Por Teresa Frías
 
Con la pandemia, ha quedado postergado el tema de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron desde el estallido social desde octubre a marzo en el país, cometidos por agentes del Estado, policías y fundamentalmente Carabineros.
Al menos cinco informes de importantes agencias internaciones declararon que en Chile sí se violaban los derechos humanos y quedó en registro más de 5 mil querellas, en que más de 300 víctimas quedaron con graves daños oculares, entre ellos el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay que perdieron sus dos ojos.
 
A esto se suman otros delitos. 4.158 denuncias se relacionan al delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios policiales; 1.038 corresponden a abusos contra particulares y los casos de torturas son 134.
Desde el inicio de las manifestaciones sociales, el pasado 18 de octubre, se registró el fallecimiento de 31 personas en el contexto de estas protestas, todas actualmente con investigación abierta a cargo de la Fiscalía.
 
En cuatro de estos casos, la muerte es atribuible a agentes del Estado, fundamentalmente a Carabineros, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías.
 
Frente a este tema, el destacado abogado de derechos Humanos, Nelson Caucoto en conversación con Cambio21 aseguró que “hoy día la gran mayoría de los casos tiene querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos, algunas otras querellas  particulares presentadas por entes jurídicos privados y la propia oficina mía ha presentado querellas, y toda esa actividad, no tiene mayor visibilidad hoy en día, porque tienen a la Fiscalía y el Ministerio Público, el cual tendrá que iniciar las investigaciones, las que no deben superar los dos años”.
 
Agregó que “hemos sabido algunos de los casos que se han formalizado a funcionarios del Estado por violaciones a los derechos humanos, pero indudablemente la velocidad del Ministerio Publico, ante la cantidad de trabajo no puede ser tan rápida. Efectivamente están haciendo investigación, los ojos están puestos ahí, y esperamos que llegue a buen resultado. Porque obviamente tantos hechos que ocurrieron en Chile, no pueden quedar en la impunidad”.
Además Caucoto dijo que “hay mucha gente que espera que su caso se resuelva, ahora uno se guía más bien, de la formalización, pero los medios deben hacer el seguimiento de lo que pasa con estos casos, hasta ahora ninguno ha llegado a juicio oral. No es que se hayan abandonado, todo quedó en mano de quienes deben hacer la investigación”.
Piñera y acusaciones
 
El pasado martes 12 de mayo el gobierno ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, que pasó inadvertido para gran parte de la opinión pública.
En el Mensaje Nº 063-368, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, despacharon al Congreso una propuesta que, en sus fundamentos, altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
En efecto, la iniciativa del Ejecutivo parece ser una movida para anular posibles querellas internacionales en contra del gobierno por su actuar durante el estallido social. 
 
Y es que las modificaciones que propone el gobierno dejarían al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores como el primer filtro para aceptar o no la competencia de la Corte Penal Internacional, reemplazando la función que hasta hoy recaía en el Ministerio Público.
En tanto, “El Mercurio” publicó el 22 de mayo una nota al respecto, bajo el título: “Gobierno ingresa proyecto para fijar marcos para la cooperación con el accionar de Corte Penal Internacional”. 
 
En este artículo se presenta la visión del Ejecutivo, pero sin mencionar en mayor detalle que en Europa está avanzando un procedimiento para investigar la responsabilidad de las autoridades del gobierno en la dura represión durante el estallido socia
En efecto, el 2 de enero de este año, un grupo de abogados chilenos en Europa presentó un escrito ante la la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas, además de otros, de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el estallido social del 18 de Octubre de 2019.
 
El 15 de febrero, esa corte comunicó que había recibido el escrito. Y a mediados de abril, el tribunal internacional recibió más antecedentes del grupo, coincidente con la ofensiva gubernamental de cambiar las reglas del juego.
“En el mes de febrero, la Fiscalía de la CPI me informó que estaba evaluando la posibilidad de abrir una investigación y que se tomaría un tiempo en decidir”, afirma el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, quien actúa como vocero del grupo de juristas y profesionales que han llevado adelante las acciones ante la CPI.
El diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo (PS), aseguró que “tiene un capítulo especial que hace modificaciones a normas sobre extradición de personas. Esto me llama poderosamente la atención por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que hubo durante el estallido social. Da la impresión de que se busca proteger a algunas personas con estas modificaciones”.
 
