Por: Natalia Figueroa | Publicado: 31.01.2021
Marusella_Mallea |La hermana de César Mallea, hallado muerto en una comisaría de Peñaflor en pleno estallido social, denuncia el nulo avance de las investigaciones judiciales contra los funcionarios policiales sindicados como responsables de sus muertes. Pese a que en varios de los casos hay responsables identificados, estos no han sido formalizados. “Estoy segura que, si alguno de estos asesinados hubiese sido un carabinero, los responsables ya estarían pagando su pena”, sostiene.
“Somos hermanos en el dolor porque sabemos que nada de lo que haga Fiscalía va a poder devolvernos a nuestros familiares asesinados”, expresa Marusella Mallea, hermana de César Mallea, el hombre de 46 años que apareció muerto en la 56° Comisaría de Peñaflor el jueves 25 de octubre de 2019. A 15 meses de su muerte, durante estas últimas semanas recién han prestado declaración una parte de los carabineros de turno esa noche y ellos como familiares.
Ella también integra la Agrupación de Familiares de Asesinados en el Estallido (AFAE) que hasta ahora contabiliza 48 casos de personas muertas en manos de funcionarios policiales y militares mientras se desarrollaban las protestas posteriores al 18 de octubre. De todos modos, Marusella aclara que esta cifra estaría lejos del registro total. “Sabemos que hay más casos de personas desaparecidas que a la luz de los hechos, al parecer, se encuentran muertas, pero hasta ahora no han sido identificados”, plantea.
Precisamente durante esta semana la agrupación conmemoró un año de la muerte de Jorge Mora “El Neco”, atropellado por un carro policial a la salida del estadio Monumental. Así también ha ocurrido con otros de los integrantes representados por sus familiares y amigos, que los ha llevado hasta La Moneda exigiendo justicia.
-Actualmente, ¿en qué se encuentran las causas judiciales?
La mayoría de las causas están en Fiscalía con muy poco movimiento; en algunos casos están identificados los responsables de los asesinatos. Por ejemplo, en caso de Kevin Gómez se ha ampliado en cinco oportunidades la investigación teniendo todos los datos ya. En caso de Paula Lorca, la Fiscalía le dijo que era una familia tan pobre que no gastara en abogados y que dejara las cosas así. En el caso de Jorge Mora, que ayer estuvo de aniversario y hoy esta Ariel Moreno, un chico de Padre Hurtado de 25 alcanzado por una bomba lacrimógena y luego le dispararon, ni siquiera le sacaron los proyectiles de su cuerpo. En muchos casos está comprobadísimo el accionar de los agentes del Estado y la responsabilidad de cada uno de los asesinatos, pero aun así la justicia cumple el rol que les corresponde.
-¿Hay formalizados?
Sí, en el caso de Kevin Gómez. En los otros casos hay responsables identificados, pero no formalizados, como con Manuel Rebolledo, aunque ahí duermen los documentos, al igual que Alex Núñez, Danilo Cárdenas, Sebastián Quevedo, en el de mi hermano César Mallea.
-Y si están identificados, ¿qué ha pasado?
Argumentan que bajo la pandemia los procesos han sido muy lentos. Como con el caso de mi hermano, a 15 meses de su asesinato, recién citaron hace algunas semanas a declarar: fueron cinco de ocho carabineros a Fiscalía. Y desde la comisaría hasta la Fiscalía, con suerte, se demoran 15 minutos en llegar. Entonces, pienso cuánto vamos a esperar para que citen al resto. A los testigos los citó porque insistimos mucho. Ha sido todo con tanta falta de transparencia que estoy segura que si alguno de estos asesinados hubiese sido un carabinero, los responsables ya estarían pagando su pena. Pero como son gente del pueblo, no uniformados, la mayoría no somos personas que tengamos recursos económicos, somos personas de la clase trabajadora del país. No tenemos una justicia que tenga, por ejemplo, [Martín] Larraín. Nosotros no.
