Por Matilda Pope
 
En la cárcel Santiago 1, en el módulo 14 están detenidos jóvenes que participaron en diversas manifestaciones del estallido social post 18 de octubre. Algunos llevan ya más de 3 meses detenidos, los plazos de investigación se han extendido y muchos no cuentan con abogados privados que agilicen sus causas, los Defensores Públicos están colapsados en un sistema judicial que a ratos parece un elefante blanco. En su peregrinaje, frente a la situación de sus hijos, algunas madres han sido estafadas por abogados, más conocidos como "buitres", que ofrecen sus servicios en las inmediaciones del Centro de Detención de Rondizonni, les cobran una parte de sus servicios y no saben más de ellos o de las deligencias practicadas.

Los abogados voluntarios casi no existen, sin embargo la Defensoría Popular ha tomado la defensa de algunos casos y han logrado hace unas semanas en la Corte de Apelaciones, la liberación de dos menores de edad de la comuna de San Ramón, Kevin y Mauricio, ambos permanecían detenidos en el Centro de Reclusión de San Bernardo. Pero una golondrina no hace verano, muchos jóvenes continúan detenidos, sin mayor justificación que evitar su participación en otros “eventos” y en las manifestaciones que vaticinan para marzo próximo. Los hechos que les imputan,  y por los cuales están actualmente detenidos, no han sido comprobados.
Elí Farías, mamá de Elías
Gran parte de los jóvenes detenidos no son de la primera línea ni están involucrados en saqueos, tampoco son cabros locos o vándalos sin familia, son jóvenes que  en la mayoría de los casos simplemente fueron a protestar, acompañando a amigos, a compañeros. Los detuvieron corriendo de las lacrimógenas, gritando tal vez iracundos, exaltados e impulsivos, a otros los detuvieron allanando sus casas, en las inmediaciones de las protestas o camino a sus hogares, pero no son delincuentes ni asesinos y hoy están privados de libertad en medio de la soledad, la angustia e incertidumbre de sus familias y de ellos mismos, que a pesar de seguir creyendo que los motivos sociales son poderosos y haber hecho propias las demandas de sus padres y abuelos, no se explican cómo, sin comprobar los hechos de los que se les acusan, la justicia los mantenga privados de libertad.

Las historias de estos jóvenes criminalizados, se entrecruza con las historias de esfuerzos y trabajo de sus familias, de madres y hermanos que estudian y trabajan, y que a ratos sólo se explican su situación en la discriminación y clasismo que en Chile nos hemos acostumbrado a naturalizar casi como la desesperanza aprendida de tantos años de desigualdad.
 
Los detenidos, allanamientos, seguimientos, golpizas.


Verónica, mamá de Nicolás Ríos

Nico tiene 19 años y estudia Geografía, vive en un pequeño apartamento en Valparaíso con su hermano mayor que estudia Restauración del Patrimonio, también en la Universidad de Playa Ancha. Ambos son de Santiago, su mamá y papá están en la capital, ella es Trabajadora Social y como cada jueves, desde el 10 de enero, está en la fila para ingresar a la cárcel Santiago 1. Ahí está detenido su hijo menor desde ese día en que, sentado en el pasto del cerro Huelen, un carabinero de civil le pidió fuego para encender un cigarrillo. Segundos después de eso unos brazos cubrían su cuello y entre varios uniformados lo subían a un furgón policial con rumbo desconocido.  Nicolás debía ir a trabajar al otro día como reponedor en un supermercado, laburo al que asistía todos los fines de semana desde que salió de clases en la Universidad para poder solventar sus gastos personales, no pudo continuar pues desde ese día está detenido.

