El pasado domingo, bajo circunstancias desconocidas, se llevó a cabo un acto vandálico en el memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la dictadura cívico-militar de la Región de Valparaíso, ubicado en el bandejón central de Avenida Brasil, en la ciudad-puerto.
En aquel lugar, donde se recuerda a 117 víctimas de la dictadura, se realizó un rayado sobre el nombre de las personas que son recordadas por familiares y amigos, haciendo alusión a la figura del dictador Augusto Pinochet.
Tras el hecho, la Alcaldía Ciudadana, junto a distintas Agrupaciones de Derechos Humanos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con el fin de buscar los responsables de este atentado contra el memorial, pues según las palabras del propio alcalde Jorge Sharp, “este acto no se trata de un rayado más en la ciudad, es un acto que atenta contra la memoria de todos los que recuerdan dolorosamente a quienes ya no están, y lo que hace es que nos siga doliendo el hecho de que en nuestro país todavía no hay verdad ni justicia”
“Lo que aquí requerimos es que el Estado construya de una vez por todas una política en materia de Derechos Humanos que persiga las responsabilidades y que no deje nunca más acciones como estas de manera impune. Es por eso que nosotros nos adherimos completamente a la denuncia y a los antecedentes que fueron entregados por las organizaciones de Derechos Humanos ante la Fiscalía. Yo les he solicitado a los abogados de la municipalidad que se hagan parte de esa denuncia para apoyar con todos nuestros recursos esto. Junto a estas organizaciones estamos trabajando en la construcción de la Oficina de Derechos Humanos, única en Chile, y esperamos concretar esta lo antes posible”, agregó el alcalde Sharp.
Por su parte, Fernando Martínez, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comentó que para ellos como organización y como ciudadanos, este acto es completamente inaceptable, agregando que “lo que pedimos en la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público es que se investiguen estos hechos, se identifique a los responsables y que se les apliquen todas las sanciones que están establecidas en la Ley sobre Monumentos Nacionales. Este memorial es un monumento público, por lo tanto nos parece que es absolutamente fundamental que se investigue y que se esclarezca que es lo que ha pasado en esta situación”.
En tanto, para María José Larrondo, encargada de la Dirección de Gestión Patrimonial de la Alcaldía Ciudadana, este acto contra el memorial de los Detenidos Desaparecidos es una acción “totalmente repudiable”, tanto por atentar contra un monumento público, como por dañar la memoria de quienes recuerdan dolorosamente aquella época.
“Los monumentos no sólo son esculturas y bustos, sino que recuerdan parte de nuestra historia, y este monumento en particular, aunque sea una historia dolorosa, tiene que perdurar en el tiempo, se tiene que mantener como memoria por respeto a aquellos familiares que no tienen donde poder enterrar a sus muertos y este es el único punto que tienen para recordarlo. Este acto, en este caso, es encausado en daño a Monumento Nacional, que es la Ley 17288, por lo tanto, la investigación debiera ir por esa vía y esa catalogación de daño, y es lo que está viendo Jurídica del municipio. Condenamos completamente cualquier acción de represión o cualquier acto que atente contra la memoria, intentando borrar esta”, expresó Larrondo.
Finalmente, quien también se refirió a la gravedad de este acto fue Alicia Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, quien tras la denuncia presentada por distintas organizaciones ante el Ministerio Público, comentó que “este acto niega la convivencia democrática, porque precisamente estos memoriales se construyeron para preservar un capitulo negro en la historia de nuestro país, lo que significó la impunidad total de los crímenes ocurridos en dictadura. Lo que nosotros estamos planteando es que al perseguirse este tipo de delitos queremos instaurar la idea de nunca más, porque el ser cómplice con el silencio o la pasividad frente a lo que ocurre, significa que no queremos una sociedad más democrática, más tolerante, más diversa y pluralista, que es lo que nosotros estamos planteando con crear una nueva cultura de los Derechos Humanos”.
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