A menos de dos meses de cumplir su primer año de gobierno, el Presidente Gabriel Boric ya ha dejado una importante marca en cuanto a estilo e intenciones. En estos días uno de sus proyectos estrella—la reforma al sistema de pensiones—ha entrado a debate parlamentario. Como era de esperar, estas propuestas de cambios importantes en la sociedad chilena no han dejado indiferente a los sectores de la derecha que han desplegado sus abundantes recursos—desde el control que ejercen sobre la inmensa mayoría de los medios de comunicación, hasta su presencia en ambas ramas del Congreso—para atacar, desacreditar y a veces simplemente tergiversar el sentido del accionar gubernamental.
En este contexto hostil creado por la derecha, con un gobierno y una izquierda en una situación de evidente desventaja—algo que por lo demás cabía esperar—lo menos que correspondería es que esta administración de sello progresista se manejara del modo más eficiente posible. No hay que ignorar que, entre otras cosas, la política es una técnica, por lo que la eficiencia—la habilidad para implementar lo planeado— es uno de sus pilares fundamentales.
Por cierto, todo gobierno comete errores, esto no es nada nuevo. La tradicional corta memoria de los chilenos juega a favor de las “metidas de pata” en que anteriores gobiernos incurrieron. Eso hace que el foco se ponga sobre lo que hace el gobierno actual, incluso en el caso de situaciones cuyas causas se remontan a una administración previa, como es el problema migratorio, por ejemplo.
Sin embargo, como hemos de ser honestos en nuestro análisis, es indudable que el gobierno del presidente Boric ha incurrido en errores que, esperamos, de alguna manera no se sigan produciendo en el futuro.
La desafortunada visita de la entonces Ministra del Interior, Izkia Siches, a una localidad de la Araucanía fue el primer grave error de la entonces naciente administración. Una inadecuada lectura de la realidad de la comunidad mapuche estuvo en la raíz de ese error. Probablemente llevados por un intento de desechar definitivamente la visión de la historia oficial que desde el siglo 19 mostraba a los mapuches y otros pueblos indígenas como “salvajes” (los “malos de la película”), algunos policy makers en su afán de dar por superado el enfoque maniqueista que había prevalecido hasta entonces, al final cayeron en un enfoque del mismo tono, sólo cambiando los calificativos: si los mapuches eran antes vistos como los villanos, ahora habría que verlos como personificaciones del bien. Un error de análisis que ignoró que, como toda comunidad, la mapuche contiene en su interior una amplia diversidad. Más aun, dentro de esa diversidad hay un sector para el cual el estado chileno es una entidad colonial y sus instituciones, e incluso su gente, son, en el mejor de los casos, irrelevantes a los intereses de la comunidad y, en el peor, simplemente sus potenciales enemigos. En buenas cuentas, para ellos los chilenos no son sino los modernos winkas, descendientes de los invasores y colonizadores. Para ese sector, es completamente irrelevante que en La Moneda esté Piñera o Boric, ambos representarían a los conquistadores. El grado de apoyo que ese sector tiene en la comunidad mapuche no es realmente conocido, pero eso sí, al contar con armas y recurrir a acciones violentas, al final ejerce una evidente influencia.
La ministra en esa visita justamente tuvo una impresión de primera mano de lo que esa facción de la comunidad mapuche piensa de los intentos dialogantes del gobierno. Por cierto, el problema a partir de esa primera experiencia, es cómo abordar la búsqueda de una solución política—al revés de la policial emprendida en gobiernos anteriores—a sabiendas que un sector de la población mapuche, que lo más probable es que sea muy minoritario, va a estar obstaculizando esa búsqueda de solución política.
Como en política además hay que ser friamente realista, la existencia de ese sector mapuche para el que da lo mismo quien gobierne Chile, no dejará otra opción al gobierno que actuar en consecuencia con su objetivo central de alcanzar una solución, pero al mismo tiempo asegurar a la población del resto del país que el Estado de Chile tiene efectivo control sobre su territorio, requisito importante para mantener el apoyo ciudadano, algo que no se puede ignorar. Y siguiendo con la misma lógica, en política los obstáculos hay que superarlos, neutralizarlos o, eventualmente, removerlos.
El segundo error se produjo en torno a lo que el presidente llamó “desprolijidad en la ejecución de su decisión” de conceder indultos. Otra situación que la derecha explotó hasta la saciedad, intentando incluso una acusación constitucional contra la ex Ministra de Justicia Marcela Ríos.
