Niña Catrillanca, víctima de la PDI en Temucuicui |En el marco del debate de un nuevo texto constitucional debe ser prioritario establecer el respeto por la autonomía política y cultural de los pueblos originarios; junto con ello, abogar por un derecho a la no discriminación, lo cual implica, entre otras cosas, que las personas pertenecientes a estas comunidades, puedan ejercer sus derechos y libertades sin distinción alguna, no siendo estigmatizadas (ni tipificadas) en la violencia.
El 7 de enero reciente, y mientras se dictaba sentencia condenatoria contra los responsables del homicidio del weichafe Camilo Catrillanca, la Policía de Investigaciones, en uno de los operativos más grandes que se tenga registro (850 policías), irrumpe en el territorio de Wallmapu, en la comunidad mapuche de Temucuicui de Ercilla. En dicho lugar, se encontraban mayormente niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos y adultas mayores. El operativo tuvo como consecuencia detenciones ilegales y conductas arbitrarias por parte del cuestionado y numeroso contingente policial. Se detuvo a familiares de Camilo Catrillanca, lo que quedó registrado en imágenes y audios que circulan por diversos medios y redes sociales, evidenciando que, una vez más, personas pertenecientes al pueblo mapuche han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Así, mayor gravedad representa lo sucedido con Wuacolda, hija de Camilo Catrillanca, de tan sólo 7 años de edad, quien al ser reducida al piso llora por el miedo y sufrimiento causado por un brutal e inexplicable operativo policial, siendo ello un atentado grave e irreparable a los derechos humanos y a los derechos consagrados por la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ratificado por Chile el 14 de agosto de 1990).
En el contexto de los hechos anteriores, y la muerte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (Luis Morales Balcazar), es que el comunero Marcelo Catrillanca (padre de Camilo Catrillanca) recibe a la madre y hermano del detective fallecido, siendo este último (Ramón Morales) quien cuestionó la pertinencia del operativo, transformándose en una señal de unión y total muestra de apoyo en contra de la arbitrariedad, discriminación y vulneración a los derechos humanos, a los que de forma sistemática se ven expuestos los pueblos originarios en un país como Chile.
Al respecto, es de toda relevancia indicar que la actual Constitución consagra, en su artículo 1, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo cual es reforzado en su artículo 19 nº 2, referido a la igual ante la ley, manifestando en forma expresa que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Por desgracia, revisando los hechos recientes ocurridos en Wallmapu, se refleja la vulneración evidente de estas garantías por parte del Estado hacia personas pertenecientes a los pueblos originarios. Ante esta realidad, resulta inverosímil que Chile haya ratificado el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene como objeto respetar a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios, reconocer los derechos sobre las tierras y los recursos naturales, y el derecho a decidir sobre sus prioridades en lo que atañe a su propio proceso de desarrollo. En este contexto, la Asociación Indígena Calaucán, que reúne a personas mapuche lafkenche en el puerto de San Antonio, emite una declaración pública respecto los hechos mencionados, en la cual indican: “Rechazamos y repudiamos estos actos de militarización, violencia y abuso de poder del Estado frente a nuestras comunidades. Exigimos el término de estos allanamientos violentos y racistas de vulneración a los y las niñas, mujeres, y adultos mayores en contra de nuestro pueblo, comunidades y hombres que luchan por el pleno derecho de autonomía territorial, defendiendo nuestra Ñuke Mapu, y el equilibrio de está. En contra del Mito del Progreso que es sólo destructor”. En el marco del debate de un nuevo texto constitucional debe ser prioritario establecer el respeto por la autonomía política y cultural de los pueblos originarios; junto con ello, abogar por un derecho a la no discriminación, lo cual implica, entre otras cosas, que las personas pertenecientes a estas comunidades, puedan ejercer sus derechos y libertades sin distinción alguna, no siendo estigmatizadas (ni tipificadas) en la violencia. Entendiendo que el nuevo texto constitucional tendrá como límite el respeto por los tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile, como ciudadanía velaremos porque los principios y objetivos del Convenio 169 de la OIT puedan ser correctamente aplicados a lo largo de todo nuestro territorio.
Abogado ambientalista.
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