por EL MOSTRADOR 11 abril, 2017
Los policías están acusados del delito de torturas perpetradas en perjuicio de una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba embarazada al momento de concretarse el delito. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se hizo parte querellante en esta causa penal.
Los hechos se remontan a 2012 cuando la mujer fue denunciada a la PDI por una vecina, quien acusó a la mujer de haberse realizado un aborto de un feto de siete meses. Esta situación motivó la citación y posterior detención de la mujer en el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de avenida Independencia de la PDI.
La denuncia habría surgido de parte de una vecina de la víctima, con quien habría tenido una disputa por un asunto inmobiliario. Al ser detenida, la mujer fue insultada de manera xenofóbica por los detectives quienes la trataron con epítetos como “¿Qué hace una peruana aquí” y “acá la vamos a hacer hablar”.
Luego de ser intimidada, la mujer fue trasladada a su hogar para buscar evidencias del hecho, en específico querían encontrar al feto que según los policías se encontraba enterrado en el patio de la casa. Al no encontrar nada continuaron intimidándola y le pidieron que su marido se apersonara en el lugar dado que si no lo hacía –amenazaron- llevarían a su hijo a un centro del Sename.
Al llegar su marido los funcionarios de la PDI comenzaron a golpearlo con pies y puños, luego lo encerraron en un baño, lo arrojaron al piso y finalmente lo pusieron de rodillas. En esos instantes la mujer se encontraba en otra pieza donde continuaban intimidándola diciéndole, por ejemplo, “te voy a dar dos cosas, la libertad de tu marido y que él se quede con tu hijo. ¿Y tú que nos vas a dar? Asesina de guaguas, perra maraca”.
Fue en ese momento cuando fue golpeada por los policías a pesar de sus signos de embarazo que alcanzaba en ese momento las 20 semanas. Lo mismo pasó con su marido quien también siguió siendo castigado. Luego fueron trasladados a constatar lesiones, donde se les prohibió relatar los tormentos.
Finalmente, una vez de vuelta en el cuartel de la PDI, debieron firmar una declaración que no pudieron leer –además de otros papeles- y continuaron siendo castigados, esta vez con expresiones como “dile que tenemos la guagua muerta” y con amenazas respecto de los trámites de permanencia definitiva que la víctima estaba gestionando.
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