Opinión

 

Carabineros y sus propuestas en democracia

por Mauricio del Fierro San Cristóbal 22 enero, 2021

La primera vez que supe del general Rozas, sabiendo que era además de profesión periodista, con cierta dosis de ingenuidad pensé que escucharía de su parte mejores noticias. Al conocer sus primeras declaraciones una vez que asumió el mando policial, manifestando que ningún miembro de Carabineros durante su mandato sería sometido a sumario, entendí que yo estaba absolutamente equivocado y regresé a la realidad, ya que ofrecía impunidad administrativa respecto de cualquier confrontación entre el actuar “del personal” y el derecho.

Tal oferta de impunidad administrativa tuvo algunas excepciones en el tiempo y, aun más, en forma sumarísima; así, fue dado de baja el carabinero que intervino en la “caída” del menor en el río Mapocho, pero no por ese acto, sino por no usar su cámara de reglamento, lo que al parecer fue una salida para no investigar mediante sumario un hecho de esa gravedad. Aparentemente no existió igual criterio con el teniente coronel que fue sorprendido impropia y reiteradamente merodeando en su moto en el domicilio de la fiscal Chong, con un ánimo poco creíble de la simple e insistente búsqueda de un mecánico.

Pero en las últimas noticias conocidas del exgeneral director, correspondientes a sus declaraciones ante la Fiscalía, consultado sobre las violaciones a los derechos humanos durante su mandato, expresó que en su carácter de general director de la institución, él no tenía injerencia en la planificación operativa y que ello era de exclusiva responsabilidad del general Yáñez, quien estaba a cargo de Orden y Seguridad. No sé si con dicha declaración pretendía solo reclamar su ausencia de responsabilidad penal o se trataba, además, de complicar a su sucesor.

Si la impunidad administrativa ofrecida a 60 mil funcionarios públicos o la búsqueda de exención de responsabilidad penal del exgeneral, parecen contrarias al Estado de derecho, veremos que el proceder de su sucesor no va precisamente por un premio de consuelo. El actual general director, Sr. Yáñez, plantea para “avanzar en el objeto de reintegrar la labor policial en el seno de la comunidad”, las siguientes peticiones:

1.- Ante la Comisión de Seguridad del Senado, sostuvo el día 8 de diciembre de 2020, la necesidad de que los sueldos de los carabineros con procesos en su contra y arresto domiciliario, debían ser conservados, ya que ello permitiría “que los carabineros puedan ejercer de mejor forma su trabajo”. Es decir, el Sr. general considera legítimo en el proceder de un servidor público, el actuar contrario a derecho ya que habla de imputados por delitos, quienes por tal razón se encuentran formalizados y arrestados. En un ejemplo, esta propuesta se estructura así: si por usar su escopeta con lacrimógenas disparando directamente a las personas causando lesiones graves (o la muerte), es formalizado y arrestado, no se preocupe, ya que recibirá íntegramente su sueldo.

2.- Agregó el Sr. Director en su visita al Senado: “Lo que necesitamos hoy día son normas legales que apoyen claramente la labor del personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar los medios que el Estado les ha proporcionado para poder cumplir con su función, tanto para la defensa propia, de un tercero o del restablecimiento del orden público, no terminen siendo imputados como autores de delito o como un peligro para la sociedad que juraron defender con sus vidas”. No cabe entender sino que aspira a una forma de impunidad penal para el caso de comisión de eventuales delitos, puesto que habla de imputaciones y formalizaciones penales, que quiere impedir mediante protección legislativa. Repárese en qué tipo de estímulo inverso representan esas solas palabras, en cuanto al respeto de los funcionarios policiales a los derechos humanos, en el ejercicio de su función.

3.- “General Yáñez oficia al Senado y propone incorporar en proyecto de ley sanciones para quienes ofendan o injurien a la institución o Carabineros” (El Mercurio, 7 de enero de 2021). Constituye, tal requerimiento, una forma de intimidar a quienes refieran hechos, en medios de comunicación o redes sociales, que pudieran herir la honra policial, conforme al criterio de Carabineros. Agrega esta noticia que el general: “Propone en este texto incorporar distintas normas al proyecto de ley para fortalecer la protección de fuerzas de orden y seguridad pública …”. “Entre ellas que se sancione a quienes ofendan o injurien de manera verbal o por escrito a la institución policial o a sus funcionarios”.

4.- Agrega la antes referida publicación: “(Pide) Incorporar también como responsable penal, de manera concreta, al medio de comunicación social o plataforma de redes sociales que haya efectuado o consentido en la publicación el llamado a violentar al personal institucional”.

Esa propuesta de una normativa propia de regímenes totalitarios, apunta a criminalizar toda imputación que la policía estime formulada en descrédito de su honor, o cualquier invitación a una protesta por redes sociales si en ella hay posteriormente disturbios, configurándose una grave afectación a la libertad de expresión de las personas y del medio de comunicación, cuyo responsable podría ser sancionado penalmente. De esta forma, nadie se atrevería a sostener, por ejemplo, que existen antecedentes en Punta Arenas de un elevado depósito irregular efectuado en una cuenta corriente de un tercero y que ese depósito emana de personal de Carabineros, o que existen indicios de la participación de funcionarios policiales en otros delitos contra las personas.

Lo que más sorprende es la falta de sintonía de esta institución con el Derecho; particularmente por existir diversas disposiciones que regulan estas materias en tratados internacionales y en la legislación interna, asegurando la libertad de expresión y de información, como componentes esenciales del régimen democrático.

Asombra, por otro lado, que esas propuestas pretendan “reintegrar la labor policial al seno de la comunidad”. ¿No sería mejor, en pos de ese objetivo, una pizca de humildad para comprender que la distancia entre Carabineros y la sociedad se debe a las reprochables actuaciones tanto en el plano económico como en el de respeto a los derechos humanos, de parte de demasiados policías, y demasiados de ellos de altos grados? ¿Cree, el señor general, que acercará su institución a la comunidad brindándole impunidad y aumentando la represión, ahora de la mano de leyes antidemocráticas?

Ese distanciamiento que el general director reconoce expresamente, exige analizar con seriedad la naturaleza militar de esta policía, su concepto de orden público y la responsabilidad de los gobiernos que no han logrado el cambio necesario para su verdadera adecuación democrática, materias que, por su extensión, ameritarían una reflexión más profunda.

Finalmente, usted podrá comprender que este mismo comentario solo es posible por la circunstancia de no encontrarse vigentes las normas propuestas por el Sr. general, supuestamente destinadas a reincorporar a Carabineros al seno de la sociedad.

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