|Si el pueblo continúa marginado del ejercicio del poder político, es inevitable que ocurran revueltas populares en el futuro y ya sabemos que se emplearán todos los medios a disposición para salvar la institucionalidad podrida, como lo fue el uso de la prisión preventiva selectiva y la brutalidad policial para impedir la acción política del pueblo. Es por ello que se debe luchar por la liberación de todos los presos de la revuelta como una manera legítima de expresar su voluntad política, así como denunciar y combatir toda injusticia proveniente del aparato represivo del Estado en contra de la movilización social.
1. INICIO Y FIN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POPULAR
La revuelta popular iniciada en octubre de 2019 estuvo caracterizada por la irrupción del pueblo como actor social en la coyuntura, exigiendo por múltiples consignas una vida distinta a la que han llevado hasta ahora. Por otro lado, a pesar de los múltiples intentos de criminalización y de desmarque de “los violentistas” de la “masa pacífica”, la violencia con la que se inició la revuelta fue respaldada por gran parte de la población, no como un fin en sí mismo ni algo deseable, sino como una comprensión de que sin ella las demandas jamás serían escuchadas.
Si bien dichas acciones violentas se han atribuido al segmento de la “Primera Línea” presente en la Plaza de la Dignidad y otros lugares de encuentro a lo largo del país, la lucha también se dio en las calles, plazas y esquinas de las poblaciones y barrios populares de Chile. Allí fueron las y los pobladores quienes tomaron un rol protagónico en el enfrentamiento con Carabineros y las fuerzas represoras, con una participación masiva de las y los vecinos aburridos de una vida indigna y debido a la forma frontal y radicalizada que adoptó la lucha en esos lugares, e invisibilizados durante el transcurso de la revuelta, pues los reflectores apuntaron sólo hacia los saqueos y el vandalismo. Posteriormente surge el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, como un mecanismo para frenar la violencia política del pueblo y proteger la institucionalidad política del Estado, teniendo como resultado un nuevo ordenamiento político-administrativo. Y, para asegurar la “paz”, ha sido implacable la persecución hacia los “violentistas”, los “delincuentes” que no quieren seguir “el camino de la paz y de la democracia”. Un reflejo de esto es que días después del pacto había más de 20 mil detenidos, mil de estos en prisión preventiva, de los cuales la mayoría eran detenciones ilegales, en palabras de las mismas autoridades judiciales. Así, tras desactivar los focos de resistencia en las poblaciones finalizó, la Revuelta de Octubre y se abría camino a la Coyuntura Constituyente.
En marzo de 2020 había más de 2.000 personas en prisión preventiva por causas asociadas al estallido social y actualmente son menos de 25 los que aún mantienen esta condición. ¿Cómo es que el número bajó tan rápido? Por otro lado, durante todo el año diferentes organizaciones que participaron de la protesta han exigido la libertad de los presos de la revuelta, pero apenas el plebiscito finalizó se presentaron los primeros proyectos de ley para exigir la liberación, ¿por qué ocurrió esto?
2. CONDENA “SIN MATICES” A LA VIOLENCIA
Queda claro que el motivo por el cual están presos no es sólo la violencia propiamente tal, sino a que son concebidos como una amenaza al “orden público”, el que se buscó restaurar de manera sanguinaria con más de 400 mutilaciones oculares, violencia sexual, asesinato y múltiples formas de represión. Bajo el mantra de las autoridades y figuras políticas de diversos colores y corrientes de condenar “sin matices la violencia venga de donde venga”, se oculta de una forma efectiva que la violencia sigue existiendo, sólo que esta debe ser monopolizada por el Estado para resolver cualquier conflicto. Y, a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, el Estado no es un organismo neutral. Por ejemplo, la mutilación de ojos y la brutalidad policial para reprimir la movilización social, actitud que incluso fue repudiada a nivel internacional, es respaldada por las autoridades. Tampoco es un problema mantener en prisión preventiva durante meses a manifestantes, aun si ello significa la transgresión de las libertades individuales o si la acusación carece de pruebas, como en la mayoría de los casos. Todas estas licencias son permitidas en la medida que permitan mantener el actual régimen político. Sin embargo, la violencia política del pueblo y la protesta radical es condenada y repudiada por la clase política y los medios de comunicación, planteando que el camino para resolver los conflictos es otro. Y frente a la exigencia de diversos sectores populares para que liberen a los presos de la revuelta, argumentan que “hacer eso sería justificar la violencia”. Es evidente que no se utilizan los mismos matices que se emplean para justificar la violencia estatal.
