por El Mostrador 25 febrero, 2021
Finalmente esta semana se publicó en la página institucional de Metro de Santiago el detalle de las remuneraciones del directorio y de toda la plana ejecutiva de la empresa.
La difusión de estos datos son resultado de un “gallito” entre la empresa y los sindicatos de trabajadores del ferrocarril subterráneo, en el cual tuvo que entrar a tallar el Consejo para la Transparencia (CPLT).
De acuerdo a las cifras publicadas, el gerente general, Rubén Alvarado, percibe una renta bruta mensualizada de $ 18.907.563. El segundo sueldo más alto corresponde al gerente de Proyectos, Felipe Bravo, con un ingreso bruto mensual superior a los $ 17.400.000. En tanto, el presidente del directorio, Louis de Grange, recibe la suma líquida mensual de más de $ 8.800.000.
De acuerdo a los cálculos de los trabajadores, Alvarado recibe 58 veces el sueldo que gana un aseadora y el salario de De Grange equivale a cerca de 18 veces la remuneración de un guardia de Metro.
Desde el sindicato del ferrocarril subterráneo sostienen que estos millonarios sueldos gerenciales ponen en tela de juicio las bajas remuneraciones y despidos masivos de trabajadores que desde el inicio de la pandemia suman más de 1800 desvinculados.
“No es casualidad que la empresa haya obstaculizado el proceso de transparencia que nos permite hoy día conocer estos datos. Estos sueldos millonarios de los altos ejecutivos son un verdadero escándalo frente a la realidad que han vivido nuestros compañeros y compañeras”, señala el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos.
Metro debió publicar los sueldos, luego de una solicitud por transparencia en la que se requería que se mantuviera actualizada dicha información, la que hasta ahora sólo mostraba el detalle hasta el año 2018. La última palabra la tuvo la Tercera Sala de la Corte Suprema que el pasado 26 de enero declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la empresa y obligó a Metro a cumplir la orden del CPLT.
El fallo reconoció que Metro S.A. está sujeta a esta obligación de transparencia activa, lo que involucra mantener disponibles para el acceso de la ciudadanía este tipo de antecedentes, actualizados, de quienes forman parte de la administración superior de la empresa.
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