Por: Samuel Romo | Publicado: 26.07.2022
Pablo Granifo, presidente del directorio de Banco de Chile | Agencia UNOSegún informa El Mercurio, el ministro de la Corte de Apelaciones, Guillermo de la Barra, ya decretó las primeras diligencias en esta arista del caso Riggs, tras la petición de la justicia española a partir de la querella interpuesta por la Fundación Salvador Allende en este caso de blanqueo de capitales.
La Corte Suprema decidió abrir una investigación por la querella interpuesta por la Fundación Salvador Allende por una arista del caso Riggs, las platas negras de la familia Pinochet.
La acción penal se dirige contra el Banco de Chile y ejecutivos de la entidad por el delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Según informa El Mercurio este martes, el ministro de la Corte de Apelaciones, Guillermo de la Barra, ya decretó las primeras diligencias, que incluye citaciones a declarar.
Entre los citados figuran el querellado Pablo Granifo, presidente del directorio del Banco de Chile desde 2007 y ex gerente general entre 2001 y 2005. El ejecutivo deberá hacerlo el próximo jueves 28 de julio, en calidad de inculpado, según dispuso el ministro Barra.
También fueron notificados los responsables civiles subsidiarios, Banco de Chile, BanChile Corredores de Bolsa y BanChile Administradora General de Fondos y la banca privada de la entidad.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional de Madrid envió en julio pasado un exhorto en el que informó a la Corte Suprema la reapertura de una investigación para determinar si el Banco de Chile ayudó a Pinochet y a sus asociados en el presunto delito de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes entre 1998 y 2004, y que se notifique a las personas involucradas sobre estas indagaciones. En ese momento, la Corte Suprema decidió dar curso al presente exhorto internacional.
Luego en enero pasado ingresó al máximo tribunal una solicitud del Juzgado Central de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional de Madrid para notificar a las autoridades del Banco de Chile de la querella.
En este caso también son querellantes la viuda de Carmelo Soria, Laura González Vega, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos, entre otros.
El 14 de julio de 2021, la defensa del presidente del Banco de Chile señaló a la Suprema que la resolución española de reabrir el caso “se ha dictado bajo supuestos equivocados o incompletos” y recalcó que «los hechos son de competencia de los tribunales chilenos».
Pero según detalló Joan Garcés, presidente de la Fundación Presidente Allende de España, el Ministerio Público español cuantificó en 2009 la responsabilidad del Banco de Chile por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en 100 millones de dólares.
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