/ Fotografía de Agencia Uno"Se ha trasladado a internos que tienen signos evidentes de coronavirus. Se ha conocido en la prensa el contagio de 18 internos en el centro penitenciario LLancahue en Valdivia y al menos cinco internos en Puerto Montt, todos ellos trasladados desde Santiago el pasado 10 de mayo. No se sabe si todos ellos estaban contagiados inicialmente, pero lo que sí queda claro es que algunos de ellos llegaron a su lugar de destino con signos o síntomas evidentes como fiebre", explican abogados y abogadas al presidente de la CIDH, solicitándole que además de la información emita un pronunciamiento en el que recomiende a Chile cesar esta práctica durante la emergencia sanitaria.
Este miércoles, un grupo de abogados y abogadas de enviaron una misiva al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, para que este organismo requiera al Estado de Chile toda la información pertinente a la existencia de traslados de personas privadas de libertad desde cárceles a consecuencia de motines o como medidas administrativas de sanción.
Así, solicitaron que “se enfatice en la entrega de información respecto al número de personas trasladas, el origen de los referidos traslados con descripción de las cárceles entre las que se están realizando los traslados, las distancias entre ellas, indicado cuántos focos de contagios han existido a partir de dichos traslados”.
En esta misma línea, las y los legistas piden que también se de cuenta de las medidas sanitarias que se han tomado para realizar esta movilización de internos, en el contexto actual de pandemia. “Se solicita especialmente, que se entreguen antecedentes respeto a los protocolos implementados de manera previa a los traslados, y que en especial se indique el número de exámenes de PCR realizados antes de los traslados”, requieren.
“Con preocupación hemos visto en los medios de comunicación que, en el contexto de la pandemia, se están realizando una serie de traslados entre centros penitenciarios del país en condiciones poco humanitarias y que han demostrado generar un evidente problema de salud pública al exponer a las personas privadas de libertad, el resto de la población penal y los funcionarios de Gendarmería, a contagios que se podrían evitar de no persistir traslados con correctas medidas humanitarias y sanitarias”, acusan en la carta.
Esto tiene como contexto que la semana pasada cerca de 200 internos fueron trasladados desde el establecimiento penitenciario de Colina a distintos centros carcelarios del país. “Lo primero que llama la atención y buscamos poner en conocimiento de la CIDH, es el uso del traslado como forma de castigo. Las personas privadas de libertad son alejadas de sus familias, quienes muchas veces desconocen su destino”, explican los profesionales del derecho.
“Se ha trasladado a internos que tienen signos evidentes de coronavirus. Se ha conocido en la prensa el contagio de 18 internos en el CP LLancahue en Valdivia y al menos cinco internos en Puerto Montt, todos ellos trasladados desde Santiago el pasado 10 de mayo. No se sabe si todos ellos estaban contagiados inicialmente, pero lo que sí queda claro es que algunos de ellos llegaron a su lugar de destino con signos o síntomas evidentes como fiebre”, señalan.
Por último, y ante la evidencia de estos hechos, solicitan además un pronunciamiento de la CIDH en el que se recomiende al Estado chileno deponer todo traslado en el contexto actual de pandemia existente en el país, con énfasis en la tarea de descomprimir las cárceles en las que se evidencia hacinamiento y riesgo de contagio.
Revisa la carta aquí:
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