Por: Joaquín Castro, Camilo Espinoza y Sebastián Reyes | Publicado: 22.07.2022
Estudiantes universitarios durante la Comisión de Educación donde analizan situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Año 2018. | Fotografía de Agencia UnoA raíz de las críticas que surgieron contra el documento, El Desconcierto revisó en detalle el «Primer Informe del Crédito con Aval del Estado» y preguntó a expertos. Lejos de cuestionar las cifras, aseguran que se trata de un «golpe de realidad» que demuestra que la promesa del CAE no se cumplió.
«Es importante colocarle rostro humano a las cifras de endeudamiento», dijo este martes el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el marco de la presentación del «Primer Informe del Crédito con Aval del Estado«, un estudio que hace una caracterización de cerca de 669 mil personas que cargan con esta «pesada mochila», como la definió el mismo Presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, y de acuerdo a los datos del Mineduc, la situación de quienes están endeudados por estudiar en la actualidad es preocupante, y no sólo por la cuantía de lo que adeudan, sino también por lo que se les debe: la promesa de un mejor futuro si lograban acceder a la educación superior.
Según las cifras del documento —que cruzó datos de la Comisión Ingresa y del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la Operación Renta 2021— el 69% de las y los deudores del CAE en etapa de pago tienen ingresos en promedio inferiores a 750 mil pesos mensuales. Son unas 465 mil personas aproximadamente.
Asimismo, el 38% presenta ingresos inferiores a 250 mil pesos mensuales y apenas el 19% posee ingresos superiores a un millón.
Los números son alarmantes. Incluso, varios especialistas han deslizado críticas a la metodología, porque las cifras parecen excesivas a primera vista. Sin embargo, El Desconcierto revisó el informe en detalle y expuso los números a diferentes expertos quienes aseguran que, por irreal que parezca, el estudio refleja la realidad de un Chile en el que invertir para educarse es cada vez menos rentable.
Pandemia y cesantía
El informe del Mineduc parte aclarando que gran parte de los datos utilizados para la medición corresponden al SII, y que estos fueron obtenidos de la Operación Renta 2021, es decir, del año tributario 2020.
En ese sentido, el mismo reporte advierte que «es necesario levantar ciertas cautelas y limitaciones en la interpretación de estos resultados». En primer lugar, se hace alusión a la pandemia, estableciendo que «los ingresos observados para el 2020 corresponden a la mensualización de la renta en un año particularmente complejo en que se vio fuertemente afectado el empleo formal».
Si vemos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el último trimestre de 2020 la estimación de la tasa de desocupación nacional fue de 10,3%, incrementándose 3,2 puntos en un año. Mientras que la estimación del total de ocupados descendió 11,7% ese mismo año.
Sobre esto, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explica que «sin duda 2020 fue un año particular, en el cual se vio fuertemente afectado el empleo formal. El impacto en la población deudora del CAE es un aspecto que esperamos poder indagar, una vez estén consolidados los datos de la Operación Renta 2022 -que recogerá el año tributario 2021-, como también de años anteriores y otras posibles fuentes».
Sin embargo, la autoridad advierte que, incluso bajo esas circunstancias, «aún en los momentos más crudos de la pandemia, el CAE nunca se dejó de cobrar».
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El director ejecutivo de la Fundación Por Una Carrera, Francisco Fernández, si bien asume que «la pandemia afectó el empleo y con ello los ingresos y por eso no se puede pagar», también hace hincapié en la gran cantidad de deudores que no terminaron su carrera y que, por lo tanto, la tuvieron más difícil durante la crisis sanitaria, ya que el CAE «genera externalidades como las deudas sin título y sin mejores opciones de empleo».
Más enfático es el sociólogo e investigador de la Fundación Nodo XXI, Víctor Orellana, quien cuestiona la idea de que las cifras puedan reflejar una realidad alterada por la contingencia del año 2020. De hecho expone que «la reducción del diferencial de ganancia entre quienes tienen estudios superiores y quienes no, es algo que que ocurre hace tiempo. La información del Ministerio sólo confirma cosas que ya se sabían. Por lo tanto, yo diría que la tendencia fundamental del informe no obedece a la situación coyuntural de la pandemia».
«Ingresos cero» e informalidad
Uno de los puntos más cuestionados del informe, y que también ha llevado a críticas hacia la metodología usada por el Mineduc, es el dato que asegura que un 38% de las personas endeudadas con el CAE presenta ingresos inferiores a 250 mil pesos mensuales, lo que significaría que muchas de ellas no registran ingresos en el SII.
En ese sentido, desde Acción Educar acusaron al Mineduc de «magnificar una vulnerabilidad que no es tan enorme», planteando que muchas de esas personas vivirían bien por ingresos de sus familiares o convivientes, y haciendo afirmaciones como que era necesario «ver su Registro Social de Hogares» para constatar si tenían o no ingresos cero efectivamente.