La madre de Nicolás, Verónica, comienza así el relato de la detención de su hijo, tal cual lo muestra un video grabado por un transeúnte donde se registra la situación y que fue viralizado en las redes sociales. “La explicación para su secuestro-detención es que lo venían siguiendo con un drone monitoreado por carabineros y había sido identificado lanzando una molotov minutos antes. Su rostro no es visible en el video, pero justifican su vinculación con los hechos porque vestía un polerón similar al sujeto del video”. Esta justificación para imputar el delito se repite en todos los casos entrevistados, la coincidencia con la vestimenta, sin identificación del rostro.  Las pruebas preliminares de hidrocarburo que le hicieron a Nicolás en la Comisaria 33 de Ñuñoa dieron negativo, pero aun así en la audiencia de control de detención, para su hijo y otros jóvenes detenidos en similares circunstancias, el juez decretó 60 días de investigación y prisión preventiva por igual período. 

Desde ese día 10 de enero, Verónica, como varias otras madres, vive la angustia y todo lo que conlleva tener un hijo preso, sin ser un delincuente. El proceso de preparación para llevar las “encomiendas” a sus hijos detenidos comienza el día lunes y aunque no son delincuentes ni pertenecen a la población penal común, conviven en el mismo lugar, y deben seguir los mismos procedimientos para la entrega de ropa, víveres y útiles de aseo, una lista restringida donde no se les permite el ingreso de ningún libro, por ejemplo. Sus familias hacen malabares para poder acudir, para muchos escapa la posibilidad de hacerlo todas las semanas, por lo tanto la soledad es mayor y a ratos insostenible para algunos.
 
Allanamientos

Padres de Matías Fuentes

A la 1 de la madrugada irrumpió una de las policías nacionales en la casa de la familia Fuentes en Lo Espejo. Sin previo aviso, rompieron puertas y lo que estaba a su paso para, con una violencia inusitada, allanar el inmueble y detener a Matías, quien días antes había participado de las marchas y protestas en las inmediaciones de la Plaza Italia, hoy más conocida como la Plaza de la Dignidad.

La Familia Fuentes Purrán, es una familia trabajadora que ha logrado dar estudios superiores a sus hijos, mantienen una vida tranquila, alejada del ruido, uno de sus otros hijos está colaborando con la agrupación de familiares entregando asistencia jurídica y revisando las carpetas de investigación de los jóvenes detenidos para dar una orientación más clara a las familias en el ámbito legal, área en la que se desempeña profesionalmente. Las pruebas que utilizaron en contra de Matías fue una secuencia de fotografías tomadas por un policía infiltrado, tampoco se identifica su rostro en ellas. Matías prontamente será padre, y en la audiencia de revisión de medidas cautelares fue rechazada su libertad. Lleva casi dos meses de detención.

Así también está el caso de Diego Ulloa, joven de 22 años, estudiante de gastronomía internacional. Diego también estudió en la Universidad Católica un año de Licenciatura en Matemáticas, pero finalmente y después de conversar con sus padres decidió tomar el rumbo de su vocación por la cocina profesional. Su padre, Jorge Ulloa, es uno de los padres que ha tomado la vocería de un grupo de familias que mantiene a sus hijos detenidos en la cárcel concesionada Santiago 1. Él, comerciante independiente, también ha visto afectada su diario vivir, su situación económica y su estado emocional, es padre de tres universitarios y su hijo Diego fue detenido en la intersección de las calles Luis Thayer Ojeda con Pio X, en la comuna de Providencia, minutos después de haber participado en una marcha. No opuso resistencia, sin embargo fue golpeado violentamente al momento de la detención y después en la Comisaría donde fue llevado. Los testigos de fe en la investigación, son dos carabineros que dicen haber encontrado en su mochila bombas molotov, situación que manifiestan haber sido realizada en una revisión de sus pertenencias en el recinto policial.

Claudio, joven estudiante de Maipú lleva más de 70 días detenido, su padre ha estado permanentemente buscando orientación sin encontrar una salida satisfactoria a la situación de su hijo, también fue rechazada su solicitud de suspensión de medida cautelar y prisión preventiva; Elías de 23 años, trabajador dependiente en una bodega, su madre es una jefa de hogar con 3 hijos más, fue detenido el 23 de noviembre en la Gran Avenida, comuna de La Cisterna, seguido por efectivos policiales según rastro de un drone, perdió su empleo y su madre acude también a todas las asambleas de padres en compañía de su hija para ir recabando más antecedentes, mantenerse en contacto con otras mamás que están pasando lo mismo e ir compartiendo sobre los nulos avances en las causas.
 