3. LA “LUCHA” PARLAMENTARIA POR LOS PRESOS DE LA REVUELTA
A diferencia de lo que se ha agitado por los medios de comunicación y redes sociales, la izquierda parlamentaria se ha sometido a las reglas de la institucionalidad burguesa y capitalista que aspiran a transformar. Han evitado la confrontación política para liberar a los presos de la revuelta para no poner en riesgo su capital político y enclave a la institucionalidad, táctica adoptada para su posicionamiento mediático y crecimiento partidario. Apenas finalizó el plebiscito, se inició la agitación mediática por parte de la izquierda parlamentaria, cuando desde el pacto diversas organizaciones populares lo estaban denunciando en las calles.
Tampoco ha sido alentadora la falta de cohesión en lo que respecta a las leyes anti-encapuchados, anti-barricadas y anti-saqueos aprobadas post acuerdo 15-N. La ambigüedad a la hora de aprobar, rechazar o abstenerse, según lo indicado por la calculadora electoral, le hizo un flaco favor al aumento la cantidad de personas detenidas y a la criminalización mediática de la movilización social. Tuvo que transcurrir un año para que se hablara –sin resultados– sobre la derogación de estas medidas, una vez que el plebiscito estuviera listo y el movimiento de masas completamente desarticulado.
Ha sido evidente la persecución política hacia quienes se manifiestan. Cabe preguntarse: ¿qué pasaría si para cada persona que fue detenida se hubieran tenido pruebas de que encendió una barricada, interrumpió el tránsito o rompió un torniquete (por mencionar algunas acciones)? Porque alguien lo tuvo que hacer, la destrucción generada por la violencia popular no es algo inventado ni un montaje. ¿Qué posición habría tomado la izquierda parlamentaria? ¿Los habrían condenado o habrían luchado por su liberación? Resulta preocupante que en los momentos de mayor protagonismo y participación del pueblo no exista un piso mínimo de cohesión ideológica o valórica que no sea nada más que ser «antipiñeristas» o «antiderecha».
4. LA LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
Si el pueblo continúa marginado del ejercicio del poder político, es inevitable que ocurran revueltas populares en el futuro y ya sabemos que se emplearán todos los medios a disposición para salvar la institucionalidad podrida, como lo fue el uso de la prisión preventiva selectiva y la brutalidad policial para impedir la acción política del pueblo. Es por ello que se debe luchar por la liberación de todos los presos de la revuelta como una manera legítima de expresar su voluntad política, así como denunciar y combatir toda injusticia proveniente del aparato represivo del Estado en contra de la movilización social.
La experiencia adquirida en la lucha a partir de la revuelta de octubre debe plasmarse en hitos de protesta con una mayor preparación, sin detenciones indeseadas y teniendo como objetivo estratégico el protagonismo de la masa y no sólo de la vanguardia más osada. Se deben dejar atrás los métodos primitivos de la protesta callejera para que el pueblo pueda tener un rol protagónico en el escenario político nacional. Esto también debe significar multiplicar la protesta territorialmente por la periferia de Santiago y las regiones de Chile y no conformarnos únicamente con el escenario de Plaza de la Dignidad.
En síntesis, la violencia política popular es la respuesta legítima de un pueblo que ya no aguanta seguir viviendo en las condiciones de indignidad y explotación a las que el neoliberalismo chileno lo ha sometido. Las y los más pobres sólo tienen para luchar rabia y sus manos. Estos dos elementos deben combinarse en una organización que sea una herramienta que permita construir un movimiento popular preparado para disputar y conquistar el poder político y dirigir su destino sin falsos representantes, porque algo es claro: si no se actúa con ofensividad, nadie escucha las demandas del pueblo.
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