La historia de Colonia Dignidad es la historia de la etapa más oscura de Chile. Asesinatos, abusos sexuales a menores, maltrato a las personas, experimentos médicos, adoctrinamiento ideológico. El horror expresado en niños separados de sus padres, mujeres consideradas como inferiores y un líder –un psicópata, la verdad– que logró el control total de un grupo de personas denigradas, que pensaban que el mundo terminaba en las rejas que los aislaban del mundo, como un campo de concentración.
Durante décadas, muchos personajes ligados a la derecha hicieron de este enclave su lugar favorito para comer comida alemana en una gran carpa, servidos por verdaderas mujeres autómatas, con la mirada perdida y que, cual esclavas, atendían en silencio vestidas como en la Alemania nazi.
Pero no solo se trataba de su gusto por gastronomía germana. Lo dramático es que aplaudían ese sistema de vida. Algunos podrán decir que nunca supieron de las graves violaciones a los Derechos Humanos, que incluyeron el asesinato de opositores de Pinochet –que después aparecerían como Detenidos Desaparecidos–, sin embargo, no les llamaban la atención las barracas de los niños, la forma en que Paul Schäfer los tomaba en público, el que hubiera colonos que habían huido, como prófugos de una cárcel. Porque ese grupo –en que estaban actuales ministros, alcaldes y parlamentarios– visitaba recurrentemente al militante de las Juventudes Hitlerianas, eran amigos del médico Harmut Hopp, que trabajaba en la Clínica Alemana, condenado luego por 16 casos de abusos sexuales a menores, pero que huyó a Alemania para eludir la cárcel.
La numerosa incautación de documentos realizados desde el retorno de la democracia, demostró los vínculos directos de Colonia Dignidad con los organismos represores de Pinochet. Por ejemplo, Pedro Espinoza, el segundo de a bordo en la DINA, después de Manuel Contreras, utilizaba la chapa de Schlosser –cuya escalofriante traducción es cerrajero– y es mencionado en numerosas ocasiones en las más de 45 mil fichas que mantenía Schäfer en su poder. Además, este guardaba rigurosamente –algo muy propio de mentalidades psicopáticas– todos los detalles de sus experimentos, violaciones, asesinatos a opositores, vínculos con la DNA y CNI.
Pero también tenía un preciado registro de fichas de los “socios” –denominados así– y amigos del enclave, entre los que estaban Ignacio Urrutia –diputado por Republicanos, socio n.°279–, Beltrán Urenda, Onofre Jarpa, Olga Feliú, Sergio Fernández –era ministro del Interior–, Andrés Chadwick, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y Andrés Allamand, entre muchos otros.
Y aunque ya se conocían los crímenes, el sistema de vida y se investigaba a Schäfer, en 1994 el entonces senador por la Región del Maule –en donde estaba Villa Baviera–, Hernán Larraín, junto a varios militantes de la UDI, crearon el grupo “Amigos de Colonia Dignidad”. Allí se inscribieron connotados parlamentarios, la mayoría ligados al gremialismo. Esos mismos, algunos años antes, en 1991, se opusieron duramente a que la secta perdiera su personalidad jurídica y defendieron la mantención del hospital, el que funcionaba sin cumplir ningún protocolo de salud del Estado Chileno.
Pero los “amigos de Dignidad” empezaron a desertar, fueron abandonando al enclave, a medida que se iban conociendo los detalles del nivel de barbaridades que allí se cometieron. Con los años dejaron de visitarlos, aplaudirlos, de comer su strudel, pero especialmente evitaron apoyarlos públicamente. Fueron políticamente correctos. Menos uno. Hernán Larraín continuó defendiéndolos, negando las acusaciones, argumentado que todo era un “montaje”. Incluso llegó a cuestionar un allanamiento –ordenado por los tribunales– a la secta, debido a que la denuncia se basaba, simplemente, en el “testimonio de un menor que decía ser abusado”. El mismo que hoy es ministro de Justicia, el que fue duramente cuestionado en un reportaje de la televisión alemana por aportar muy poco al progreso de las investigaciones.
La Deutsche Welle, en un especial que ha tenido amplias repercusiones en Alemania y el mundo de los Derechos Humanos –aunque poco en Chile–, incluyó el testimonio de numerosos excolonos que luego de huir –a partir de mediados de los ochenta– empezaron a entregar sus dramáticos testimonios. También dio cuenta del acuerdo firmado en el año 2017 entre los gobiernos de Chile y Alemania –bajo la administración de Michelle Bachelet– para colaborar en el esclarecimiento de los crímenes y delitos cometidos, así como para poder descifrar el ADN de los restos humanos que se han encontrado en las fosas que tenía el predio. Sin embargo, de acuerdo al reportaje y los entrevistados en ambos países, las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas. ¿El responsable según la DW? El ministro Larraín.
Conocido el reportaje de la televisión alemana, el Ministerio de Justicia chileno emitió un pobre comunicado en que solo hace alusión a los dineros gastados en las investigaciones, sin hacer ninguna referencia a lo de fondo, ni menos a qué corresponderían los avances. Por supuesto, la nota fue firmada por los subrogantes, tanto del ministro como de la subsecretaria de DDHH. El Gobierno intentó, así, dar vuelta la hoja, aprovechando que, en el Ejecutivo, hasta ayer domingo, prácticamente estaban todas las autoridades más relevantes del país gozando de su descanso. ¿Y el ministro ? Ni siquiera fue capaz de interrumpir sus vacaciones para referirse a la acusación. ¿No entendió Hernán Larraín la gravedad de esta?, cosa que sí hizo Lucas Palacios, para enviar una nota pública y subir a RRSS un desmentido de su participación en el caso Hasbún.
El ministro Larraín tendrá un duro retorno a Santiago. Deberá explicar por qué diversos actores del caso lo acusan de lo mismo. Deberá dar cuenta de los supuestos avances, pero especialmente tendrá que intentar que las víctimas, los familiares de Detenidos Desaparecidos –que buscan aún los restos de sus familiares– y el gobierno alemán, puedan confiar en el Estado chileno. Hernán Larraín hoy día no es un interlocutor válido para este caso. Su pasado e historia con el enclave lo condenan. El último de “los amigos” de Schäfer, el hombre que los defendió hasta el final, incluso en acusaciones de abusos sexuales –25 comprobados del líder que fue condenado a 20 años de cárcel y 20 en el caso de Hopp–, no es una persona confiable para garantizar imparcialidad, porque fue parte de ellos. Y menos aún cuando ese hombre es el ministro de Justicia de Chile.
Y, por supuesto, para cerrar esta historia negra, dramática y de horror, los “socios”, los amigos de Colonia Dignidad, tendrán que aportar sus testimonios para aclarar el rol que tuvieron al apoyar la secta. ¿Nunca se dieron cuenta de lo extraño que era que los padres estuvieran separados de sus hijos?, ¿nunca les llamó la atención ver a las mujeres que deambulaban en silencio con la mirada perdida?, ¿jamás se les pasó por la cabeza la forma en que huían y eran recapturados los colonos?, ¿tampoco leían los diarios para enterarse de los cientos de acusaciones? Esta sería la hora también de que hicieran un mea culpa ante el país. Y la lista es larga.
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