“Me llama la atención que una materia tan trascendente e importante se haya metido de manera abrupta, sin mayores conocimientos y sorpresivamente. Lo que se ha querido privilegiar en este período parlamentario son medidas que tengan que ver con el Covid-19,  y que de sorpresa se meta este mensaje de parte del Ejecutivo llama la atención, porque no forma parte de las materias que hemos concordado con ellos mismos, para darle urgencia y tratamiento”, agregó Naranjo.
Para Caucoto, “hay tres querellas que están presentadas directamente contra el Presidente de la República, que fueron admitidas a tramitación, eso es un click y punto a favor de las víctimas”.
“Con estas investigaciones se pretende llegar a los responsables de los delitos y si no en este caso, los principales querellados son Sebastián Piñera, y el ministro del Interior, y director de Carabineros hay que lanzar la investigación para ese lado, que todos saben que los ejecutores de lo sucedido son agentes de carabineros, pero, ellos no se mandan solos, tienen una voz de mando en jerarquía, y que continúa con otras autoridades”, puntualizó el abogado.
“No todos los casos que se han presentado a la justicia tienen un resultado positivo, pero este caso estamos muy atentos a lo que diga el ministerio Público, porque a mí lo que me preocupa, es que tenga plena conciencia de a quienes se están acusando que son agentes del Estado, y que sancione como corresponde. A veces se pierde la óptica, que piensan que investigar un caso de derechos humanos es igual a investigar un hurto, hay que hacer la diferencia”, detalló Caucoto.
 
"No se puede negar que si hay cientos de jóvenes que perdieron un globo ocular, esa pérdida no fue por obra de la Divina Providencia, fue obra de fuerzas policiales, y esa acción vino de un proyectil que tenía un arma del ministerio público. Hay que averiguar quien disparó esa escopeta, quien estaba en ese radio jurisdiccional, en tal lugar geográfico, lo cual no es tan difícil. Hay protocolos en Carabineros quienes saben quién lleva la escopeta, y quien lanza una lacrimógena”.
 
Piñera y su ideal de “los videos” sobre violaciones a los DD.HH. “son filmados fuera de Chile”
Durante el estallido social (11 de diciembre), el Presidente dio una entrevista a un medio internacional, con declaraciones que provocaron ira y críticas desde los sectores opositores y también de familiares de quienes habían perdido la vista durante los meses del conflicto social.
En la entrevista el mandatario afirma que desde el gobierno realizaron “un estudio de millones y millones de comunicaciones a través de redes sociales”, y que encontraron que “muchas de ellas vienen de fuera de Chile, la inmensa mayoría de ellas son para provocar más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil”. 
 
 “Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados”, aseguró.
En la misma línea, aseguró que “aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”.
Caucoto asegura que "Si yo tuviera los resultados del estallido social, no cabe duda que este gobierno violó los derechos humanos durante ese periodo, hay informes internacionales que lo dicen, y todos los pronunciamientos de la OEA, ONU. No se quien pueda negar que hubo violaciones a losDD.HH", acota el jurista.
 
El abogado, Caucoto, frente a esto, dijo que “el propósito sería el de castigar o hacer perjudicar al sistema político chileno, no solamente al gobierno, si este es un ataque contra el sistema político, y ahí participan grupos en nuestro país, como por ejemplo grupos de narcotraficantes, grupos anarquistas, pero también hay una mano extranjera”.
Por último recalcó que “para la audiencia, la evidencia se vuelve histórica, nunca antes visto que jóvenes perdieron sus ojos, porque eso no se había visto ni en tiempos de Pinochet. Ni en tiempos de Pinochet hubo tanta voladura de ojos, como lo hubo ahora”.
Punta Peuco: Contagios por Covid-19 y el fantasma de un indulto
Dos trabajadores de la cárcel de Punta Peuco resultaron contagiados con covid-19. Se trata de una kinesióloga y un paramédico, los que se encuentran en cuarentena obligatoria.
Ambos trabajadores se realizaron el test PCR el 19 de mayo pasado, y los resultados se dieron a conocer el fin de semana.
La cárcel de Punta Peuco, que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos en el periodo de la dictadura, ha tomado estrictas medidas de seguridad para evitar contagios, considerando que la mayoría de sus reos son de tercera edad.
Esto, una vez más sacó a la palestra el tema del indulto que otorga el Presidente para quienes están privados de libertad. Si bien, fmailiares y el abogado Raúl Meza, están solicitando el trámite, Asociaciones de Derechos Humanos se rehúsan a que pueda existir este beneficio para quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
El abgado, Nelson Caucoto dijo que “ellos gozaron 30 años de impunidad, y ahora se quejan porque las justicia los detiene. Este no es argumento para irse a sus casas por coronavirus. Me llama la atención, porque ellos no están hacinados, cuentan con hospitales, así que hay condiciones para que puedan ser aislados en esos recintos, y no irse a sus casas”.