No hay que olvidar que desde el momento mismo que se desencadenó el estallido social y la correspondiente represión policial bajo la anterior administración, hubo llamados para dejar en libertad a muchos de sus participantes que a veces pasaron meses en prisión preventiva. El presidente Boric decidió en diciembre indultar a doce de ellos. Una simple regla de buen sentido indicaba que esos perdones debían beneficiar principalmente a jóvenes “primerizos”, esto es a quienes hubieran caido presos por primera vez y que al calor de los enfrentamientos callejeros hubieran podido incurrir en actos de violencia, muchas veces de autodefensa ante el comportamiento policial. Al parecer ese fue el criterio para la mayor parte de los indultados, pero lamentablemente hubo errores al incluir en el listado a un adulto de 37 años como Luis Arturo Castillo, que tenía un nutrido prontuario por acciones que no tuvieron nada que ver con la lucha social. Lo mismo habría sido el caso de otro sujeto, Felipe Santana, de 22 años, con antecedentes por robo.
Distinto es el caso de Jorge Mateluna, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por un asalto y en cuyo proceso habría habido notables errores e incluso irregularidades. De todos los casos era probablemente el que más merecía el perdón presidencial, por algo la derecha lo ha atacado con particular saña. La propia Corte Suprema intervino en el caso a propósito de una opinión de Boric (que en realidad no era necesario emitir) pero que los magistrados aprovecharon también para crearle problemas. La intervención de los supremos tiene ciertos aspectos curiosos al intentar sentar el principio de que los juicios finales de los tribunales no pueden ser discutidos ni menos cuestionados: una suerte de dogma de la “infalibilidad de los jueces” que por cierto se contradice con los cientos de casos en que dictámenes judiciales han sido cuestionados por la opinión pública al punto en que, cuando ha sido posible se los ha revocado (caso de Alfred Dreyfus en Francia, por ejemplo) o han seguido por décadas siendo debatidos apuntando a que los tribunales han hecho un mal servicio a la justicia (caso de los Rosenberg en Estados Unidos).
El más reciente error es probablemente el que tiene rasgos más grotescos y bochornosos: la insólita grabación de una reunión del círculo más inmediato de la ministra de Relaciones Exteriores y su posterior filtración. Por cierto, esto de grabar reuniones que se supone, son privadas, trae memorias de las prácticas de Richard Nixon, por lo que cuesta encontrar una razón para ello. Por de pronto, la propia ministra Alejandra Urrejola ha señalado que ella nunca autorizó tal grabación. Esto a su vez abre camino a nuevas especulaciones, nada favorables para los actores de esta comedia de equivocaciones.
Al centro de este episodio se halla la ahora renunciada jefa de comunicaciones de la cancillería, Lorena Días, una funcionaria pública ya de cierta trayectoria, por lo que no se la puede considerar una novata. Esto a su vez ha motivado muchas conjeturas, desde el comentario del diputado Gonzalo Winter que habló de espionaje, tesis de la que también se hicieron eco algunos personeros del Partido Comunista, pasando por otras insinuaciones en redes sociales que apuntan a manejos oscuros de la ex funcionaria Díaz, probablemente divulgando el material a cambio de dinero; o simplemente, un caso de notable incompetencia de parte de esta señora (hasta los menos expertos de los usuarios de aplicaciones de mensajes chequean que lo que envían es lo correcto).
Ciertamente, de tratarse de algo más serio—alguna oscura maniobra montada para desacreditar a la ministra y al gobierno—el caso escaparía la esfera del error, para entrar en la de una maniobra criminal. Esperamos que no sea así, sino que simplemente se trate de un monumental error cuya responsabilidad recae en la ahora renunciada Lorena Díaz, que, como comunicadora, yo no la contrataría ni para anunciar tomates en la feria.
Cabe mencionar, para efectos de comparación, que si un hecho de esa gravedad ocurriera en Canadá u otro país donde estas cosas se toman más en serio, el caso ya estaría siendo investigado por la policía. Hasta el momento en que escribo esta nota, no hay aun indicios de que se vaya a seguir tal procedimiento que para el gobierno sería la manera más transparente de lidiar con un episodio potencialmente riesgoso y que sigue siendo explotado por la derecha.
Los errores son oportunidades para aprender, se nos dice por ahí. Por supuesto que es así, o al menos debiera serlo. El problema es que el gobierno de Boric, sólo tiene cuatro años—de los cuales ya se está completando uno— para poner en marcha los prometidos cambios profundos en el sistema de pensiones, la salud y la educación. Tengo muchas dudas sobre qué resultará del proceso constituyente tal cual fue negociado con la derecha, por lo que no creo que esa nueva constitución que surja vaya a ser motivo de orgullo para la actual administración. Por cierto, en esta carrera contra el tiempo todos esos errores desgastan y—peor aun—pueden contribuir a que el próximo gobierno sea de un signo muy diferente y que desmantele las medidas progresistas que este gobierno pudiera introducir.
Como se dice coloquialmente, es el momento de “ponerse las pilas” y hacer las cosas como se debe, por el bien de Chile, del gobierno y de la izquierda. ¡Hay mucho en juego como para permitirse nuevas chambonadas!
Por Sergio Martínez (temporalmente desde Viña del Mar, Chile)
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