Una muy ingrata sorpresa fue la que recibieron de parte de La Moneda, Cristián Cruz y Natalia Pérez, el abogado y la viuda del fallecido y padre de tres hijos, Alex Núñez, de 39 años al momento de su muerte. El 18 de febrero, a través de un correo electrónico, fueron informados del cambio de las condiciones de una cita acordada con anterioridad, según estableció el jurista.
A través de la Ley de Lobby, el penalista había solicitado audiencia con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la que en primer término habría sido aceptada sin problemas, citándolos para el día 25 de febrero en las dependencias del propio jefe de cartera. Seis días más tarde, sin embargo, se les comunicó a ambos que las condiciones habían cambiado y que la cita se llevaría no solo fuera del Palacio de La Moneda, en el edificio bicentenario específicamente, sino que, además, no sería el jefe de Interior quien los recibiría, sino sus asesores: Pablo Prieto, Andrés Sotomayor y Eduardo Riquelme.
Esta situación, sin explicación de por medio –consignaron–, llevó al representante de la familia, el abogado Cruz, a acusar al Gobierno de discriminación. “El cambio unilateral, sin fundamento, a la audiencia pedida y concedida mediante mecanismo de Ley de Lobby, ante el ministro Blumel, solo podemos interpretarlo como un acto de discriminación, pretendiendo además que aceptemos que nos traten como ciudadanos de segunda clase”.
El jurista continuó señalando que “ese proceder derriba su discurso de que la autoridad escucha y que La Moneda tiene las puertas abiertas para las víctimas, cuando en realidad no entienden y no les importa el dolor y la voz de estas”.
El 20 de octubre de 2019, en la comuna de Maipú, y tal como su viuda ha relatado, luego de haber salido a observar las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en las afueras de la estación de metro Del Sol, Núñez habría sido golpeado por un miembro de Fuerzas Espaciales con su bastón, y ya en el suelo, rematado por otros tres funcionarios que lo golpearon en la cabeza, tórax y las piernas. Finalmente, el dueño de un taller de mecánica y padre de tres hijos falleció en la antigua Posta Central.
El caso fue seguido desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el que finalmente se querelló, transformándose aquella en la primera acción de esta magnitud por violencia institucional que finalizó con una persona fallecida. Desde el organismo se acusó que existiría “concierto” por parte de los involucrados para ocultar los hechos.
Desde el ministerio del Interior señalaron que, debido al sistema de plataforma para responder a la solicitud, se puede haber malentendido el que iba a ser el ministro el que los iba a recibir, y agregaron que una vez aceptada la petición, se habría informado inmediatamente acerca de quiénes serían los que los recibirían.
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