Las irregularidades que marcaron la investigación criminal por delito sexual contra uno de los herederos del Grupo Said

 por Boris Bezama 25 febrero, 2021

En una audiencia reservada, que tuvo lugar el martes pasado en el Cuarto Juzgado de Garantía, se dio por terminada una investigación criminal que tuvo como imputado a Juan Cristóbal Said, hijo de Salvador Said, actual cabeza de un importante grupo económico chileno. La causa, que partió por una querella por delito de violación, en definitiva terminó con la Fiscalía solicitando una suspensión condicional del procedimiento por un delito menor, de abuso sexual, con la condición o único requisito de que el imputado se someta a un tratamiento para aprender a “controlar sus impulsos”. En este caso participaron dos estudios de abogados conocidos por llevar casos de alta exposición pública y contó con las “gestiones oficiosas” de Darío Calderón, el denominado por algunos como “Conde Negro”. Parafraseando a Ricardo Lagos Escobar, se trata de un caso judicial donde las instituciones no funcionaron, y surgen más preguntas que respuestas.

En el transcurso de la investigación criminal RUC 1801017989-7 por una denunciada violación, que –según la víctima y querellante, de iniciales A.Z.V.– habría cometido el joven estudiante universitario Juan Cristóbal Said Amunátegui, hijo de Salvador Said Somavía, actual cabeza del poderoso grupo económico conocido como “Grupo Said”, pasaron muchas cosas irregulares o “especiales”, y que culminaron, este martes 23 de Febrero del 2021, con la causa terminada, finalizada, a través de su suspensión condicional, con la anuencia de todas las partes, y con la aprobación –sin hacer cuestión alguna– del Juez de Garantía que presidió la audiencia. La audiencia, de carácter reservado y vía Zoom, había sido citada inicialmente sólo para formalizar al imputado.

El Grupo Said tiene participación y el control, total o parcial, en grandes empresas, tales como Parque Arauco, Embotelladora Andina y Scotiabank, entre otras.

En la reservada audiencia de formalización del martes recién pasado, el fiscal de la zona oriente Felipe Cembrano, quien trabaja estrechamente con el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra (próximo a terminar su período en la Fiscalía, por lo que ha reconocido públicamente que está buscando trabajo), cambió –recalificó– el delito de violación, que dio origen a la causa, por el delito de “abuso sexual”, de menor gravedad, y, acto seguido, renunció a los plazos de investigación, a lo que todas las partes intervinientes, abogado de la querellante incluido, estuvieron de acuerdo, y propuso suspender condicionalmente la causa, a lo que tampoco nadie se opuso; todo lo cual el juez de Garantía Rodrigo González Fuentes, del 4° Juzgado de Garantía, aceptó sin más, validándolo. Como todas las partes intervinientes estuvieron de acuerdo, la causa finalizó, terminó, quedando “ejecutoriada”. Todo en una misma y única audiencia. La única condición que se le estableció al joven Juan Cristóbal Said para terminar la causa fue que se sometiera “a un tratamiento de control de impulsos".

La investigación “no formalizada” duró más de dos años, durante los cuales pocas diligencias hizo o encargó la Fiscalía de Las Condes. Y el fiscal Cembrno ni siquiera le tomó declaración al joven Said, no obstante éste siempre sostuvo que era inocente, y a pesar de las muchas peticiones para ello de parte de los abogados de Said Amunátegui, los conocidos penalistas Hugo Rivera y Sergio Bunger. Éstos también siempre sostuvieron la inocencia de su representado.

Ya citada la audiencia de formalización, apareció en escena un conocido “mediador” de alto nivel, esto es, cuando los que están en problemas son personas con mucho dinero o poder: el abogado Darío Calderón, conocido por algunos como el “Conde Negro”. Darío Calderón estuvo en conversaciones con los abogados de la joven víctima, y con los abogados del joven imputado, y también con la propia Fiscalía Metropolitana Oriente. El resultado: la causa se terminó apenas fue iniciada formalmente, sólo condicionando su finalización a que el imputado se someta a un tratamiento de control de impulsos.

