lote 8. En 2010 lo vendió en $23 millones al coronel (r) Raúl Raffo Arriagada y a su hijo, Raúl Raffo Aranda. El padre cuenta entre sus sociedades a empresas de seguridad, como Segint (según su web tiene entre sus clientes a SQM e Inmobiliaria Manquehue) y Soseyco. Actualmente, en ese lote hay dos viviendas. No paga tributos, aunque la Municipalidad de Peñaflor sí registra trámites realizados por Raffo para regularizar sus casas: en 2011 canceló derechos y permisos de edificación.
En el condominio también tienen o han tenido propiedades varios civiles vinculados a Carabineros. Emilio Maldonado Lobos, comprador original del lote 6, ha sido representante del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros ante el SII y actualmente es miembro de la directiva del Radio Club de Carabineros. A pesar de que su casa es una de las más grandes del condominio y aunque hay al menos otras dos construcciones en su parcela, en el SII sigue figurando como un terreno con destino “agrícola”, por lo que no paga impuestos.
Los lotes 11 y 12 del condominio son los únicos que tienen en toda su extensión plantaciones agrícolas por lo que corresponde que se beneficien con la exención tributaria. Los terrenos fueron adquiridos en 1990 por Héctor García Barros, presidente del Círculo de Amigos de Carabineros y miembro de un grupo de civiles que colaboran con la policía: “Alguaciles”. En 1996 García los vendió en $32 millones. En el SII aparece como dueña la sociedad Servicios de Ingeniería Limitada, la misma propietaria del lote 15.
Presione sobre los lotes para ver más información de cada uno
ESCRITURA ORIGINAL FUE ROBADA DEL ARCHIVO JUDICIAL
La historia del condominio El Tranque San Javier se inició en 1985, cuando Rafael Valenzuela Silva adquirió la Parcela 1 de Malloco. La compró a Gabriela Polette Saint Simon por un valor equivalente a 1.565 quintales de trigo, según quedó registrado en la escritura suscrita en una notaría de Panguipulli. En el terreno, Valenzuela plantó duraznos y nectarines, hasta que decidió subdividirlo. A fines de 1990, loteó un retazo de nueve hectáreas fraccionadas en 18 parcelas de 5 mil metros2.
Cuando Valenzuela puso en venta los 18 lotes, de los 13 compradores originales, 11 eran oficiales de carabineros (activos o en retiro) o bien parientes directos de uniformados o civiles relacionados con la policía. Cada parcela se vendió en $1,6 millón. Los detalles de estas compras quedaron registrados en una escritura que se firmó en la notaría de Félix Jara Cadot en noviembre de 1990. El índice notarial registra que la escritura lleva las firmas del vendedor (Valenzuela Silva), del principal comprador (el entonces general activo Fernando Cordero) y de un representante de la Mutual de Carabineros.
Para saber si la Mutual de Carabineros jugó algún rol en el financiamiento de la compra, CIPER intentó revisar la escritura. El documento original fue enviado por la notaría al Archivo Judicial. Pero en ese archivo las páginas del libro donde figuraba la escritura fueron arrancadas. Alguien se robó el documento.
La pérdida fue confirmada por el responsable del archivo, Julián Miranda, quien señaló que estudia denunciar esta anomalía ante la Fiscalía Centro Norte, que es lo que corresponde en estos casos. En los últimos dos años –afirmó- se han incrementado las medidas de seguridad para evitar algo que antes era habitual: la desaparición o falsificación de escrituras públicas.
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