Situación emocional y judicial de los jóvenes y sus familias


Jorge Ulloa, vocero agrupación

Un grupo de psicólogas/os voluntarias/os que están acompañando a los jóvenes detenidos, manifiestan su preocupación por la situación de los jóvenes y su entorno más próximo. Micaela Román y Pepa Aguirre, psicólogas que se han involucrado en lo que están viviendo estas familias, nos advierten que son un grupo de jóvenes heterogéneo que cruza distintas realidades, algunos jóvenes están siendo acompañados permanentemente por sus familias, sin embargo, muchos de ellos provienen de hogares monoparentales, donde la madre es la jefa de hogar, y quien no sólo provee lo material sino además es la cuidadora principal de ellos y sus hermanos, muchos de estos jóvenes además constituyen otro aporte monetario para el hogar por lo que el impacto de su detención también afecta la situación económica.

Los hogares monoparentales son una realidad en Chile, y todas las situaciones impactan de manera diferente, desde el punto de vista emocional y material, la asistencia con la que los jóvenes pueden contar es distinta. Por razones laborales, de tiempo y de recursos, muchas madres lidian con la angustia de ocultar la detención de sus hijos por temor a que sean estigmatizados o tratados como delincuentes, temen perder su fuente laboral, y no les ha sido fácil acudir a ver a sus hijos el único día de visita que es los jueves entre las 14:00 y 17:00 horas en Santiago 1.

Las familias se han organizado en distintas agrupaciones, una de ellas es  FPPSantiago1, “Familiares de Presos Políticos Santiago 1”. No fue una tarea fácil tomar conciencia y verbalizar el perfil de detención de sus hijos, pero en medio de un conflicto social, con 5 informes internacionales sobre la violación a los DDHH en Chile en este período, llegaron a la conclusión que las causas, más allá de los cargos legales que les imputan, son políticas y como tal han sido discriminados y presionados con detenciones que a todas luces carecen de suficientes pruebas.

Las psicólogas comentan además que hay jóvenes que sólo cuentan con el apoyo de sus parejas,  que acuden a los momentos de visita y que hacen lo que pueden con las causas judiciales con una poca experiencia y en una situación extremadamente compleja, se hacen cargo de situaciones donde también no hay posibilidad de contar con más apoyo familiar.

Los padres comprenden la situación de sus hijos/as y se hacen cargo de lo sucedido, pero también son enfáticos en comunicar que han dado garantía a los Tribunales que sus hijos no son un peligro para la sociedad, y sin embargo la situación hipotética que elevan los jueces en sus argumentaciones para dejarlos retenidos es que nadie les asegura que estos jóvenes no vuelvan a participar un supuesto “súper marzo” de protestas y manifestaciones, por ello les han negado la libertad vigilada en sus domicilios o la firma mensual, condenándolos a un tiempo sin fecha de término, pero lo que es aún  más angustiante, los condenan a la incertidumbre y al peligro latente para sus familias que algo mayor les pase detenidos junto a una población penal que mantiene códigos muy distintos en los territorios penales.

La desigualdad social, económica y territorial es transversal a todas las dimensiones de la sociedad chilena y,  justamente en estas circunstancias, es donde la criminalización de los jóvenes se está convirtiendo en una práctica peligrosa que no sólo puede transformarse en una situación  invisibilizada por los medios de comunicación y las autoridades, sino también puede constituirse en un ámbito más del análisis internacional que se está desarrollando de los casos de violación a los derechos humanos en medio del estallido social en Chile bajo el actual gobierno de Sebastián Piñera Echeñique. 
 
Algunos nombres en este reportaje fueron cambiados para resguardar identidad de los involucrados/as