En la audiencia de preparación del juicio oral por el caso Luchsinger Mackay se aceptó como prueba el testimonio de José Peralino Huinca, pese a que el imputado denuncia apremios ilegítimos de la PDI para culpar al resto de los formalizados y la Corte Suprema ordenó investigar dicha causa en paralelo al caso. “Tenemos la absoluta seguridad de que todos los comuneros van a ser absueltos”, asegura la abogada defensora Karina Riquelme.
Por Francisco Parra@frparrag
/ Cidsur
Ayer se reanudó la preparación del juicio oral por el caso Luchsinger Mackay, por el que 12 comuneros mapuche están imputados de incendio con resultado de muerte. El tribunal decidió aceptar la declaración de José Peralino Huinca, que resulta clave en vincular a los imputados pero que está siendo investigada en otra causa paralela por eventuales apremios ilegítimos de parte de la PDI.
La Fiscalía califica a Peralino como el “testigo clave” del caso, pues habría revelado su participación en la quema de la casa de los Luchsinger. Dicho testimonio mantiene imputados también a José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Cordova Transito y la machi Francisca Linconao Huircapan.
Sin embargo, el propio Peralino ha denunciado a dos funcionarios de la PDI de obtener dicha declaración mediante apremios ilegítimos y tormentos. “Tú tienes que hablar hoy, si tú no hablas vamos a ir a buscar a la rastra a Francisca Linconao, porque tenemos a la patrulla de la PDI en la posta, llamamos y la buscamos a la rastra. Y a tu polola, averiguamos al tiro, nos contactamos con Collipulli”, es lo que, según Peralino, le dijo el subcomisario Claudio Leiro.
“Encendieron el computador para mostrarme fotografías de otras personas y me preguntaban si las conocía, que dijera que sí. Finalmente respondí por miedo que sí los conocía”, precisa el texto de la querella que presentó Prealino contra los funcionarios de la PDI.
Un fallo de la Corte Suprema revirtió el sobreseímiento de dicha causa que afecta a los subcomisarios Claudio Lerio y Guillermo Vilchez y ordenó la investigación las diligencias pendientes, relativas a un peritaje sicológico a Peralino y la declaración de un testigo que acredita el hostigamiento al joven mapuche.
Ese testigo es el sacerdote José Fernando Díaz, quien a propósito del cumplimiento de un año de que no se realizara el juicio por el caso, habló con El Desconcierto. “Estos apremios ilegítimos los hemos visto en varios casos y en la misma zona. Torturas aberrantes a señoras mayores, maltratos dentro de cuarteles, he visto los destrozos en sus casas, cómo arrasan con los huertos con los que se alimentan”, afirmó.
Defensora Karina Riquelme: “Tenemos la absoluta seguridad de que todos los comuneros van a ser absueltos”
“Era difícil que un juez declarara que se trataba de una vulneración de garantía en la obtención de su declaración. Eso tiene que ver con que si se hubiera declarado así, el juicio completo se le caía a la Fiscalía”, dice a El Desconcierto la abogada Karina Riquelme, defensora de José Tralcal, sobre la decisión de aceptar el testimonio de Peralino como prueba.
“La presión existente en La Araucanía respecto a este juicio en particular es evidente. La juez de garantía no quiso dejar al Ministerio Público sin pruebas”, agrega la defensora.
– ¿Cómo se explica que se considere como prueba la declaración a la PDI si el propio Peralino se desdijo en audiencia? Además del juicio paralelo por los apremios ilegítimos.
– Es evidente que se trata de un juicio político. La evidencia está en que desde que están formalizados, de la única prueba era el testimonio, del que se se desdijo el propio Peralino apenas tuvo acceso a un abogado, en la misma audiencia. Es decir, él nunca le manifestó eso al Ministerio Público, que quiere vulnerar su derecho llevando a otras personas que dicen lo que él dijo sin tener acceso a abogado. Nosotros desconfiamos claramente de los métodos de investigación tanto del Ministerio Publico como de la Policía de Investigaciones aquí en La Araucanía. Son los mismos personajes que desde hace 10 años han llevado a largos procesos a mapuche y que nunca han obtenido algún tipo de condena. Y son los mismos que son parte de la condena contra el Estado de Chile de parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
– Es evidente que se trata de un juicio político. La evidencia está en que desde que están formalizados, de la única prueba era el testimonio, del que se se desdijo el propio Peralino apenas tuvo acceso a un abogado, en la misma audiencia. Es decir, él nunca le manifestó eso al Ministerio Público, que quiere vulnerar su derecho llevando a otras personas que dicen lo que él dijo sin tener acceso a abogado. Nosotros desconfiamos claramente de los métodos de investigación tanto del Ministerio Publico como de la Policía de Investigaciones aquí en La Araucanía. Son los mismos personajes que desde hace 10 años han llevado a largos procesos a mapuche y que nunca han obtenido algún tipo de condena. Y son los mismos que son parte de la condena contra el Estado de Chile de parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
– Legalmente, ¿que pasaría con esa prueba si en la otra causa se comprueban los apremios ilegítimos?
– Debiesen formalizarse a los policías y cumplir la pena como cualquier otra persona. Y efectivamente afectaría a este juicio. Pero esto sucede acá en La Araucanía, no es primera vez que un juez de garantía deja pasar una prueba de esta magnitud y luego, en el juicio, a través de las declaraciones y los medios de prueba, se comprueba que se trató de apremios ilegítimos. Nos pasó en otras causas, no nos pescaron en el tribunal de garantía y llegamos al juicio oral que estableció que era así. Tiene que ver con la presión de los jueces en estas causas, donde está presente en los estrados mirando toda la multigremial, los camioneros, la familia Luchsinger. No se trata de cualquier tipo de resolución judicial. Nosotros creemos que acá hay un derecho procesal penal especial que se aplica en La Araucanía por la presión que existe.
– Debiesen formalizarse a los policías y cumplir la pena como cualquier otra persona. Y efectivamente afectaría a este juicio. Pero esto sucede acá en La Araucanía, no es primera vez que un juez de garantía deja pasar una prueba de esta magnitud y luego, en el juicio, a través de las declaraciones y los medios de prueba, se comprueba que se trató de apremios ilegítimos. Nos pasó en otras causas, no nos pescaron en el tribunal de garantía y llegamos al juicio oral que estableció que era así. Tiene que ver con la presión de los jueces en estas causas, donde está presente en los estrados mirando toda la multigremial, los camioneros, la familia Luchsinger. No se trata de cualquier tipo de resolución judicial. Nosotros creemos que acá hay un derecho procesal penal especial que se aplica en La Araucanía por la presión que existe.
– ¿Y qué viene ahora? ¿Esperan que en el juicio oral se desestimen las pruebas?
– Aunque el tribunal diga que no hubo apremios ilegítimos, la sola declaración de un coimputado no es suficiente para condenar a nadie. Esto es jurisprudencia desde hace más de 10 años. Nosotros tenemos la absoluta seguridad de que todos los comuneros van a ser absueltos. Como hemos planteado desde marzo de 2016, no existe prueba para condenarlos.
– Aunque el tribunal diga que no hubo apremios ilegítimos, la sola declaración de un coimputado no es suficiente para condenar a nadie. Esto es jurisprudencia desde hace más de 10 años. Nosotros tenemos la absoluta seguridad de que todos los comuneros van a ser absueltos. Como hemos planteado desde marzo de 2016, no existe prueba para condenarlos.
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