By Ricardo Candia Cares Enero , 2020
Foto: Agencia UNO
La idea de Golpe de Estado nos evoca un momento en que una turba de militares bombardea los símbolos del poder político, detiene arbitrariamente a los funcionarios que lo dirigían, en el peor de los casos matan a muchos de ellos, abren campos de concentración, relegan y/o destierran a unos tantos y continúa una selectiva y metódica persecución a quienes se oponen al cuartelazo.
Contemporáneamente, las conspiraciones para sacar del gobierno a presidentes y coaliciones desafectas al gobierno de los Estados Unidos y a las derechas locales y sus respectivos aliados en la curia y en los grandes empresarios, han tomado un carácter diferente.
La barbarie de las dictaduras militares que en la década del setenta, asolaron el continente con el entusiasta apoyo de los Estados Unidos, dejaron un reguero de muertos, desaparecidos y exiliados y una muy nefasta memoria en la población.
Pero aún así, la ultraderecha chilena no ha desestimado el golpe de Estado como medio para evitar el avance del pueblo movilizado. Al contrario, hay uno en curso.
Desde que comenzaran las movilizaciones de octubre que tiene en jaque al régimen, no son pocas las iniciativas que han aventurado para intentar salvar todo lo que hay.
El malabar constitucional acordado inicialmente, de a poco ha perdido el interés de la ultraderecha, la que no solamente llamará a votar en contra en el plebiscito acordado, sino que hará lo necesario para suspenderlo.
En paralelo, en el Congreso han avanzado una serie de leyes restrictivas, castigadoras y violadoras de los derechos de libertad, desplazamiento y reunión. Además de las que protegen a policías y los eximen de responsabilidad penal.
Es esperable que el Congreso siga haciendo leyes que restrinjan aún más las ya limitadas libertades y cree aún más figuras penales con muchos años de cárcel para castigar las acciones que tiene en jaque al gobierno.
No sería extraño que por medio de leyes especiales el Congreso limite e incluso clausure las redes sociales, instaure un original Estado de Sitio, prohíba informar ciertos hechos, decida que es legal encarcelar niños y dirigentes sociales, declare ilegal ciertas organizaciones y sitie barrios y ciudades, con el argumento que ya comienza a tomar forma: se trata de controlar la delincuencia.
El caso es que el, actual escenario define un golpe de Estado en curso, esta vez a cargo del Congreso Nacional que hace y seguirá haciendo leyes que son propias de las dictaduras.
Y para el efecto de ofrecer una cara democrática, parte de la supuesta oposición, en especial la Democracia Cristiana y algún otro tránsfuga vomitivo del estilo de Pepe Auth, apoyará sin cortapisas esas leyes.
La maliciosa declaración sugestivamente titulada “En defensa de la democracia” de un centenar de supuestos personeros de centro izquierda, no es sino parte de la escalada que busca detener la rebelión generalizada mediante un Golpe de Estado silencioso y sobre todo legal.
Como en 1973, la Democracia Cristiana se entregó a la derecha.
La represión suma decenas de muertos, hay miles de presos y procesados, los heridos y mutilados por la barbarie policial sumen cientos, se persigue con saña y se amenaza a los dirigentes estudiantiles y ya aparecieron los Civiles No Identificados, deteniendo ilegalmente.
Y por cierto, ya comenzaron a actuar los jueces que abandonan sus juramentos y periodistas vendidos o arrendados, ambos esenciales para la entronización de las dictaduras.
¿A qué se parece todo esto?
Es cierto que no hay tropas en las calles. Hasta ahora no han sido necesarias.
Por Ricardo Candia Cares
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