Ex presos políticos denuncian nulo avance en reparación y exigen respuestas al Gobierno
Este 10 de abril, representantes de las agrupaciones de ex presos políticos asistieron a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para denunciar el nulo avance en las políticas de reparación, pactadas luego de innumerables medidas de presión (huelgas de hambre incluso) y a casi tres décadas de la vuelta a la democracia.
“Somos una especie en extinción y exigimos que el Estado pague la deuda pendiente hacia las víctimas de la dictadura de una vez por todas”, sostuvo el presidente de la Agrupación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de la V Región, vocero de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos y dirigente nacional del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, Nelson Aramburú.
Realizando un emplazamiento a los diputados asistentes a la Comisión, Aramburú recordó que el “ejercicio al derecho de verdad y justicia ha sido insuficiente para la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado”, señalando que, a la fecha, 22.705 personas esperan una recalificación de sus antecedentes y la obtención de beneficios en salud y vivienda, reconociéndoseles su calidad de luchadores sociales.
Aramburú aprovechó su asistencia para hacer un llamado de atención a los legisladores respecto a los 50 años de secretismo impuesto por la Ley Valech, en torno a esclarecer los nombres de cada uno de los victimarios, pertenecientes a las ramas de las Fuerzas Armadas, como también de los civiles involucrados tanto en los tratos vejatorios como en los crímenes de lesa humanidad.
No es indemnización
A pesar de que 50 mil personas fueron reconocidas en la Ley Valech (en primera y segunda instancia), los intentos de subsanar los continuos errores y malas prácticas desde el Estado han llevado al fracaso instancias como la Mesa de Alto Nivel, que funcionó durante el año 2015, pero cuyos alcances eran tan poco sustanciales que se optó por el rechazo de su accionar.
Hoy las demandas abarcan desde el traspaso de beneficios a los familiares, hasta acceso a salud, vivienda y reparación económica acorde a los estándares internacionales de víctimas del terrorismo estatal. Asimismo, la premura es evidente: con el pasar de los años y producto de los apremios ilegítimos sufridos en las cárceles y recintos clandestinos de tortura, cada 3 meses fallece una compañera o compañero.
“Valoro la valentía, convicción y compromiso de todas las voces que se alzaron contra la dictadura. Nunca las olvidaré. No hay monto que alivie el daño causado, pero quiero explicitar el total apoyo de la Comisión para encontrar una solución a la brevedad”, señaló el diputado Tucapel Jiménez (PPD).
Existe apoyo, faltan acciones
Si bien existe la ley N°19.992, que establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas sindicadas como prisioneras políticas y torturados, es evidente que sus alcances son insuficientes. A pesar de los intentos de parlamentarios y organizaciones de derechos humanos, existen un sinnúmero de trabas que impiden avanzar en la materia.
Reconociendo ello, el diputado Raúl Saldívar (PS) indicó que “el desarrollo tiene que tener una función valórica, sino nos deshumanizamos y la sociedad pierde sentido”. Asimismo, junto al parlamentario Roberto Poblete (PS), acordaron dirigirse a La Moneda a hacer entrega de una carta que resuma las exigencias de las organizaciones de ex presos políticos, instando tanto al Ministro del Interior como de Hacienda a tomar cartas en el asunto y, de una vez por todas, llegar a un acuerdo reparatorio.
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