14 diciembre 2022
La Fiscalía de Iquique formalizó al ex intendente Miguel Ángel Quezada (UDI), otros dos exfuncionarios públicos y cinco privados por fraude al Fisco, en el marco de la investigación por las irregularidades detectadas en la adquisición de cajas de alimentos durante la emergencia sanitaria por Covid-19 del año 2020.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la fiscalía de Iquique, Juan Zepeda explicó que los imputados infringieron el deber de “resguardar del patrimonio fiscal”. Esto al adjudicar la adquisición y distribución de cajas de alimentos por tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado“.
Además, son acusados de pagar sin justificación alguna un precio mayor al promedio nacional, a pesar de haber existido mejores ofertas en el mercado regional.
El fiscal detalló que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.
El magistrado decidió no otorgar la prisión preventiva, sino solo el arraigo nacional para todos, el arresto domiciliario nocturno para los tres ex funcionarios públicos y la firma mensual para los privados. Se fijó un plazo de investigación de doce meses.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la fiscalía de Iquique, Juan Zepeda explicó que los imputados infringieron el deber de “resguardar del patrimonio fiscal”. Esto al adjudicar la adquisición y distribución de cajas de alimentos por tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado“.
Además, son acusados de pagar sin justificación alguna un precio mayor al promedio nacional, a pesar de haber existido mejores ofertas en el mercado regional.
El fiscal detalló que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.
El magistrado decidió no otorgar la prisión preventiva, sino solo el arraigo nacional para todos, el arresto domiciliario nocturno para los tres ex funcionarios públicos y la firma mensual para los privados. Se fijó un plazo de investigación de doce meses.
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