-En el caso de Jorge Mora es claro que fue atropellado por un vehículo policial que le causó su muerte. Los videos no dejan margen para dudar sobre esto, ¿cómo se explica que aún no exista identificación del policía que manejó este vehículo?
Es lo que nosotros reclamamos de la justicia, si están las grabaciones y todo. Es más, en el caso de Danilo Cárdenas están las grabaciones y en ese momento había defensores de derechos humanos observando. Eso da el fundamento para formalizar. Sin embargo, los fiscales siguen ampliando la investigación, hasta nos han dicho que van a cerrar la causa. Yo he presionado bastante para que la fiscal haga su trabajo como debe y he estado acompañada de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Internacional y por eso muchas veces he solicitado que hagan presión para que se muevan los papeles porque las carpetas están durmiendo.
La última vez que vi la carpeta fue el año pasado, en diciembre, y se había agregado el sumario interno que hicieron en Carabineros que se había cerrado en abril. Es decir, desde ese mes hasta diciembre recién agregó un documento más, en medio iba el certificado de defunción de mi hermano y en la portada salía otro nombre, no el de mi hermano. Mandan esos datos erróneos para que la fiscal diga que hay un error y se vuelva a enviar la carpeta y así se dilata la causa ocho a diez meses más.
-¿Saben si estos funcionarios siguen trabajando o si fueron sumariados?
Mira, dentro de la carpeta de mi hermano aparecen ocho sumariados. En mi familia hicimos una querella por los responsables y quienes son culpables por omisión, porque se cubren entre ellos. Hay que tener en cuenta que esta es una comisaría grande en Peñaflor, que abarca Malloco también y sus alrededores. Dentro de las diligencias que se pidieron fue interrogar a todos los funcionarios de turno esa noche, pero solo se han interrogado a ocho. Es imposible que en una comisaría tan grande estuviesen ocho personas de turno a una semana del estallido social.
-¿Se han acercado al Ministerio de Justicia buscando respuestas por esto?
Hemos acudido a todas las instancias. Estuve con la alta comisionada de la ONU, le expuse todos los antecedentes y lamentablemente día a día se nos van sumando otros más. Cada vez que me entero de alguna información nueva la hago saber al abogado para que llegue al fiscal y aun así vemos que no hay claridades. La justicia no actúa como debe porque no somos familias poderosas. Metemos bulla, pero por medios alternativos, ni siquiera por la televisión se muestra mucho más allá.
-Han entregado cartas en La Moneda, ¿qué buscan con esas acciones?
Sí, desde diciembre de 2019 que le enviamos una carta a Sebastián Piñera. Ha pasado más de un año y no se ha respondido. Ya sabemos que de parte de ellos no la vamos a tener, porque no se reconocen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto no solo es del estallido, son prácticas que vienen desde hace décadas por agentes del Estado.
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Acciones conjuntas
-A propósito de eso, ¿cómo fue el acercamiento que tuvieron con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos durante la dictadura?
Nosotros dejamos el micrófono abierto en los puntos de prensa e invitamos a las agrupaciones para hacer fuerza. Estoy segura que si nos uniéramos todas las agrupaciones más de algo se conseguiría, poco a poco se han ido agrupando organizaciones. Nos estamos coordinando para hacer una actividad más masiva que visibilice la realidad actual tanto de los presos políticos como de la gente asesinada. Nosotros partimos cerca de veinte y cada día vamos agregando. La verdad es que es trágico, porque no se corta el hilo de asesinados por agentes del Estado.
-¿De qué manera se han coordinado con las víctimas de Trauma Ocular?
Estamos en contacto estrecho con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Ellos son muchísimos, alrededor de 400. Gustavo visita a las familias de los asesinados constantemente. No se pierde la comunicación con ellos porque somos todos víctimas del mismo Estado que nos ha buscado cegar frente a la realidad que estamos viviendo como país.
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