Sobre este punto, el estudio hace un alcance y señala que «con los datos de ingresos de deudores que tenemos al momento, no es posible diferenciar a las personas con ingresos declarados como cero o no declarados del resto del primer tramo que va desde 0 a 250 mil pesos. Se estima que al menos un 10% del universo de las y los deudores no posee ingresos formales, y futuros análisis sobre este subconjunto de deudores deberán ahondar en posibles factores explicativos».
La subsecretaria Figueroa explica que «detrás de ese dato pueden existir situaciones de vulnerabilidad, dificultades en encontrar empleos, precariedad o informalidad laboral, como también pueden existir casos que estén postergando su ingreso al mercado laboral por cursar estudios de postgrado, personas que han entrado hace poco tiempo al mundo del trabajo, por mencionar solo algunas».
«Lo peor sería asumir como que estas personas no existiesen, o asumir implícitamente que sus ingresos son exactamente iguales a los de aquellas personas que sí reportan ingresos ante el SII», acota la autoridad.
Para Orellana, comentarios que cuestionen la metodología en vez de reconocer la multiplicidad de elementos que pueden influir en esta cifra, sólo buscan escapar del complejo panorama actual que vive el país. «Lo que nos está mostrando el informe del Ministerio de Educación en base a datos de SII es un golpe de realidad. Y hay gente que no quiere ver esa realidad y que está culpando al instrumento, y eso es una tremenda irresponsabilidad», plantea.
En esa misma línea, agrega que «si tú tienes información cero en el SII, estás en una situación complicada de ingresos. Entonces, de nuevo el recurso de la economía informal (…) cuando tú recurres a la economía informal para decir la gente sí tiene ingresos, estás aceptando el fracaso de la promesa de la movilidad social».
Sobre las declaraciones de Acción Educar, el sociólogo de Nodo XXI sostiene que «la gente estudia la educación superior, entre otras cosas, para salir del Registro Social de Hogares. Es decir, si tú necesitas como profesional complementar tus ingresos a través de la economía informal o los subsidios del Estado, entonces uno podría concluir de manera adecuada que, como país, no fuimos capaces de expandir esa clase media que se prometía».
La promesa incumplida
Este jueves se presentó la última Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, cuyos datos fueron recolectados entre octubre y diciembre de 2021, y que establece que un 50% de las personas ocupadas en Chile percibió ingresos menores o iguales a 457.690 pesos durante el año pasado.
El sondeo también arrojó que un 69,7% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales a 681.039 pesos al mes, cifra muy parecida al 69% de deudores del CAE que perciben ingresos en promedio inferiores a 750 mil pesos mensuales.
La medición también especifica que el mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 300 a 400 mil pesos, que concentró un 18,6% de personas.
La subsecretaria Figueroa explica que el informe del Mineduc se propuso «abarcar, por primera vez, a toda la población deudora, a diferencia de otros estudios que solo utilizan muestras construidas sin criterios de representatividad estadística (…) precisamente para promover un debate amplio acerca de cuáles pueden ser estas posibles causas, es que resulta de vital importancia hacer visible esta realidad».
En esa misma línea, agrega que este reporte «nos permite comprender que las políticas públicas no son ciegas, no son neutras, sino que afectan a personas que viven realidades particulares y que se endeudan en la educación superior, esperando a futuro la promesa de la movilidad social que no siempre ocurre».
Por otro lado, Fernández subraya que «más allá de lo que diga o no el informe, es un tema histórico que se ha visto. El CAE generó una dualidad de historias y experiencias muy distintas (…) hay personas a las que no les significó un título y otras que sí lo consiguieron, pero no se les generaron oportunidades. Por eso, cuando se habla de los deudores CAE, hay que separar al que consiguió un título de aquel deudor que no lo logró. A estas últimas personas esto le trae peores oportunidades y una deuda que se arrastra a largo plazo».
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El escenario es más crudo según Víctor Orellana: «Las plazas ocupacionales de altos ingresos en Chile no han crecido a la velocidad que creció la deuda educativa y la educación superior».
«Ocurrió un fenómeno de credenciales de estructura ocupacional, es decir, trabajos con menor remuneración que pasaron de una época a otra a requerir, a veces no de manera formal pero sí socialmente, algún tipo de estudio en educación superior y, lentamente, el diferencial de ingresos entre quienes eran profesionales y quienes no disminuyó hasta llegar a rentas muy bajas que no están a la altura de la expectativa de la ciudadanía, o de la misma política pública, que pensaba que con esa diferencia se iba a financiar el crédito privado con creces», concluye.
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