Sin ánimo de creerme experto en derecho penal, entiendo que la alevosía es el conjunto de actos o comportamientos que tiene una persona que comete un delito para no ser detectado. No sé qué significa esto específicamente en términos de agravantes frente a un juicio, pero lo que claramente representa para los estudiosos del comportamiento en criminología es que la alevosía, junto con la premeditación, son indicadores claros de racionalidad acorde a fines. Como decía Max Weber, una acción racional por excelencia, como la táctica del militar para ganar una batalla.
Un ejemplo es cuando el concejal Karim Chahuán, hijo del exalcalde de La Calera y actual Core Roberto Chahuán y pariente del senador de RN Francisco Chahuán, organizaba saqueos. Preparaba todo para que sus compañeres no fueran vistos por las cámaras y trasladaran la mercancía de tal manera que no fueran apresados. Tácticas de una astuta persona que, sin tener una condición socioeconómica que nos lleve a darle el privilegio de la comprensión, probablemente tenía claras las consecuencias legales y sociales de ser descubierto. Si aun así corrió el riesgo, cabe suponer que el incentivo a cometer el delito era mayor al costo.
El ministro Blumel ha manifestado su conformidad y orgullo de que la ley antisaqueos haya tenido éxito en el Parlamento. Endurecer las penas supone que hará pensar a personas como Chahuán que, al planificar su delito, contemplen la pena y decidan no cometerlo. Pero hay dos puntos que una vez más demuestran que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera rasca donde no pica, sobre todo en medio del movimiento social.
Primero, si entendemos que las penas son para disuadir y no necesariamente para castigar, asumen a un actor que no se mueve siempre como el señor Chahuán. Los delitos en masa como los saqueos obedecen a dinámicas psicosociales que no pueden asumir a un actor racional en términos de fines y medios. Más bien hay un desajuste entre los medios y los fines que ha llevado a algunos sociólogos a hablar de anomia. Los idóneos son los organizadores, que más bien emergen en medio de la crisis de orden público y pueden ser acusados con más agravantes con la misma legislación.
La eficacia de aumentar las penas en este ámbito es altamente cuestionada. Y no por una defensa solapada de quienes cometen los delitos, sino porque las penas tienden a ser irrelevantes en prevenir (aunque sí para castigar) actos irracionales de carácter masivo.
Pero el segundo punto es más importante por su carácter político. Los saqueos no socavaron la democracia y la paz social y, por tanto, legislan sin oídos. Fueron casos como el de Délano y Lavín castigados con clases de ética, Golborne y Moreira cerrando juicios pagando multas, o colusiones de precio con medicamentos, el perdonazo del Servicio de Impuestos Internos a los pillos de las campañas y tantos otros casos los que han quedado en la memoria. Esos son los delitos con premeditación y alevosía que se sientan en nuestra insostenible democracia liberal y se valen de una impunidad estructural. Para esa delincuencia no hay mano dura, no hay mordisco, y hay puerta giratoria si es que alguna vez entran. Es que el pariente Chahuán tal vez puso su astucia en el rubro equivocado y debió dedicarse a las estatuas o algo así.
Probablemente una ley antisaqueos se dicte en Chile. Una ley antiterremotos, así formulada, tampoco encontraría mayor resistencia. Pero quiero decir que las personas honradas de Chile nos enteramos cuando delincuentes bien vestidos saquean el Estado y corrompen la confianza social. Y aunque de vez en cuando votamos por ese tipo de personas, hoy esperamos –por decirlo de alguna manera cándida– que legislen y endurezcan las penas contra quienes, con alta asesoría legal, ponderan los riesgos y aun así delinquen en cualquier momento del año. Pero no se oye, padre.
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