Por María Cristina Prudant

Sin mediar argumentos sólidos  el gobierno de Piñera retiró el proyecto de ley de reparación a víctimas de prisión política y tortura que fue aprobado en el gobierno de Michelle Bachelet. La iniciativa, que proponía la entrega de aporte único de $3 millones a quienes fueron reconocidos por las comisiones Valech 1 y 2, ya había sido aprobada en general por la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados.

El texto firmado por la ex jefa de Estado establecía que para poder entregar el beneficio se necesitaban $91.000 millones para cubrir los tres años de vigencia del beneficio. La idea era realizar el pago de $3.000.000, en tres cuotas de $1.000.000 cada una, a las cerca de 30.000 personas que estaban en condiciones de recibir el pago. 

"Considerando que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por las comisiones de verdad, ya mencionadas, tienen 70 años o más, es relevante que el Estado proteja, en la medida de sus posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada para víctimas de prisión política y tortura", señalaba el proyecto.

 No obstante, el texto advertía que "entendemos que los horrores, dolores y pérdidas de las víctimas y sus familias no se solucionan con aportes en dinero. La verdad, la justicia, la reparación y la memoria son lo que las agrupaciones de ex presos políticos piden, y ello abarca más aspectos que un aporte monetario de carácter reparatorio". 

"Por lo anterior, el Estado de Chile deberá seguir trabajando en el desarrollo de políticas y programas que avancen en esta línea, para lograr una verdadera reconciliación nacional, con nuestra historia y quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos", se lee en el proyecto. 

Si bien la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ya había advertido que no existen los recursos para poder financiarlo y que sería necesario realizar un estudio para saber si existía la capacidad fiscal para poder sostenerlo. "Estamos hablando de un gasto mayor que no está previsto en la Ley de Presupuesto, entonces de dónde se saca. El esfuerzo que ha hecho este Gobierno para aumentar la subvención del Sename es la décima parte de esto (…) no es cosa decir por buena voluntad y simpatía 'sí vamos para delante'", explicó Larraín.

Sin embargo, el secretario de Estado no esperó ningún estudio y el Gobierno decidió retirar la iniciativa sin dar previo aviso a la oposición, generando el inmediato rechazo. Fue en ese contexto en el que el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, celebró la determinación, que a su juicio dejaría a las víctimas de violaciones a los DD.HH. como "terroristas con aguinaldo", lo cual provocó el repudio de los parlamentarios de centroizquierda, quienes abandonaron la sala en señal de protesta por sus dichos. 

 Urrutia aplaudió la medida:"¡Excelente noticia! Ha retirado el Gobierno este proyecto que es nefasto porque no la es la primera vez que se entregan estos regalitos a gente que más que exiliados fueron terroristas. Así que en buena hora que el Gobierno retiró este aguinaldo que se le quería entregar nuevamente a esta gente". 

Los parlamentarios no se quedaron paralizados sino que decidieron interpelar al ministro de Justicia, Hernán Larraín quien ha tenido algunos otros desaciertos como haber dicho que todos los jueces del país son de izquierda. Y luego se supo que sostuvo reuniones privadas con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. En un principio se pensó que sería interpelado por este último hecho, pero no correspondía a la idea de quienes decidieron hacerlo y finalmente, quedó claro que sería por el tema de la bonificación para ex presos políticos .
Respaldar los DD.HH.

 Sobre este tema el diputado DC Raúl Soto señaló a Cambio21 que ”la verdad que estoy con una visión bastante favorable a la interpelación en la medida que se respete que la solicitud es en base al retiro del proyecto de ex presos políticos. Creo que hay un tema de derechos humanos que tenemos, sin duda, como bancada Democracia Cristiana que respaldar. Así lo hemos conversado, así lo hemos acordado. Sin embargo, no nos parecía adecuado mezclarlo con los temas que se han suscitado en estos días respecto a las eventuales reuniones que habría sostenido el ministro Larraín, antes de asumir su mandato,  con el Fiscal Nacional Jorge Abbott”.

“Esa era la duda que teníamos, pero si nos abocamos solamente al proyecto por los presos políticos nosotros estamos por apoyar la iniciativa”, aseguró el diputado y agregó que “despejada esa duda nosotros nos pusimos detrás de la iniciativa también”. 

En cuanto a lo que persiguen con esta interpelación, el diputado por Rancagua comentó que “la interpelación es una herramienta de fiscalización y que obliga al Ejecutivo a dar cuenta de las políticas y leyes que se puedan ir impulsando, no es que se persigue un objetivo concreto sino darle la posibilidad al ministro que explique a la ciudadanía, al país y a los parlamentarios de oposición por qué tomaron una medida que, yo considero, que es arbitraria, en la medida que los temas de los derechos humanos no  son de los gobiernos sino de los Estados y acá hay compromisos adquiridos en el gobierno anterior ,que se estarían de esta manera desconociendo”. 

“Ahí hay un juicio político importante que hacer y en ese sentido, es bueno escuchar cuál va a ser la alternativa que va a prometer el gobierno en esta materia, porque no podemos dejar que estos compromisos adquiridos por el Estado de Chile sean nuevamente incumplidos y se les dé la espalda nuevamente a aquellas personas que sufrieron durante muchos años los avatares de la dictadura”.   

“Un show mediático” 

En tanto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, solicitó a la Cámara de Diputados que la interpelación que se aprobó, y a la que será sometido el 6 de junio, no se transforme en "un show mediático". El secretario de Estado será interrogado por solicitud de los parlamentarios del PPD, PS y PC.

En ese sentido el titular de Justicia, apuntó hacia otra de las carteras del gabinete como las responsables de esta decisión y recalcó que "no me pidan a mí que dé cuenta de lo que otros ámbitos de la autoridad deban responder. Yo puedo responder por aquello que dice relación con mi cartera y no con otros". 

Además dijo lamentar no poder haber avisado a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, diputada Carmen Hertz (PC) -que además será la interpeladora- que el proyecto se iba a retirar, explicando que fue una decisión directamente presidencial. 

"Yo lamenté mucho el no poder informar a la presidenta de la comisión de esta decisión porque cuando tuve la certeza de la presentación de este retiro de parte de quienes lo hacen en el Gobierno, ya era tarde y le di una explicación personal a la diputada Carmen Hertz días después porque me parecía que habría sido tanto mejor para ella y para todos que esto se hubiera sabido en forma más oportuna ,y ciertamente eso puede haber empañado esta situación y hacer que algunos se sientan en una situación incómoda", indicó el ministro. 

Larraín añadió que "la verdad es que aquí el Presidente ha hecho ejercicio de una potestad que le asiste, y en ese sentido esperamos continuar trabajando en estos temas". 

En tanto, el diputado Mario Venegas señaló a Cambio21 que “la interpelación es un mecanismo que hay que desdramatizarlo porque es al final de cuentas un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados el objetivo es interrogar el ministro Larraín respecto de las razones de determinadas acciones que este ha llevado adelante".
"En este caso concreto dice relación con el retiro de un proyecto de Ley enviado por el gobierno anterior, que nosotros en la comisión (Derechos Humanos) aprobamos además y debía seguir su trámite regular, pero sorpresivamente el gobierno resuelve retirarlo y no ha expresado razones concretas y plausibles respecto por qué. Hablan de una pretendida falta de recursos económicos, pero cuando se envió estaban consignados que por lo demás es bastante austero, tres millones de pesos por persona y además pagaderos a tres años, en cómodas cuotas”, concluyó Venegas.