La crisis de los sistemas políticos latinoamericanos vienen de larga data: hay decenios, en los cuales el mapa del Continente está colmado de dictaduras, por ejemplo, entre los años 70 y 80 sólo dos países de Sudamérica tenían gobiernos surgidos de elecciones populares, (Colombia y Venezuela), en el resto operaban dictaduras militares, apoyadas por Estados Unidos.
Chile, (antes del golpe de Estado de 1973), junto a Uruguay y Costa Rica, “parecían ser un oasis democrático” – parafraseando “al brillante cientista político Sebastián Piñera”-.
La reconquista de la democracia perdida de la noche a la mañana costó el derramamiento de mucha sangre: miles de víctimas torturadas, masacradas, algunas lanzadas al mar, desaparecidas y exiliadas fue el costo de decenios de “dictaduras de seguridad nacional” en América Latina.
En Argentina los criminales militares se vieron obligados a dejar el poder luego de la derrota en la guerra de las Malvinas; en Brasil, 20 tortuosos años duró la dictadura, y solo abandonaron el poder después de pactar con los sectores democráticos, garantizándoles plena impunidad, y después de muchos años, durante el gobierno de Dilma Rousseff se crearon comisiones de reconciliación.
En Chile, Augusto Pinochet se mantuvo 17 años en el poder, y continuó con la pretensión de repartírselo con los gobiernos concertacionistas, (Concertación de Partidos por la Democracia), que sucedieron en el poder a Pinochet. Fue necesario que cayera preso en una clínica de Londres, y luego, lo salvaran de la cárcel en España, (gobierno que lo requería por orden del juez Baltazar Garzón); al final el Presidente de Chile y su Ministro, (Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Miguel Insulza, respectivamente), lo regresaron al país, pretextando que tenía perturbadas sus facultades mentales.
Con distintas formas de pacto con la civilidad, Uruguay, Paraguay y Ecuador, paulatinamente se fueron liberando de las dictaduras, garantizando a los militares la impunidad, (el único país que tuvo el valor de condenar a los militares fue Argentina, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Si algo aprendimos en Chile, durante los diecisiete años de exilio es que la democracia ha sido y es un bien preciado, por muy débil que sea.
En América Latina las democracias padecen distintas crisis, que son estructurales desde el punto de vista de los regímenes políticos: crisis de representación, de credibilidad en las instituciones, de confiabilidad y sobre todo de regímenes políticos presidencialistas, los cuales se concentran en una sola persona, el Presidente de la República, (más poder que aquellos que detentaban los Borbones españoles), es decir, en una sola elección la ciudadanía entrega todo el poder al rey-presidente.
La toma en Brasilia de la Explanada de los tres poderes, el pasado 8 de enero del año en curso, no corresponde sólo al desprecio que profesan los trumpistas-bolsonaristas de ultraderecha, y para entenderlo bien se hace necesario remontarse a la Asamblea Constituyente que pactó con los militares, colocándolos como garantes de la nueva Carta Magna. En el fondo, el período de Fernando Henrique Cardoso, los dos anteriores gobiernos de Lula da Silva y el primero de Dilma Rousseff fueron un corto oasis democrático, que pudo mantenerse gracias al éxito económico, que adquirió el rol de una gran potencia mundial. Los problemas económicos surgieron en el segundo gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, situación que aprovecharon los militares para ir copando algunos cargos en el gobierno civil, y que fue radicalizada durante el gobierno de Michel Temer, hasta ocupar el 50% de los cargos civiles, durante el gobierno del ex capitán, Jair Bolsonaro.
A diferencia de las dictaduras militares de seguridad nacional, hoy el gobierno demócrata de Joe Biden no parece dispuesto a apoyar los golpes de Estado, sin embargo, bastaría el triunfo de Donald Trump en el siguiente período para abrir el camino a Bolsonaro.
El sistema político peruano, surgida de una Constitución impuesta por el dictador Alberto Fujimori, (1993), hace ingobernable el país debido a una guerra civil permanente entre el Congreso unicameral, (integrado por 130 miembros), y el Ejecutivo, en general, encabezado por un Presidente que no está apoyado por partidos políticos, tampoco por bancadas parlamentarias; así, el Congreso usa y abusa del instrumento de “la vacancia por incapacidad moral” en contra del Presidente y, a su vez, el Presidente tiene la facultad de disolver el Congreso cuando le niega la confianza por dos veces consecutivas.
El sistema de partidos políticos en Perú está fraccionado en muchas tribus de bancadas congresistas, cuyo único interés se centra en lograr la imposición de negocios personales y familiares, por consiguiente, la ciudadanía desprecia más al Congreso que al Presidente de la República, (El ahora ex Presidente, Pedro Castillo, terminó con el 20% de apoyo, y el Congreso tiene sólo el 6%).
La totalidad de los Presidentes del Perú están acusados ante la justicia, bien sea por el atropello a los derechos humanos o delitos de cohecho, asociación ilícita, especialmente en el caso de Lava Jato.
La justicia, tan corrupta como los demás poderes del Estado, fue condenada por el caso “Lava-Juez”, (aún el juez Inestroza es solicitado de extradición al gobierno español para ser juzgado en Perú); también, la fiscal general está acusada por favorecer a su hermana, implicada en negociados con el narcotráfico.
En Argentina los militares, desprestigiados por la derrota en las Malvinas, no se atreven a incursionar en tentativas golpistas, sin embargo, el conflicto se ha trasladado a la disputa entre el Ejecutivo y el Senado VS los Tribunales de Justicia, entre el peronismo y la derecha, seguidora del ex Presidente Mauricio Macri.
En Chile no hay que tomar en cuenta “los consejos del brillante filósofo, Sebastián Piñera”, pues estamos muy lejos del “oasis democrático” que nos promete. El sistema político y electoral, (aplicado en Chile luego de la abolición del sistema binominal heredado de Pinochet), basado en el método D´Hondt, ha favorecido la balcanización de los partidos políticos, que termina por paralizar un parlamentarismo de facto, con un gobierno minoritario, que se ve forzado a pactar, incluso con grupos facciosos, cada uno de los proyectos de ley. No estaríamos lejos de elegir a un oportunista y demagogo como Jefe de Estado, pues de ahí a perder la democracia sólo hay un paso, como nos ocurrió el 11 de septiembre de 1973, si no nos unimos y, con todas nuestras fuerzas, nos proponemos la empresa de pensar y actuar en pro de la democracia.
La democracia no podría sobrevivir sin la venia y el cariño ciudadano, y cuando una parte de la gente la desprecia, muere en manos de los inescrupulosos, amantes del poder, sean civiles o militares.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
16/01/2023
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