Ley trampa. La gestión de la pandemia por parte de gobierno ha producido, hasta este momento, despidos y recortes de los sueldos. Pero el país está listo para recomenzar, igual que la protesta.
Más allá del Covid 19, en Chile ha sido el gobierno de Sebastián Piñera el que le ha propinado los peores golpes a los sectores más pobres. Gracias a su gestión de la pandemia, solo durante el mes de marzo fueron despedidos 300.000 trabajadores, a los que se le agregan más de 800.000 obligados, para no perder el empleo, a aceptar recortes en sus salarios.

Este es el efecto de la medida denominada eufemísticamente “Ley para la protección del empleo”, que permite suspender el pago de los sueldos o una reducción de los mismos a aquellos trabajadores que están obligados a permanecer en sus casas debido a la cuarentena. Los cuales, durante todo el período de interrupción del contrato, podrán acceder solamente a los fondos del seguro de cesantía, financiado, en parte al menos, por ellos mismos.
Se trata, precisa la ley, de acuerdos tomados entre quienes otorgan los trabajos y los propios dependientes, como si estos últimos tuvieran realmente la posibilidad de elegir.
Y es mucho peor para todos los demás, aquel ejército de trabajadores precarizados e informales, para los cuales solo se estipula un bono único (Bono Covid-19) de 58 dólares. Ni siquiera en lo que dice relación con la protección de la salud Piñera está dispuesto a ofrecer alguna garantía, anunciando, por  el contrario, un regreso gradual al trabajo de los empleados públicos en pleno período de crecimiento del número de contagiados (más de 11 mil los casos confirmados, con la realización de menos de 130 mil test realizados en total) además de la reapertura de las escuelas a partir del 27 de abril.
Y cuando la ANEF, el sindicato de los empleados públicos, ha intentado rebelarse, realizando un acto de protesta frente al edificio de La Moneda respetando los protocolos de distanciamiento social, el gobierno respondió arrestando a siete dirigentes de dicha organización (para luego liberarlos).


Que en Chile, uno de los países más neoliberales del mundo, la discriminación entre quienes sucumben y los que se salvan de la pandemia sea muy marcado no puede sorprender a nadie. Y si los empresarios  se encuentran ahorrando dinero y  tienen a su disposición mano de obra aún más esclavizada, también el gobierno tiene sus motivos para alegrarse, partiendo por la paralización obligada de la revuelta social y de la postergación del plebiscito sobre la nueva Constitución (que estaba acordado en un primer momento para el 26 de abril, apenas un día antes, paradojalmente, del reinicio de las clases).
No por nada, para celebrar el inesperado regalo del Covid 19, Piñera ha tenido el coraje de acudir a una desierta Plaza Italia, la Plaza Dignidad, escenario de las protestas, y fotografiarse sonriente a los pies del monumento al general Baquedano,  el cual  los manifestantes habían cubierto de insultos en contra suya. Un gratuito acto de provocación del cual el presidente se ha visto obligado a disculparse.

Pero la Plaza de la Dignidad, recientemente remodelada, no permanecerá por mucho tiempo desierta. “Si regresa la normalidad, regresaremos a la plaza”, prometen los manifestantes. Quienes a  más seis meses de iniciada la revuelta, advierten:”Teníamos razón en octubre y hoy tenemos muchas más razones. No regresaremos más al silencio, y menos a la normalidad neoliberal”.
(Artículo de CLAUDIA FANTI editado en el diario italiano “Il Manifesto” del jueves 23 de abril 2020)