- 30 mayo 2020
El 11 de Septiembre de 1973 las fuerzas armadas de Chile asaltaron el poder incendiando el palacio presidencial y arrastrando a la muerte al presidente constitucional Salvador Allende.
La represión se desató sobre el Partido Socialista y se calcula que en los dos primeros años no menos de 600 de sus dirigentes y militantes fueron asesinados.
El Decreto Ley 77 proscribió la organización de la vida pública y sus bienes les fueron incautados. Miles fueron a campos de concentración o al exilio.
Por su secretario general Carlos Altamirano la dictadura ofrecía 600 mil escudos y el diario El Mercurio voceaba la cacería desde sus portadas. Una acción solidaria de la República Democrática Alemana salvó la vida de este abogado y profesor de la Universidad de Chile.
En junio de 1975, la dirección del Partido Socialista obligada a la clandestinidad en Chile, estaba encabezada por el dirigente portuario Exequiel Ponce el médico y diputado por Valdivia, Carlos Lorca Tobar y el joven economista Ricardo Lagos Salinas (al cual Ricardo Lagos Escobar se referiría años después como “un extremista”).
El juicio por la vida de Carlos Lorca partió hace 44 años con los recursos de amparo presentados por sus familiares.
Hace más de un año que el proceso luego que se dictó sentencia condenatoria subió a la Corte de Apelaciones de Santiago y allí duerme el sueño de los justos.
En febrero de este año, la Corte de Apelaciones ordenó una diligencia de certificación a efectuarse en un plazo de 5 días, la funcionaria encargada simplemente no lo ha hecho. En este mes de Mayo he presentado tres escritos reclamando por la situación y pidiendo que se de curso progresivo a los autos.
La Corte de Apelaciones de Santiago ni siquiera ha proveído los escritos. Naturalmente no mantendré pasividad procesal ante la situación pero así están las cosas.
El juicio se prolonga por 44 años y partió cuando yo estaba entrando en el liceo y tengo ya 35 años en la profesión.
De los victimarios más de la mitad han partido de muerte natural: Manuel Contreras, Juan Fiedlhouse, Marcelo Moren y Basclay Zapata.
La dirección del PS enfrentó la cacería de la DINA-CNI en medio de las mayores precariedades económicas. Importantes dirigentes debían arrendar una pieza para vivir con todos los riesgos que ello implicó.
Estoy actuando en esta causa en representación de dos hermanos del doctor Carlos Lorca. Las páginas del expediente recogen el heroísmo de la dirección clandestina del socialismo chileno.
En Valdivia, por donde era diputado el doctor Lorca, hay ahora un senador y un diputado socialista.
El parlamento tiene facultades, no para intervenir en el contenido de las resoluciones judiciales, pero creo que alcanzan para poner atención a un juicio que se prolonga por 44 años.
Cesare Beccaria, que es el padre de la ciencias penales modernas, ahondó en su texto “De los delitos y las penas en la conveniencia”. Sobre la importancia que el tiempo transcurrido y entre el delito y la pena fuera la menor posible. Pero aún sin Beccaría el sentido común nos dice que un juicio de 44 años es mucho.
La represión se desató sobre el Partido Socialista y se calcula que en los dos primeros años no menos de 600 de sus dirigentes y militantes fueron asesinados.
El Decreto Ley 77 proscribió la organización de la vida pública y sus bienes les fueron incautados. Miles fueron a campos de concentración o al exilio.
Por su secretario general Carlos Altamirano la dictadura ofrecía 600 mil escudos y el diario El Mercurio voceaba la cacería desde sus portadas. Una acción solidaria de la República Democrática Alemana salvó la vida de este abogado y profesor de la Universidad de Chile.
En junio de 1975, la dirección del Partido Socialista obligada a la clandestinidad en Chile, estaba encabezada por el dirigente portuario Exequiel Ponce el médico y diputado por Valdivia, Carlos Lorca Tobar y el joven economista Ricardo Lagos Salinas (al cual Ricardo Lagos Escobar se referiría años después como “un extremista”).
El juicio por la vida de Carlos Lorca partió hace 44 años con los recursos de amparo presentados por sus familiares.
Hace más de un año que el proceso luego que se dictó sentencia condenatoria subió a la Corte de Apelaciones de Santiago y allí duerme el sueño de los justos.
En febrero de este año, la Corte de Apelaciones ordenó una diligencia de certificación a efectuarse en un plazo de 5 días, la funcionaria encargada simplemente no lo ha hecho. En este mes de Mayo he presentado tres escritos reclamando por la situación y pidiendo que se de curso progresivo a los autos.
La Corte de Apelaciones de Santiago ni siquiera ha proveído los escritos. Naturalmente no mantendré pasividad procesal ante la situación pero así están las cosas.
El juicio se prolonga por 44 años y partió cuando yo estaba entrando en el liceo y tengo ya 35 años en la profesión.
De los victimarios más de la mitad han partido de muerte natural: Manuel Contreras, Juan Fiedlhouse, Marcelo Moren y Basclay Zapata.
La dirección del PS enfrentó la cacería de la DINA-CNI en medio de las mayores precariedades económicas. Importantes dirigentes debían arrendar una pieza para vivir con todos los riesgos que ello implicó.
Estoy actuando en esta causa en representación de dos hermanos del doctor Carlos Lorca. Las páginas del expediente recogen el heroísmo de la dirección clandestina del socialismo chileno.
En Valdivia, por donde era diputado el doctor Lorca, hay ahora un senador y un diputado socialista.
El parlamento tiene facultades, no para intervenir en el contenido de las resoluciones judiciales, pero creo que alcanzan para poner atención a un juicio que se prolonga por 44 años.
Cesare Beccaria, que es el padre de la ciencias penales modernas, ahondó en su texto “De los delitos y las penas en la conveniencia”. Sobre la importancia que el tiempo transcurrido y entre el delito y la pena fuera la menor posible. Pero aún sin Beccaría el sentido común nos dice que un juicio de 44 años es mucho.
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