La fiesta de San Benito

La noche del 14 de octubre del 2018 podría haber sido, para todos los jóvenes que acudieron a la casa de Salvador Said Somavía, en la comuna de Vitacura, la clásica fiesta, con música, baile y bastante consumo de alcohol, que realizan los hijos mayores de edad, aprovechando que sus padres no están presentes. En el lugar se encontraron muchos amigos y amigas en común, que habían estudiado en el colegio San Benito. La familia de Juan Cristóbal Said estaba fuera y no volverían hasta el domingo.

Pero las cosas se complicaron, y mucho. Porque la joven universitaria A.Z.V., –exalumna del Villa María– quien acudió a la fiesta junto a una prima, denunció que el dueño de casa, Juan Cristóbal Said Amunátegui, la violó una vez terminada la fiesta, aprovechándose que estaba dormida. Cuestión que el joven imputado siempre ha negado.

La joven acudió a una clínica para constatar lesiones y luego denunció ante la Fiscalía respectiva. También concurrió al Servicio Médico Legal para realizar los trámites de rigor, que incluyen exámenes sexológicos necesarios para acreditar una violación. La causa quedó en manos del fiscal de la zona oriente Felipe Cembrano, quien trabaja estrechamente con el Fiscal Regional Manuel Guerra, y quien durante los más de dos años que duró la investigación desformalizada ni siquiera le tomó declaración al imputado.

Los abogados, el “Conde” y el cambio en la tipificación del delito

Mientras el fiscal Cembrano mantenía la causa en el limbo y sin avances reales, la familia Said contrató como defensores de Juan Cristóbal a los abogados y profesores de Derecho Penal, Hugo Rivera Villalobos y Sergio Bunger Betancourt. Entre los representados por Hugo Rivera, en distintas causas, han figurado distintas personalidades, como el empresario Andrónico Luksic, la empresa SQM, Mario Kreutzberger (Don Francisco, en el caso de una imputación por paternidad) y, últimamente, Ricardo Ezzati, el exarzobispo de Santiago, en la investigación que llevaba el exfiscal Emiliano Arias. En el caso de Ezzati, la defensa la asumió Rivera junto a su socio, el abogado Sergio Bunger Betancourt.

Por su parte, la familia de la joven A.Z.V fichó como querellantes a los abogados de la oficina de Luis Ortiz Quiroga (Ortiz&Compañía), Rodrigo Ávila y Cristián Muga. Estos abogados han encabezado causas de alta exposición pública el último año, como la representación de cuatro ejecutivos de ENAP por el caso de contaminación en Quintero, y la representación del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas.

Paradójicamente, antes de formar parte del estudio de Luis Ortiz Quiroga, Rodrigo Ávila fue parte del estudio de abogados de Hugo Rivera y Sergio Bunger, donde –entre otras causas– obtuvo la controvertida absolución del estudiante universitario Martín Larraín, hijo del expresidente de RN Carlos Larraín, quien fue imputado por el atropellamiento con su vehículo, en plenas fiestas patrias, de un transeúnte, a quien no socorrió, abandonándolo a su suerte (la víctima murió posteriormente como consecuencia del impacto), hecho ocurrido en septiembre del 2013.

Según conocedores del caso Said, mientras la Fiscalía mantenía la investigación con “freno de mano”, la cuestión de la querella y lo que haría en definitiva la Fiscalía, pasaron a ser cruciales entre ambos estudios de abogados, y fue –en este punto– donde aparece la figura del “Conde Negro”, apodo con que Eduardo Bonvallet bautizó a Darío Calderón, expresidente de la ANFP, exdirector de LAN, amigo de Julio Ponce Lerou e influyente lobista, con cercanía al mundo político y empresarial.

Las “gestiones oficiosas” del “Conde”, en su calidad de intermediario, dieron los resultados esperados, ya que la Fiscalía soltó el “freno de mano” y recalificó el delito por uno de menor gravedad, y se “cayó” la querella porque la parte querellante aceptó –en la audiencia de rigor– la recalificación del delito, y todos estuvieron de acuerdo en que se pusiera fin a la investigación, renunciando incluso a los plazos; y, en definitiva, todo quedó suspendido y terminado a cambio de que el querellado se someta a un tratamiento para aprender a controlar sus impulsos.