OPINIÓN
Presos perseguidos políticamente en la revuelta de San Antonio
por Juan Ignacio Latorre y Camila Rojas 26 febrero, 2021
Claudio Bravo (29), Jorge Hernández (29), Jordano Santander (35) y Patricio Alvarado (25) están acusados de haber atacado el 3 de marzo del 2020 los edificios de la PDI y de la Fiscalía de San Antonio. Jordano además está imputado por el delito de homicidio frustrado a un policía, la acusación señala que lo intentó atropellar. El Ministerio Público pide 30 años de cárcel para Jordano y 15 para los demás. Las largas condenas se explican por la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, la que agrava los delitos que se les imputan en diez años. Además de la debilidad de las pruebas, sabemos que sufrieron torturas por parte de funcionarios de la PDI, tal y como se estampó en un querella por tales delitos de parte del INDH. Con estos antecedentes en mano, hemos aseverado que este caso se trata de presos perseguidos políticamente.
Después de 11 meses, la semana pasada comenzaría su juicio, sin embargo, a raíz de un brote de Covid en la Cárcel de San Antonio el juicio se retrasó hasta el 5 de abril. Además del retraso, se suma el contagio de Covid: dieron PCR positivo, por lo que pasarán estas semanas contagiados en uno de los espacios menos aptos para el cuidado: la falta de ventilación, la humedad y las cucarachas son parte del día a día en las unidades penales del país y la cárcel local no es la excepción. De hecho, hoy están con mayor hacinamiento que antes, debido a los protocolos de aislamiento y la falta de espacio para que éstos se cumplan.
El 16 de febrero del 2021 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio negó el cambio de medida cautelar solicitada. Si bien se alzó una reconsideración a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, esta instancia sólo concedió el cambio a Jorge (quien se suma a Patricio que, desde el comienzo de la pandemia y a raíz de la diabetes que padece, ha estado con arresto domiciliario).
La integridad de estos jóvenes no puede seguir siendo vulnerada por los organismos del Estado. La situación sanitaria en la cárcel de San Antonio sigue siendo crítica. Por eso apelamos a que se consideren para Jordano y Claudio el cambio de medida cautelar y también el ingreso de un médico que pueda verlos.
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