"Quienes firman este convenio y ministros que lo autorizaron no pueden seguir en sus cargos. Esto es de una gravedad enorme. Una sociedad que permite esto no puede ser llamada democrática", sostiene el abogado y académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash.
Un grave antecedente se dio a conocer durante esta jornada, el que involucra a dos organismos del Estado, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename). Ambas instituciones firmaron un acuerdo en febrero pasado, en cuyos objetivos principales destaca el traspaso de información para la persecución de niños y adolescentes.
A través de la resolución exenta 601, el Sename aprobó el 21 de febrero pasado dicho convenio «de colaboración y coordinación», como se lee en el encabezado del documento,
Entre los argumentos esgrimidos por el Sename aparece el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública de julio de 2018, en el que -destaca el Servicio- se «considera preciso avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia, que considere la incorporación y participación de todos los organismos e instituciones relevantes, que permita una acción preventiva y eficaz antes las nuevas amenazas de seguridad internas y externas».
Cabe enfatizar que el «objetivo del convenio», tal como está detallado en el documento, contempla, por una parte, «facilitar a la ANI, el acceso a información que posee el SENAME que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI».
En segundo término se menciona «asistir al SENAME, en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica».
Por último, se señala como objetivo el «desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional, con el objetivo de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia, propias, de cada institución».
Cabe destacar que este convenio es desarrollado en medio del estallido social que tiene lugar en Chile desde el 18 de octubre de 2019, y en el que -por una parte- han tenido participación en la llamada Primera Línea niños y adolescentes pertenecientes a centros del Sename, y -por otra- menores de edad que han sido enjuiciados en este contexto han sido enviados justamente a recintos pertenecientes al Servicio Nacional de Menores.
Claudio Nash, académico y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue uno de los que difundió este acuerdo, realizando una categórica crítica a su implementación. «Quienes firman este convenio y ministros que lo autorizaron NO pueden seguir en sus cargos. Esto es de una gravedad enorme. Una sociedad que permite esto no puede ser llamada democrática», espetó el abogado en su cuenta de Twitter.
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