Existe una percepción muy generalizada en cuanto a que los chilenos estamos enfrentando altos grados de angustia. Estudios regionales señalan, incluso, que somos uno de los países menos felices de América Latina, a pesar de que nuestros proclamados estándares económicos, producto interno bruto y otros índices, nos ubican entre los de más desarrollo. Ni qué hablar del optimismo que despierta en muchos analistas contar con tan altas reservas de cobre, litio y otros recursos naturales, además de los que se asocian al potencial de explotación de nuestras fuentes de energía limpias y renovables.
Tenemos, asimismo, una población discreta en que perfectamente podrían satisfacerse las demandas de millones más de habitantes, gracias a los recursos privilegiados de nuestra agricultura, reservas forestales y marítimas. De paso, ya sabemos que el agua se acabará mucho antes en otros lugares del mundo debido a nuestros prolíficos manantiales que corren de Cordillera a mar por un largo territorio.
Se trata solamente de un problema político; de la incapacidad que hemos demostrado para distribuir de forma más equitativa nuestras riquezas. De esto se deriva que millones de chilenos vivan aún en la pobreza, junto a que un puñado se haya acostumbrado a disfrutar de bienes y servicios mayores, incluso, a los acceden los más ricos de la Tierra. Parece enorgullecer a algunos que varios de nuestros multimillonarios se cuenten entre los más acaudalados del mundo, cuestión que más bien debiera avergonzarnos enfrente de la miseria que se aprecia en los miles de campamentos, ocupaciones ilegales de terrenos, desempleo y grados de precariedad tan irritantes. Todo agravado ahora por la presencia de cientos de miles de inmigrantes que llegan aquí con el sueño de encontrar oportunidades mejores de las que dicen tener en sus países de origen.
La realidad de la pobreza y la marginalidad irrumpió en aquel severo Estallido Social del 2019, un fenómeno que realmente intimidó a la clase política y al empresariado, abrió la posibilidad de un proceso constituyente (luego desbaratado) e impuso un itinerario de reformas económico sociales que parecieron muy razonables para encarar la profunda desigualdad. Promesas y compromisos que asumieron la clase política y sus agrupaciones pero que después de 10 meses de un gobierno de centroizquierda siguen sin ver la luz y ya se habla que recién podrían implementarse a partir de uno o dos años más.
Las urgencias que se evidenciaron, además de la crisis provocada por la pandemia, obligaron al gobierno derechista de Sebastián Piñera a otorgar un conjunto de bonos y beneficios en favor de los sectores más pobres, como de la propia clase media. Sin embargo, las nuevas autoridades se han resistido hasta aquí a prolongar estos beneficios a la luz de la inflación y otros efectos del poder adquisitivo incrementados, según se dice, por estos recursos extraordinarios que beneficiaron a millones de hogares. Ya se comprueba que para los nuevos gobernantes constituye un horror continuar alterando los sacrosantos” índices macroeconómicos”, de la misma forma en que cualquier desequilibrio al respecto fue evitado por los fundadores y continuadores del modelo económico neoliberal impuesto por la Dictadura Militar.
Seguro de que la ciudadanía aprobaría la propuesta de Carta Fundamental de la Convención Constitucional, el gobierno de Gabriel Boric ha estado postergando las reformas sociales más demandadas sin antes lograr el objetivo de aprobar un nuevo Estado social y democrático. Sin tener en cuenta, como quedara demostrado en el último Plebiscito, que las principales demandas populares pasan por reformas como las de la previsión, salud y otras, y no por el imperativo de una nueva Constitución.
De esta forma, si nunca importó tanto al pueblo el itinerario institucional, ahora mucho menos después de comprobar el fracaso del primer intento y los largos cien días que se ha tomado negligentemente el Congreso Nacional para acordar un nuevo proceso. El que otra vez exterioriza las profundas desavenencias partidistas, los desacuerdos entre La Moneda y los legisladores y la opción esta vez que no sea una asamblea constituyente la que elabore realmente nuestra nueva Carta Magna, sino el Poder Legislativo, a través de instancias que va a configurar en su representación. Esto es, la institución más desacreditada del país.
Pensamos que sería fatal que el gobierno de Boric apostara desmedidamente por el nuevo proceso constituyente. Que acote o postergue la reforma tributaria, que le siga dando vida a las AFPs y las isapres, como que se demuestre incapaz de encarar en serio el crimen organizado, el estado de inseguridad que asola a los chilenos. Renunciando, al parecer, a un impuesto patrimonial en serio, además de alentar el pago de más justas remuneraciones y pensiones a los trabajadores y jubilados. Sin tampoco resolver las demandas ancestrales de los pueblos originarios extendiendo los estados de emergencia y represión en la zona sur.
Es cierto que tenemos un país cargado de posibilidades, donde las inversiones y el trabajo pueden ser muy auspiciosos. Pero ningún país dela tierra es capaz de redimir a los pobres y marginados tolerando la escandalosa riqueza; manteniendo la idea de que el bienestar de algunos necesariamente debe descansar en la explotación de las mayorías. Como se ha sostenido muchas veces, la paz depende de la justicia, del respeto a los derechos fundamentales de todos, siendo incluso peor para la convivencia humana las desigualdades que muchas carencias, cuando estas son provocadas por los que quieren seguir viviendo en el hartazgo. Qué duda cabe que el desarrollo no implica necesariamente la prosperidad.
Es curioso que, a la luz de lo ya experimentado y el creciente malestar del pueblo, quienes se dicen de izquierda no cuestionen incluso con más ahínco el orden político, social y cultural heredado y ultra capitalista. Y una vez instalados en las instituciones públicas abracen el “realismo” y la connivencia con los sectores refractarios a la justicia social, renunciando a la promesa del cambio revolucionario voceado y prometido en las calles de todo el país.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
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